UTOPÍA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 23 , n° Extra. 2, 2018, pp .178-193 REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA. ISSN 1315-5216 / ISSN-e: 2477-9555
The Peace Agreement Deployment and Security in Colombia in the Post-Conflict
Jaime CUBIDES CÁRDENAS
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6542-6892
ID SCOPUS: 57201692289
Universidad Católica de Colombia, Colombia
Jesús CALDERA YNFANTE
ORCOID: http://orcid.org/0000-0002-6776-7308
Universidad Católica de Colombia, Colombia
Erika RAMÍREZ BENÍTEZ
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9830-8457
ramireze@esdegue.mil.co epramirezb@unal.edu.co
Escuela Superior de Guerra, Colombia
Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1802592
El presente artículo expone el estado actual y los retos derivados que se puedan llegan a manifestar en el ámbito de Seguridad nacional, teniendo en cuenta las esferas: política, socioeconómica e institucional, en relación con el punto sexto del Acuerdo Final pactado entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC- EP) que hace alusión a su Implementación en el Estado. Para lo cual, se plantean tres ejes específicos para el desarrollo del escrito:
a) se explica el proceso de implementación relacionándolo con la transición en un escenario de Posconflicto; b) se describe el punto sexto del Acuerdo de Paz en el país con el fin de especificar los elementos fundamentales; posteriormente, c) se analiza el impacto que este proceso tiene en el ámbito de Seguridad de Colombia, especificando el estado actual y los retos que se derivan y que deben ser atendidos para la efectividad del proceso.
Palabras clave: Acuerdo de Paz, Implementación, Posconflicto, Seguridad, Transición.
This article exposes de actual state and the derived challenges that can manifest in the Security field, having in account the political, social-economical and institutional scope, in relation to the sixth point in the Final Agreement that alludes to its implementation in Colombia. To do this, three specific axes are raised for the development of the article: a) explanation of the implementation process, relating it to the transition in a post conflict scenario; b) description of the sixth point in the Peace Agreement in the country in order to specify the key elements; later, c) analysis of the impact of this process in the Security field in Colombia, specifying the actual state and the derived challenges that must be attended for the effectiveness of the process.
Key Words: Peace Agreement, Implementation, Post Conflict, Security, Transition.
Recibido: 06-08-2018 ● Aceptado: 15-08-2018
Utopía y Praxis Latinoamericana publica bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0). Para más información diríjase a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
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La implementación de las medidas del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera” (en adelante, Acuerdo de Paz) dado entre el Gobierno Nacional de Colombia y la guerrilla desmovilizada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo - FARC-EP- (consolidados ahora como partido político denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común2 - FARC), es considerada como la etapa más importante para la garantía del fin del conflicto, en el marco del proceso que se llevó a cabo desde el inicio de las negociaciones de paz en el año 2012.
Durante el Conflicto Armado Interno según el Registro Único de víctimas con los datos actualizados el 1 de enero de 2018, se han reconocido 8.286.032 personas afectadas directamente por este acontecimiento. Por lo tanto, de este paso depende que se logre una transición hacia un escenario de estabilización, que favorezca la construcción de paz y la reconciliación nacional, teniendo presente que, si no se desarrolla con los fines propuestos, puede significar que se generen acciones violentas -reciclaje de nuevas formas de violencia- como por ejemplo sucedió en los procesos de Centroamérica.
A pesar de que la Implementación3 esté en un primer momento ligada a lo político, lo institucional y lo jurídico, atravesada por grandes dificultades y desafíos inherentes a la burocracia estatal, la conservación de la Seguridad durante todo el proceso es un punto álgido y transversal para mantener las medidas que se van materializando paulatinamente. Es decir, la presencia y protección de los territorios que representan un espacio en el cual el Estado tiene que interceder, actuar e intervenir efectivamente contando con el respaldo de la Fuerza Pública con el objetivo de cumplir con los fines constitucionales de la República y lo pactado en el Acuerdo Final.
Para el desarrollo del artículo, la investigación se enmarca en una metodología cualitativa, con un enfoque holístico, teniendo como herramienta principalmente el uso del análisis documental.
Para el desarrollo de la temática planteada se tienen en cuenta cuatro (4) conceptos fundamentales: a) Implementación; b) Transición; c) Posconflicto y d) Capacidad estatal, los cuales se sustentan desde las perspectivas teóricas de varios académicos, y permiten darle una base temática al presente artículo.
En primer lugar, las herramientas de implementación y verificación denotan medidas judiciales, políticas e institucionales que se proponen para garantizar la restauración de los Derechos Humanos vulnerados tanto a las víctimas como a la sociedad en general. Bajo esta línea, surge la importancia de los derechos fundamentales, que están íntimamente relacionados con los derechos humanos, los cuales buscan la responsabilidad que adquieren las instituciones estatales para garantizar estos derechos a los ciudadanos, por medio de políticas de implementación que se encuentran como mandatos desde el texto constitucional (Llano: 2016, p 39).
1 Artículo de investigación cofinanciado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS, co n una joven investigadora seleccionada por la Convocatoria Nacional N° 775 “Jóvenes investigadores e innovadores por la paz 2017”, resultado del proyecto: “Retos de la implementación del Acuerdo Final en el ámbito de seguridad y defensa para la construcción de paz en Colombia en el Posconflicto” en el marco de la investigación “Desafíos para la Seguridad y Defensa Nacional de Colombia – Fase III”, que hace parte de la línea de investigación: “Políticas y modelos de seguridad y defensa” del grupo de investigación “Centro de Gravedad”, reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS vinculado al Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CEESEDEN), adscrito a la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Investigación en colaboración con el grupo de investigación Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia, reconocido y categorizado como Tipo A1 por COLCIENCIAS y registrado con el código COL0120899, vinculado al Centro de Investigaciones Socio jurídicas (CISJUC), adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. 2 Con las negociaciones de paz (2012 - 2016) y en el marco del Acuerdo de Paz (2016) ¸ la desmovilizada guerrilla de las FARC-EP adquirió el status de partido político, como garantía del punto 2: “Participación política: apertura democrática para construir la paz”. Lo anterior fue posible, tras la aprobación de esta iniciativa por parte de la Cámara de Representantes el 27 de noviembre de 2017, en el marco del debate del proyecto de Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Sumado a lo anterior, se exceptúa la exigencia de tener un umbral de votos determinado del 3%, tampoco la cantidad de afiliados determinada.
Es necesario hacer énfasis en la precisión del Instituto Kroc (2017) señalando que “la implementación de un acuerdo de paz es un proceso complejo que no suele responder al ritmo de las expectativas generadas, ni en la ciudadanía, ni en las partes firmantes del acuerdo” (p. 8).
Con el fin de generar avances para que se pueda consolidar un escenario de construcción de la paz, propicio para reconstruir los lazos sociales para la reconciliación nacional. Lo anterior, contando con mecanismos y ejecutando acciones como: la búsqueda de la verdad, medidas de reparación que desde la visión de Álvaro Márquez, existen diversos tipos: a) Individual: la persona acude ante el juez, se condena al responsable indemnizando a la víctima; b) Colectiva: reconstrucción de la población afectada por la violencia sistemática, c) Simbólica: preservación de la memoria histórica, la no repetición, la aceptación publica de los hechos, el perdón público, d) Material: indemnización, e) Integral: acciones para la restitución y garantía de no repetición (Jaimes & Orjuela: 2016, p. 174) , entre otras. Lo anterior, en relación con la garantía de “verdad, justicia y reparación”, ya que, como afirma el jurista Rodrigo Uprimny Yepes: si se quiere “una paz sólida, debe haber unos mínimos de justicia” (Uprimny Yepes: 2015).
De este modo, el derecho de las víctimas a la justicia es fundamental a la prestación del servicio público de la justicia, que forma parte de los derechos civiles y políticos llamados también de primera generación,
justiciables y prioritarios (Daza González: 2011, p. 66).
Para entender la etapa de implementación, es necesario asumir el momento en el cual se está desarrollando dicho acontecimiento: como primera parte, la Constitución de 1991 se instituye como un instrumento normativo e institucional que, en medio de un escenario de violencia indiscriminada, propende por encontrar mecanismos de paz, reconciliación e igualdad (Camelo: 2012, p. 82) y como segunda parte la transición. Así mismo, para la implementación efectiva de un Acuerdo de paz se debe puntualizar en la materialización de las medidas consignadas en acciones institucionales que garanticen su aplicación (Jarstad
& Nilsson: 2008).
En segundo lugar, aunque la transición es relacionada como la etapa en la cual se generan transformaciones significativas del orden social -y político-como lo es un cambio de régimen, también existe en relación con el paso de un Conflicto Armado a un estado de paz y posterior fortalecimiento de la democracia (Uprimny Yepes: 2006, p. 13). Se relaciona como un momento caracterizado por la incertidumbre, por ello, es relevante la disposición y adopción para que se concrete, en este caso, lo pactado.
En este sentido, el cambio político -con hondas repercusiones sociales y económicas- es determinante desde un punto de vista prospectivo, para el escenario propio de construcción de paz estable y duradera y de reconciliación nacional. Entendiendo el concepto de transición, como las transformaciones empíricamente perceptibles que suceden en el interior de un régimen político o en alguno de sus componentes, teniendo en cuenta las normas, las instituciones políticas, los valores, las creencias comunes. Así mismo, para que surja dicho proceso político, se tuvieron que generar reconfiguraciones partiendo de un conjunto de actores vinculados con el objetivo de transformar el régimen por características presentes en el entorno social (conflicto) (Sermeño: 1996, p, 371). Adicional a ello, el apoyo de la Comunidad Internacional es importante ya que permite darle más solidez y respaldo a este proceso.
En tercer lugar, dicha transición se da en el transcurso de una etapa conocida como Posconflicto, un
término que académicamente se encuentra en discusión, siendo cuestionado desde la temporalidad y las acciones que abarca. Desde la perspectiva institucional, los documentos y políticas del Ejecutivo y sectores derivados como, por ejemplo, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional, entes que enuncian al Posconflicto como la etapa representativa y subsiguiente en la cual se implementan las medidas acordadas.
En el ámbito académico, varios teóricos discuten sobre el Conflicto Armado Interno colombiano con relación a que haya llegado a su fin, ya que persisten acciones por parte del Ejército de Liberación Nacional
–ELN-, las disidencias de las FARC-EP, las Bandas Criminales (en adelante, BACRIM) denominadas ahora por el Ministerio de Defensa Nacional como los Grupos Armados Organizados -GAO-4, los Grupos Delictivos
Por medio de la Directiva N° 15 de 2016 del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia se reestructuraron las Bandas Criminales, creando dos categorías para su clasificación. En cuanto a las GAO, se definen como: “los que bajo una dirección de un mando responsable ejerzan sobre un territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas” (p. 5); dicho grupo es combatido por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Organizados -GDO-5, entre otros, enmarcadas en esta situación histórica. En relación con lo mencionado, se entiende desde la perspectiva de Alejo Vargas (2017), que dicho periodo en el cual se llevaban a cabo enfrentamientos armados entre las Fuerzas del Estado y los insurgentes pasa a un segundo plano, iniciando un tránsito a un nuevo escenario en donde la resolución de conflictos no se da por la vía de la violencia sino haciendo uso de medios de diálogo y concertación, sin dejar de lado, “que la terminación del Conflicto Armado interno no implica que la violencia cese en todas las partes del país […] situaciones en las que el conflicto ha disminuido en intensidad, pero continua o es recurrente en ciertas zonas del país” (Ibíd: pp. 12-13).
De igual manera, “el posconflicto supone dos transformaciones básicas: que cesan las acciones bélicas entre el Estado y los grupos armados ilegales y que habrá cambios políticos e institucionales que eviten nuevas justificaciones para el uso de las armas” (Patiño Villa: 2015, p, 26). También, se reconoce como la etapa enmarcada específicamente en la confrontación armada que se dio con la principal guerrilla que ha tenido el país: las FARC-EP, señalando como el Proceso de paz fue un hito histórico que dio fin a una disputa de la magnitud como la que se confrontó con este grupo insurgente.
Precisando este último factor, desde el ideario del común y un ámbito analítico partiendo de lo sociológico, hay que tener en cuenta que en el imaginario y a nivel simbólico, hablar de Posconflicto es un hecho que favorece la transición. En el sentido de que las víctimas y la sociedad en general perciben y reconocen en esta etapa, un tránsito de pasar del Conflicto Armado Interno a una nueva oportunidad de construir un presente y consolidar un futuro estable. Ligado a esto, la justicia es un eje relevante ya que favorece a: i) Reconstruir la confianza dentro de la sociedad, ii) Fortalecer el Estado social de derecho y el Estado de derecho, iii) Reconciliar, iv) Restaurar el tejido social (Montoya, Castro & Cubides: 2017, p.102). Específicamente, la justicia transicional es importante para determinar las responsabilidades respectivas por parte de los victimarios de los hechos acontecidos en el Conflicto, tal como lo afirma Rodrigo Uprimny Yepes y María Paula Saffon (2006):
(…) La justicia transicional surgió con el propósito esencial de equilibrar las exigencias de justicia y de paz en contextos excepcionales de transición de la guerra a la paz o de la tiranía a la democracia, caracterizados por la necesidad de enfrentar la violación masiva y sistemática de derechos humanos (p. 118).
La cual se genera como un “mecanismo político y jurídico óptimo para facilitar la integración social de una sociedad en fase de Posconflicto […], [para] conciliar las expectativas legitimas de las víctimas en materia de reparaciones integrales” (Cáceres Mendoza: 2013, p. 81). Complementándola con la justicia restaurativa, la cual permite orientar las acciones hacia el futuro, centrándose en la reconciliación nacional, principalmente en la relación víctima – victimario, teniendo en cuenta elementos como: la reparación6 del daño causado, propender por la dignidad humana, entre otros (Uprimny Yepes & Saffon: 2006, p. 119). Teniendo en cuenta un aspecto fundamental para el desarrollo de la transición: el derecho a la verdad, reconocido como inalienable en la justicia transicional, siendo el Estado el garante de este derecho a la víctima (Martínez Lazcano & Cubides Cárdenas: 2016, p. 136). Así mismo, señalando dos apreciaciones que centran las acciones en torno al restablecimiento de los derechos perjudicados: a) desde la necesidad de conocer lo relacionado con los crímenes cometidos y, b) poner a la víctima en el reconocimiento de su condición y darle reparación (Cubides Cárdenas, Ramírez Benites & Vallejo Rubiano: 2017, p. 66).
En cuarto lugar, la capacidad estatal desde dimensiones como lo administrativo, lo organizacional, la
burocracia y lo coercitivo, desde el enfoque de Theda Skocpol (1995) como la característica que tiene el Estado de actuar autónoma y eficazmente en relación con el control de territorio, teniendo objetivos que
En relación con los GDO, se consideran como un “grupo estructurado […] que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo en la Convención de Palermo, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material” (p. 7). En este caso, son contrarrestados por la Policía Nacional.
Según la ONU (1997) se tipifica el derecho a la reparación, entendido que “toda violación de los derechos humanos hace nacer un derecho a la reparación en favor de la víctima, de sus parientes o compañeros que implica, por parte del Estado, el deber de reparar y la facultad de dirigirse contra el autor” (Patiño: 2010, p. 52).
pueden provenir de necesidades insatisfechas de la sociedad o de otras fuentes, las cuales deben ser articuladas por medio de acciones y políticas concretas. Es fundamental, la correcta articulación institucional con las autoridades que son participes del Acuerdo de paz, desde el ámbito nacional, las gobernaciones, los municipios, poblaciones y entidades territoriales especiales (afrocolombianos, indígenas, entre otros).
De este modo, se debe alcanzar la preservación de territorios, los cuales estén preparados para lidiar con el cambio, la complejidad, con crisis y perturbaciones múltiples como lo pueden ser de carácter económico, ambiental, tecnológico, social o político, así lo expuso Grace Tiberio Cardoso (2017), con esto se busca la posibilidad que los territorios tengan la adaptación necesaria a distintos escenarios de perturbación.
Partiendo de la consideración de Ramírez Benítez y Garay Acevedo (2017) citando a De Izcue, Arriaran y Tolmos, es necesario destacar desde el máximo nivel de la Estrategia denominada “Gran Estrategia o Estrategia Nacional”, dimensión en la cual se encuentra el poder gubernamental, el cual encausa las fuerzas del Estado con el objetivo de alcanzar los fines políticos; relacionado con el “Gobierno, quien cumple el papel de conductor de las diversas estrategias empleadas en ámbitos como el político, económico, diplomático y militar” (Ibíd: p. 413). De acuerdo con ello, la capacidad estatal y el desarrollo de acciones que permitan alcanzar los fines propuestos (en este caso, el cumplimiento del Acuerdo de Paz) deben estar encaminados por la voluntad y acción del Gobierno Nacional. En esta responsabilidad, el respaldo de la Fuerza Pública se hace fundamental para la garantía de seguridad, y con ello el desarrollo de un ambiente estable que permita el desarrollo eficaz del proceso que se encuentra en curso. Teniendo en cuenta esto, el Estado está en la obligación de observar y garantizar derechos humanos, con la adecuación del derecho interno con lo pactado en tratados internacionales, relativos a la protección de derechos humanos (Montoya Castro & Cubides: 2017, p. 95).
Durante el desarrollo del Conflicto confluyeron varios actores, algunos que se mantienen actualmente, principalmente grupos armados ilegales, los cuales contaron con la capacidad para cooptar el funcionamiento de los poderes del Estado y de diversos órganos de control en varios niveles administrativos7. De esta manera, lograron aliarse y generar una “captura del Estado” como lo afirma Luis Jorge Garay (2008), denotando un fenómeno de corrupción, al influir en la esfera del poder público logrando alterar decisiones, normas y disposiciones importantes para el beneficio e interés particular.
De igual manera, en el ámbito de seguridad y defensa el papel del Estado es fundamental y debe intensificarse en el Posconflicto con el fin de fortalecer la soberanía nacional, como menciona Patiño Villa (2015), orientando las acciones para maximizar la presencia en el territorio y reforzar condiciones militares y policiales para su control. Precisando los siguientes puntos a considerar en relación con el accionar del Estado colombiano:
Incapacidad histórica del Estado para mantener una gobernabilidad directa en el territorio a nivel nacional.
Presencia del Estado ha estado centralizada, por lo tanto, no llega oportunamente a zonas periféricas, en su mayoría, rurales.
La guerrilla ha desarrollado acuerdos con organizaciones criminales y otras dedicadas al narcotráfico. Esta consolidación de economías ilegales ha sido el elemento que ha permitido el desarrollo de acciones ilícitas como: el narcotráfico, el lavado de activos, la extorción, entre otros.
Otros grupos como las autodefensas ilegales, reconocidas comúnmente como “paramilitares”, que mutaron tras su desarticulación, configurándose como “BACRIM”, quienes encaminaron su accionar a
Según Garay (2008), “el agente captor, puede tratarse de firmas privadas, líderes políticos, o en general, cualquier grupo de interés. Aunque se pueden diferenciar varios escenarios de captura, en todos prevalece la estrategia de extraer [según el Banco Mundial (2000)] rentas del Estado para el beneficio de individuos privados, firmas o sectores mediante la distorsión del marco legal y regula torio” (Ibíd: p. 18).
la criminalidad y al enriquecimiento ilícito. Asimismo, se redimensionó su accionar ilegal, y el Ministerio de Defensa Nacional pasó a denominarlas como: GAO y GDO.
Dentro de las capacidades necesarias del Estado para implementar el Acuerdo Final, se necesita resignificar el sentido de la paz como derecho de todos y no sólo de los involucrados -directa o indirectamente- en los aspectos del Conflicto Armado Interno en vías de superación. Para ello, es menester establecer las bases la construcción de la paz estable y duradera reclama la adopción de un cultura de paz; una educación para ciudadanía democrática y la edificación de una convivencia centrada en la mediación, la resolución alternativa de conflictos y el incentivo del respeto por toda persona, cumpliendo con el principio de la dignidad humana, en el marco del Estado social de derecho donde las personas gocen efectivamente de sus derechos como elemento relevante de la parte sustancial de la Democracia Integral que, a juicio de Caldera Ynfante (2017, p. 193), no se limita a la celebración de elecciones o consultas populares, ya que la democracia, vista como derecho fundamental, tiene que velar por la dignidad humana a partir de la comprensión de que tanto Estado social de derecho, el reconocimiento y goce efectivo de Derechos Humanos y la democracia son categorías que están interrelacionados y son interdependientes y su consolidación es determinante para el florecimiento humano, en general, y para la superación de las causas que dieron origen al Conflicto Armado Interno colombiano.
En relación a lo anterior, la capacidad estatal propicia para el Posconflicto debe contar con un rediseño
institucional y la adopción de herramientas didácticas y mecanismos pedagógicos que, en aras de construir ciudadanía con cultura de paz para la democracia y la convivencia social, que no solo incorpore los puntos del Acuerdo de Paz y los actores gubernamentales e instancias tradicionales, sino que integre a todo el conglomerado social, teniendo en cuenta que: i) el Estado debe mantener bajo su control el monopolio de la violencia; ii) el Conflicto en general, no termina con este proceso desarrollado con las FARC-EP, pero es un avance significativo para su fin que se traduce en una notable disminución de la violencia y, iii) la importancia tanto de lo urbano como de lo rural (Patiño Villa: 2015, p. 32).
Dentro del Acuerdo de Paz (2016) avalado el 11 de octubre de 2016 por la Corte Constitucional, se consignó un aparte nombrado “Implementación, verificación y refrendación”8, dentro del cual se consolidan las acciones, los mecanismos, las instancias y las recomendaciones que surgen con relación al proceso para la materialización de los acuerdos. Para ello, se enfoca en la administración pública, donde se particulariza la importancia de incorporar los niveles de Gobierno, en el sentido de que los planes de desarrollo departamentales y municipales consoliden medidas para la implementación (Acuerdo de Paz: 2016, p. 198).
Para lo cual, se acordaron unos principios orientadores, que específicamente para el ámbito de la seguridad se definieron: a) Enfoque de derechos humanos, b) Respeto a la igualdad y no discriminación, c) integración territorial e inclusión social, d) fortalecimiento y articulación institucional; e) profundización de la democracia y “construir sobre lo construido”, f) transparencia, control social y lucha contra la corrupción y g) principios democráticos (Ibíd: pp.194-195).
Asimismo, se definió un paso a paso en donde se crean instancias y se consolidan medidas para el desarrollo del proceso, como por ejemplo: la creación de la “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final” -CSIVI-, que se concretó con el Decreto Presidencial 1995 del 7 de diciembre de 2016, siendo integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC, de la cual se provee una vigencia hasta el 2019, pero que puede prorrogarse diez (10) años más. El Objetivo de esta instancia es resolver los conflictos que se puedan generar entre las partes y llevar a cabo un seguimiento al proceso. Asimismo, se forjaron dos (2) instancias para comunidades especiales atendiendo sus
Es importante señalar que, en dicho documento, explícitamente la responsabilidad para la Implementación se le atribuye al Gobierno Nacional, el cual debe garantizar la financiación (Acuerdo de Paz: 2016, p. 196).
particularidades: a) “Instancia Especial para el seguimiento al enfoque de género y garantía de los derechos de las mujeres en la implementación del Acuerdo Final” y, b) “Instancia especial de alto nivel de los pueblos étnicos”.
En relación con la transparencia se plantearon medidas para el seguimiento, como se muestra en la Gráfica 1, evidenciando la existencia de un “Sistema Integrado de Información y medidas para la transparencia para la implementación”9.
Gráfica 1. Sistema Integrado de Información y medidas para la transparencia para la implementación.
Fuente: Corporación Caribe Afirmativo (2017, p. 6)
De igual manera, se estableció un calendario en relación a normativa legislativa, que es el aspecto fundamental para adaptar medidas en torno a la sustitución de cultivos ilícitos, la participación política, el sistema de financiación de partidos, los sistemas de alertas tempranas, la modificación a la Ley 1448 (2011) de Víctimas y Restitución de Tierras, la reincorporación social y económica, las circunscripciones especiales de paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición (Acuerdo de Paz: 2016, pp. 203-204).
Para la garantía del proceso, es fundamental el elemento de “Verificación” consolidado en el Acuerdo de Paz (2016), el cual es contemplado en dos esferas: en el entorno interno y en la esfera internacional. En primer lugar, por medio del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, para la garantía de las medidas
consolidadas en un ámbito nacional, regional y local, integrado por el Gobierno Nacional (con participación de la Fuerza Pública). Respectivamente, en el ámbito externo, se cuenta con el acompañamiento de: Estados, Organizaciones Internacionales, Organizaciones No Gubernamentales, por ejemplo, la Misión de observación de la ONU10 y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños -CELAC-, entre otros.
A finales del año 2017, el Gobierno Nacional de Colombia, por medio del Decreto Presidencial 1829 del 7 de noviembre, desarrolló la herramienta virtual de seguimiento al proceso de implementación del Acuerdo de Paz. Plataforma denominada “Sistema Integrado de Información para el Posconflicto -SIIPO-”, que se consolida como una medida contra la corrupción, protegiendo la transparencia y generando una veeduría por parte de la sociedad, llevando a cabo un control.
Aprobada mediante la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad de la ONU en el año 2016 para observar el proceso de dejación de armas. Posteriormente, se aprobó la Resolución 2377 (2017) en donde se extendía el mandato con el fin de desarrolla una “misi ón de verificación sobre la reinserción política, económica y social de miembros de las FARC” (Amnistía Internacional: 2018, p. 155).
Desde el ámbito político e institucional, el desarrollo del Proceso de paz, el reciente Informe del Secretario General Antonio Guterres sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia del 27 de diciembre de 2017, señala la ocurrencia de hechos relevantes en la implementación: a) cese al fuego, b) dejación de las armas y su posterior destrucción, c) transición a la vida civil por parte de los miembros de las FARC-EP, d) transformación de dicha organización armada en un partido político (Consejo de Seguridad de la ONU: 2017, p. 1).
En dicho proceso, se llevó a cabo en el día D+1 la concentración de los guerrilleros en diecinueve (19) zonas veredales y siete (7) puntos transitorios de normalización, siendo esta es una de las principales acciones en relación con la implementación del Acuerdo de Paz, teniendo en cuenta la relevancia de las estancias administrativas locales. Como lo señala el punto 3 del Acuerdo de Paz (2016), se buscaba principalmente: la garantía de la dejación de las armas y el desarrollo del proceso progresivo de reincorporación a la vida civil. Posteriormente, se desarrollaron los cientos ochenta (180) días hasta el 22 de septiembre de 2017, en los cuales se llevó a cabo un proceso de desarme por parte de los guerrilleros desmovilizados. En consecuencia, la ONU declaró la entrega de aproximadamente 7.000 armas por parte de excombatientes de las FARC-EP.
En cuanto a lo socioeconómico, hay que tener en cuenta que el Conflicto Armado Interno dejó como consecuencia, como expresa Paul Collier et al (2004), unos costos económicos y sociales, ya que se destina mayor presupuesto al gasto militar para contrarrestar amenazas que se pueden volver a desencadenar: a) actividades productivas (principalmente en el entorno rural) se vean afectadas por acciones violentas, b) destrucción de infraestructura (líneas de comunicaciones, carreteras, puentes, viviendas, centros de salud, entre otros), c) robos, apropiación ilegal de propiedades (Ibíd: p. 4) que generan directamente afectaciones en la población, como por ejemplo, el desplazamiento forzado con el cual se quebrantan lazos familiares y comunitarios (Ibíd: p. 5).
De igual manera, retomando el argumento de Stedman (2003) referenciado por el Centro interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo -CIDER- (2014), durante esta etapa se “requiere un esfuerzo a largo plazo para resolver los problemas estructurales que generan la violencia, es decir, la construcción de la paz. En suma, implementar un acuerdo de paz es tanto o más complejo que redactarlo” (Ibíd: p. 1). Haciendo énfasis en que la inclusión social y la participación ciudadana se consolidaron como ejes vitales para el proceso de transición.
De este modo, hay que resaltar que a nivel general la implementación se presenta como un proceso complejo, especificando las siguientes razones consideradas por el Instituto Kroc (2017):
Multiplicidad de actores: confluyen varios actores como las entidades nacionales y territoriales de los distintos poderes del Estado, las instancias gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos étnicos, el sector privado, los actores externos de la comunidad internacional, entre otros; diferenciando los que se encuentran a favor o en oposición al proceso que se está llevando a cabo.
La aplicación del Acuerdo, desde una esfera de consolidación y negociación a una dimensión práctica basada en acciones concretas, operativas y programáticas.
La temporalidad, es importante y necesario hacer énfasis en este punto, ya que no se pueden esperar resultados instantáneos, hay que tener en cuenta factores como: “la amplitud del Acuerdo, la extensión del país, la limitación de recursos”, los procesos burocráticos, las medidas y opiniones contradictorias del Acuerdo, las cuales pueden llegar a dificultar el desarrollo del proceso de implementación.
El cambio, las dinámicas que se están desarrollando actualmente son “novedosas” en relación con la perdurabilidad que mantuvo el enfrentamiento con la guerrilla de las FARC-EP, las medidas implican un proceso que logre generar acciones que rompan con la desconfianza, la polarización y fragmentación de la sociedad (Ibíd: pp. 8-9).
Partiendo de datos encontrados a la fecha, según el Instituto Kroc (2017) el 17% de las disposiciones del Acuerdo de Paz han sido completamente implementadas (p. 10), lo cual concuerda parcialmente con el Observatorio de Seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz -OIAP- (2018), que afirma que la implementación normativa del Acuerdo de Paz se encuentra en un 18,3%, resaltando que se presentan atrasos significativos en adopción de normas y mecanismos para el desarrollo del proceso.
Expresa de igual manera, los avances y pendientes más significativos del proceso: a) se avanzó en el fin del Conflicto pero no hay una progresión significativa en la construcción de paz; b) el Estado aún no se articula ni se coordina para el desarrollo del Acuerdo de Paz (como se evidenció en el ámbito legislativo); c) se logró la dejación de armas por parte de las FARC-EP, se vinculó al ejercicio de la participación política, d) las víctimas no han sido totalmente incorporadas al proceso (se encuentra aún en duda la participación política, en razón a que las 16 curules que se tenía propuestas no fueron respaldadas en el Congreso de la República); d) el retraso en el desarrollo del Plan Marco de Implementación, documento necesario para el desarrollo de las disposiciones del Acuerdo de Paz11.
Por su parte, las FARC consolidaron su participación en la política con la fundación del partido y la candidatura de Rodrigo Londoño a la Presidencia, hecho cuestionado y rechazado por gran parte de la sociedad civil, colectividades y varios dirigentes políticos. Lo anterior, se manifestó con protestas contra la campaña que realizaron las FARC por varias partes del territorio colombiano, por ejemplo: Armenia, Florencia, Cali, entre otras. Por lo cual, el día 9 de febrero del año vigente decidieron suspender su actividad política por la falta de garantías, y posteriormente, la candidatura del Partido a la Presidencia fue retirada por
complicaciones de salud de Rodrigo Londoño.
A pesar de los avances que se han realizado, a la fecha, algunas Organizaciones Internacionales han manifestado su posición respecto a la etapa que se encuentra en desarrollo en Colombia. Por ejemplo, en el último informe de Amnistía Internacional (2018) se menciona que la continuidad del Conflicto en Colombia ha traído consecuencias sobre diversos actores, principalmente la población civil, los pueblos indígenas12, las comunidades afrodescendientes, campesinos, y defensores de Derechos Humanos. Específicamente, se tiene en cuenta que el desarrollo del conflicto se da por las acciones que realiza el ELN, las GAO, las GDO, las disidencias de las FARC-EP, intensificando la violencia en departamentos como Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño (Ibíd: p. 156).
Asimismo, otro punto álgido es el de las víctimas, quienes han visto que su proceso de reparación no ha sido efectivo, han llevado a cabo reclamaciones en torno al acceso a la justicia, a la reparación y a la no repetición, pero no se han visto avances significativos. Sus reclamaciones están relacionadas a que “no se había llevado ante la justicia a quienes habían perpetrado crimines de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y abusos en contra de la población civil” (Ibíd: p.157). Como medidas relacionadas, en abril del 2017, se aprobó el Acto Legislativo No. 1 para que el Congreso aprobara la implementación del punto 5 “Víctimas”; y el 27 de noviembre, el Congreso consensuó la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz.
El documento ya se encuentra disponible: Plan Marco de Implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera. Disponible en: https://goo.gl/h3T1Ap
Se tiene en cuenta una crítica de Galán Galindo (2016): “Si bien en Colombia se han visto avances en materia de derechos humanos, los mismos no son claros en cuanto a su contenido y reconocimiento […] esto refleja la enorme brecha en la efectiva implementación y el reconocimiento práctico de los derechos que ampara la diversidad multicultural (p. 41).
Teniendo en cuenta la perspectiva académica en relación con el ámbito de la seguridad de Colombia, se presentan una serie de retos a corto, mediano y largo plazo, que concentran los ámbitos: social, político e institucional, con el fin de proyectar la implementación del Acuerdo de Paz y establecer aspectos para su materialización, todo ello para que aseguren, para la población colombiana, mejores condiciones de vida y la consolidación de un modelo de Estado democrático, justo y participativo13.
Retomando una investigación previa de Cubides Cárdenas, Ramírez Benítez y Garay Acevedo (2017), cabe resaltar que “los principales retos que tiene que enfrentar la Fuerza Pública se encuentran focalizados, según la PSD [Política de Seguridad y Defensa para la Nueva Colombia 2015-2018], en el sector urbano (seguridad ciudadana), sin dejar de lado lo rural, enfrentando varios crímenes contra los Derechos Humanos” (p. 116).
Cabe resaltar, la relevancia que tiene la seguridad al ser considerada como un bien público, y la paz como un derecho y un deber de cumplimiento obligatorio como es indicado en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia (1991). Por ello, a nivel general se hace necesaria la adopción de ciertos temas en las temporalidades definidas, teniendo en cuenta los datos del Instituto Kroc (2017), como se señala en la Gráfica 2.
Gráfica 2. Temas generales a corto, mediano y largo plazo.
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Kroc (2017).
Específicamente en lo relacionado con el sector de Seguridad, se plantean las siguientes posibilidades:
En el corto plazo, es necesario que las medidas legislativas y normativas que se necesiten sean respaldadas por el Congreso. En el entorno político e institucional, se presentan una serie de retos expuestos desde el Plan Nacional de Desarrollo y la Política de Seguridad y Defensa propuesta desde el Gobierno de Juan Manuel Santos, que son los más cercanos por afrontar, teniendo en cuenta el periodo electoral que aconteció en marzo (elecciones legislativas) y la que acontece en mayo (elección presidencial) del año vigente, en donde se definirá la manera en la cual se continuará con la implementación del Acuerdo.
En el mediano plazo, el sector Defensa, específicamente las Fuerzas Militares han tenido el papel que manifiesta la presencia del Estado en las regiones más afectadas por el Conflicto Armado Interno, en
Un Estado participativo en Colombia significa la revisión de la participación ciudadana y la incidencia de esta en decisiones de alta trascendencia para las políticas públicas. De acuerdo con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Cabildo Abierto se posiciona como el mecanismo de mayor popularidad. Para acceder a más información, diríjase a la Registraduría Nacional del Estado Civil, “Mecanismos de Participación” http://www.registraduria.gov.co/-Mecanismos-de-Participacion,320-.html.
donde la capacidad estatal no ha sido significativa para la garantía de la soberanía nacional y la protección del territorio. Asimismo, procesos como la sustitución de cultivos y contrarrestar efectos del desplazamiento forzado.
En el largo plazo, es cuando se proyecta un resultado visible de las medidas aplicadas. Se debe garantizar que institucionalmente, el Estado sea quien tenga el monopolio legítimo de la fuerza, sin dejar de lado, que se pueden presentar amenazas (principalmente en el entorno urbano) en relación con delincuencia común pero no en la magnitud de las que acontecieron en los diversos periodos de violencia, principalmente como el Conflicto Armado Interno.
En ese sentido, el sociólogo Armando Borrero Mansilla (2017) señala amenazas que se encuentran vigentes en relación a la Seguridad, constituyéndose como retos presentes: a) las amenazas tradicionales: derivadas de situaciones entre Estados; b) las insurgencias armadas: como factor de desregulación de los conflictos que amenaza la institucionalidad de los estados; c) el terrorismo: utilizado para generar miedos sociales, rompiendo la solidaridad social y de esta manera, la estabilidad política; d) el crimen organizado transnacional: desarrollando aparatos de violencia y mecanismos para el control del territorio y de la población, poniéndolo en competencia con la soberanía estatal en relación con el monopolio de la fuerza; e) las migraciones incontroladas: problema social que se convirtió en un medio para el tráfico de personas y bienes ilícitos.
Como aspectos trasversales, relacionados con el ámbito de la Seguridad Nacional, se presentan desafíos que abarcan y se mantienen en una temporalidad permanente: economías criminales (narcotráfico, minería ilegal, corrupción transnacional, etc.), el crimen organizado transnacional, la guerrilla del ELN, las GAO (como el caso de: las disidencias de las FARC, Clan del Golfo, entre otros), los GDO, entre otros. Teniendo en cuenta la consideración de Jiménez Reina, Acosta Guzmán y Múnera Cardoso (2017) “han logrado sobrevivir
con el pasar del tiempo, adaptándose a los nuevos contextos políticos y sociales y, en consecuencia, se convierten en una amenaza para el orden y estabilidad del Estado colombiano” (p. 354).
A nivel institucional, combatir la corrupción es vital para el desarrollo efectivo de los fines del Estado y de las acciones administrativas relacionadas, regular fenómenos como la mencionada “Captura de Estado”, que se sigue manifestando en lógicas clientelares y de corrupción en situaciones actuales, se presenta como un reto a contrarrestar, como resaltan Ángel Alberto Tuirán y Luis Fernando Trejos (2017): “Algunas de estas
estructuras armadas se han aliado con líderes políticos y económicos, para hacer valer sus intereses, y como resultado de esto, el Estado colombiano ha visto debilitarse desde hace varias décadas, el monopolio de la violencia y el control de la administración de la coerción” (p. 78).
Para el enfrentamiento de estas amenazas, se ha venido desarrollando en el sector Defensa, una trasformación de las Fuerzas Militares con el fin de hacer frente a esos retos. En este sentido, se ha establecido el Plan Victoria, redimensionado a la versión “plus”, en el cual se ha hecho énfasis en la estabilización, la consolidación y a un desarrollo interagencial con organismos del Estado (Fiscalía General
de la Nación, entre otros); teniendo en cuenta elementos de inteligencia, se ha desarrollado una adaptación para enfrentar las amenazas presentes, enfatizando en cambios que se han generado, por ejemplo, en el teatro de operaciones, entre otros factores. Asimismo, en el caso del Ejército Nacional, se desarrolló la Doctrina Damasco con la cual se genera una nueva visión sobre el desarrollo de las acciones para el cumplimiento de objetivos nacionales, generando una guía para encaminar las acciones de los militares.
En el contexto actual, la seguridad ciudadana se presenta como un factor relevante, teniendo en cuenta que la delincuencia organizada y a nivel general; en la común, se presentan varios delitos como el hurto, homicidio, extorsión, entre otros, los cuales siguen estando presentes en el entorno urbano, sin dejar de lado lo rural, por lo cual la Policía Nacional es fundamental para el combate de estos hechos delictivos.
Para lo cual, es necesario tener presentes las consideraciones de Ardila Castro y Cubides Cárdenas
(2017) quienes establecen la importancia de las políticas públicas como herramientas posibilitadoras de medidas encaminadas a la garantía de seguridad, la defensa de la interdependencia, el territorio y en general de la soberanía del Estado, y a su vez, enfrentar factores de inestabilidad y amenazas convergentes que se
hacen presentes en la actualidad, que poseen un alcance multidimensional que genera una preocupación latente. Asimismo, Rubén Sánchez (2015) planea que “las políticas públicas de seguridad deben ser integrales para evitar rupturas y cerrar las brechas que caracterizan a una sociedad fragmentada como la colombiana; pensar más en la prevención que en la reacción” (p. 40).
Se deben tener en cuenta los elementos de planeación sugeridos por la Escuela Superior de Guerra Teniente General Luis María Campos (1993) para el diseño de estrategias, y en una dimensión más concreta, de políticas públicas en seguridad: a) Sistema de inteligencia; b) Planeamiento estratégico nacional; c) Planeamiento estratégico sectorial, que involucran dimensiones decisionales que permiten en una escala jerárquica plantear un gran objetivo, articulado en pequeñas acciones de escala nacional y sectorial (Ramírez Benítez & Garay Acevedo: 2017, p. 420).
En el ámbito social, la reintegración de los ex guerrilleros a la vida civil es un punto determinante para el
desarrollo del proceso, así como de la disposición de la sociedad civil, acompañada con la verificación correspondiente y la garantía de seguridad ciudadana por parte de las autoridades con el apoyo de la Fuerza Pública. Asimismo, integrar a la sociedad y a las víctimas, fomentando la participación dentro del proceso es esencial para el desarrollo del mismo, establecido los pilares de la comprensión y praxis de la incorporación de los mismos como agentes para la transformación nacional en un Estado social de derecho que permita consolidar la democracia como un derecho fundamental la cual, a decir de Caldera Ynfante (2018) es funcional al logro de la dignidad humana para que la persona elija un proyecto de vida, cuente con condiciones materiales y espirituales idóneas para funcionar en sociedad y viva sin temores ni miedos, sin padecer daños arbitrarios sobre su proyecto de vida, siendo respetada, contando con las oportunidades que le brinde el Estado democrático constitucional para desarrollar sus capacidades humanas, gozar efectivamente de sus Derechos Humanos, logrando florecimiento humano y felicidad individual y social (pp. 241-252).
Lo anterior, encaminado a partir de acciones concretas con el fin de favorecer a la construcción de paz en el periodo de transición. A partir de ello, se hace necesario tener en cuenta la apreciación de Cárdenas Romero (2017):
(…) La garantía de los derechos fundamentales es ineludible en la consecución de la paz. Las exigencias de la cotidianidad en aras de la supervivencia individual y colectiva definida alrededor del derecho a la vida y a la integridad personal y los derechos civiles, políticos y de libertad incrementa la posibilidad de una paz más duradera (pp. 106-107).
Finalmente, para la transición inmersa en un periodo de Posconflicto, es fundamental el papel del Estado en la implementación del Acuerdo de paz pactado, principalmente en la necesidad que existe de desarrollar medidas que impidan el desarrollo de nuevas acciones violentas en contra de la población civil. Ramírez Huertas (2017) presenta unos deberes jurídicos del Estado basados en la doctrina y jurisprudencia internacional: i) Prevenir las violaciones a los Derechos Humanos, ii) A investigar con el fin de establecer la verdad, iii) Imponer sanciones adecuadas a los responsables de las violaciones (Ibíd: pp. 107-108)
Finalmente, es indispensable que el Acuerdo de Paz presente medidas y avances a corto plazo, pero hay que tener presente que su materialización e implementación ameritan acciones que van arraigadas a resultados en el largo plazo. Por lo tanto, la implementación del Acuerdo de Paz en medio de la transición en el momento del Posconflicto que se está desarrollando en Colombia, debe ser un proceso determinante que necesita el acompañamiento permanente del Estado con toda su capacidad institucional y un Gobierno comprometido, para que puedan desarrollarse los acuerdos que se dieron.
Las acciones que se desarrollan actualmente para solventar esos desafíos que se presentan, deben estar encaminadas a lograr los fines constitucionales, cumpliendo los mandatos normativos, teniendo como objetivo primordial la protección de la población colombiana; desarrollando acciones y medidas que impidan
el incremento de la violencia, y, sobre todo focalizarse en la prevención, compromisos en los cuales la Fuerza Pública debe estar presente.
De acuerdo con lo mencionado, en cuanto a la seguridad es indispensable señalar la importancia que ha
tenido la Fuerza Pública en esta nueva etapa para Colombia, la transformación que se está llevando a cabo desde la parte doctrinal, que permite en el caso de las Fuerzas Armadas, enfrentar amenazas desde un enfoque multidimensional, participando en nuevas acciones que no solo le permiten contrarrestar los fenómenos ilícitos, sino que le permiten abordar nuevos capos y con ello, establecer alianzas con otros estados por medio de la cooperación internacional para el enfrentamiento de amenazas comunes.
ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ
ESTABLE Y DURADERA (2016). Recuperado de: https://goo.gl/kJTcay
AMNISTÍA INTERNACIONAL. (2018). Informe 2017/18. Recuperado de: https://goo.gl/wI8HJ7
Ardila Castro, C. A. & Cubides Cárdenas, J. (2017). Política pública de Seguridad en Colombia frente a la convergencia y las nuevas amenazas, en: Ardila, C. A, & Torrijos, V. (Ed.). (2017). Políticas públicas de Seguridad y Defensa: Herramientas en el marco del Postconflicto en Colombia. Bogotá: Ediciones Escuela Superior de Guerra.
Borrero Mansilla, A. (2017). Las Amenazas a la Seguridad Nacional, en: Cubides Cárdenas, J & Jiménez Reina, J. (Ed.). Desafíos para la Seguridad y Defensa Nacional de Colombia: Teoría y Praxis. Bogotá, Colombia: Ediciones Escuela Superior de Guerra.
Cáceres Mendoza, E. (2013). Justicia Transicional y el derecho a la reparación integral. Aproximación al caso colombiano. Novum Jus, Vol. 7, n°. 2. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, pp. 55-87. Recuperado de: https://goo.gl/kje1uX
Caldera Ynfante, J. E. (2017). Totalitarismo del Siglo XXI en Venezuela. La relación de identidad entre chavismo, nazismo y fascismo a partir de la aplicación de la distinción amigo-enemigo y el concepto de dictadura soberana o plebiscitaria de Carl Schmitt. Revista Democracia Actual, Registraduría del Estado Civil, n°. 2, diciembre, Bogotá, Colombia, pp. 151 – 205.
Caldera Ynfante, J. E. (2018). Construyamos la Nueva Venezuela: Plan de Rescate Financiero de la Soberanía Nacional. Bogotá: Editorial Ciencia y Derecho.
Camelo, H. (2012). Transformaciones de las lecturas de la violencia en Colombia. Novum Jus, Vol. 6, n°. 2, julio-diciembre, pp. 69-86. Bogotá: Universidad Católica de Colombia,
Cárdenas Romero, J. F. (2017). Educación para la paz: de la Constitución de 1991 a la Cátedra de la paz.
Novum Jus, Vol. 11, n°1, enero-junio, pp.103-127. Recuperado de: https://goo.gl/p2JYFi
CIDER. (2014). Retos de la implementación de un acuerdo de paz: evidencia y recomendaciones.
Universidad de los Andes. Recuperado de: https://goo.gl/1i79Vw
Collier, P. et al. (2004). Guerra civil como desarrollo en orden inverso, en: Collier, P.; Elliott, V.; Hegre, H.; Hoeffler, A.; Reynal-Querol, M. & Sambanis, N. (2004). Guerra civil y políticas de Desarrollo. Bogotá, Colombia: Banco Mundial & Alfaomega.
CORPORACIÓN CARIBE AFIRMATIVO. (2016). Guía sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Análisis. Friedrich Ebert Stiftung. Recuperado de: https://goo.gl/S4y9o2
Cubides Cárdenas, J.A; Ramírez Benítez, E.P, & Garay Acevedo, C.P. (2017). Los Derechos Humanos, su proyección en una política de seguridad y defensa en el marco del Postconflicto, en: Ardilla, C.A, & Torrijos,
(Ed.). (2017). Políticas públicas de Seguridad y Defensa: Herramientas en el marco del Postconflicto en
Colombia. Bogotá: Ediciones Escuela Superior de Guerra.
Cubides Cárdenas, J; Ramírez Benites, E.P & Vallejo Rubiano, H. M. (2017). Corpos iuris en materia de víctimas del Conflicto Armado Interno en Colombia, en: Vallejo Rubiano, H. M & Cubides Cárdenas, J. El conflicto armado interno en Colombia: análisis jurídico de protección a las víctimas y del medio ambiente. Bogotá: Escuela Superior de Guerra.
CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU. (2017). Informe del Secretario General sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Recuperado de: https://goo.gl/9gGxDh
Daza González, A. (2011). Colombia frente a las víctimas civiles de minas antipersonal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Novum Jus, Vol. 5, n°. 2, julio-diciembre, Bogotá: Universidad Católica de Colombia, pp. 49-80.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA TENIENTE GENERAL LUIS MARÍA CAMPOS. (1993). Bases para el
pensamiento estratégico. Buenos Aires, Argentina: Escuela Superior de Guerra Teniente General Luis María Campos. Recuperado de: https://goo.gl/VoDWGV
Galán Galindo, A. R. (2016). Los Derechos Humanos fundamentados mediante la legitimación y la mora jurídica. Novum Jus Vol. 10, n° 1, enero-junio, pp. 31-48. Recuperado de: https://goo.gl/upAmHi
Garay, L. (2008). La reconfiguración cooptada del Estado: más allá de la concepción tradicional de captura económica del Estado. Bogotá: Corporación Transparencia por Colombia.
KROC INSTITUTE FOR INTERNATIONAL PEACE STUDIES. (2017). Informe sobre el estado efectivo de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Universidad de Notre Dame.
Jaimes, A & Orjuela, G. M. (2016). Víctimas y transición, en: Cubides Cárdenas, J; Agudelo Giraldo, Ó. A; Bautista Avellaneda, M. E; Jaimes Ramírez, A; León Molina, J. E; Orjuela García, G. M., et al. Fundamentación y aplicabilidad de la justicia transicional en Colombia. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
Jarstad, A. & Nilsson, D. (2008). From Words to Deeds: The Implementation of Power-Sharing Pacts in Peace Accords, Conflict Management and Peace Science, 25 (3).
Jiménez Reina, J.; Acosta Guzmán, H & Múñera Cardozo, A. (2017). Las disidencias de las Farc: estructuras criminales configuradas como Grupos Armados Organizados -GAO-, en: Cubides Cárdenas, J, & Jiménez Reina, J. (Ed.). Desafíos para la Seguridad y Defensa Nacional de Colombia: Teoría y Praxis. Bogotá, Colombia: Ediciones Escuela Superior de Guerra.
Llano, J. (2016). Derechos fundamentales: un debate desde la argumentación jurídica, el garantismo y comunitarismo, Novum Jus, Vol. 10, n°. 2, julio-diciembre, Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
Martínez Lazcano, A, J & Cubides Cárdenas, J. (2016). Medidas de inclusión para una paz duradera, en: Vivas Barrera, T (Ed), Chávez, E; Cubides, J; Dizdarevic, A; Gaitán, I; Guio, R & Wabgou, M. Derechos Humanos, paz y Posconflicto en Colombia. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. (2016). Directiva Permanente n° 15 de 2016.
Montoya, S; Castro, J. & Cubides, J. (2017). Elementos jurídicos y de legitimación para Acuerdos de paz con miras al Posconflicto, en: Cubides, J. (Ed), Chacón, N; Garay, C; Martínez, A; Montoya, S; Rodríguez, C & Castro, J. Desafíos contemporáneos de la protección de los derechos humanos en el Sistema Interamericano. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
OBSERVATORIO DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ. (2018). La Paz
en Deuda. Informe n° 5. Recuperado de: https://goo.gl/v55mDq
Patiño, A. A. (2010). Las reparaciones simbólicas en escenarios de justicia transicional. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, Vol. 21, n°. 2, julio-diciembre. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, pp. 51-61.
Patiño Villa, C. (2015). Posconflicto en Colombia: Retos complejos, en: Molano-Rojas, A. El posconflicto en Colombia: reflexiones y propuestas para recorrer la transición. Bogotá: Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga: Fundación Konrad Adenauer Colombia. Recuperado de: https://goo.gl/DnjJFQ
Ramírez Benítez, E. P. & Garay Acevedo, C. (2017). Los factores estratégicos de Colombia en Seguridad y su influencia en el posicionamiento regional en el Posconflicto, en: Cubides Cárdenas, J, & Jiménez Reina,
(Eds.). Desafíos para la Seguridad y Defensa Nacional de Colombia: Teoría y Praxis. Bogotá: Ediciones Escuela Superior de Guerra.
Ramírez Huertas, G. (2017). Los derechos humanos a debate: Perspectivas desde el derecho internacional.
Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
Sánchez, R. (2015). Nuevos paradigmas de Seguridad Pública en el Posconflicto, en: Molano-Rojas, A. El posconflicto en Colombia: reflexiones y propuestas para recorrer la transición. Bogotá: Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga: Fundación Konrad Adenauer Colombia. Recuperado de: https://goo.gl/DnjJFQ
Skocpol, T. (1995). El Estado regresa al primer plano: Estrategias de análisis en la investigación actual, en: Grompone, R. et al (Ed.). Instituciones políticas y sociedad. Lecturas introductorias. Lima: IEP.
Sermeño, A. (1996). Tres modelos de transición democrática. Revista Realidad, n°. 51. Recuperado de: https://goo.gl/FjHpco
Stedman, S. J. (2003). Peace processes and the challenges of violence, en: Darby, J. & Mac Ginty, R. (Ed). Contemporary Peacemaking, en: Centro interdisciplinario de estudios sobre el Desarrollo. (2014). Retos de la implementación de un acuerdo de paz: evidencia y recomendaciones. Universidad de los Andes, Unión Europea, Departamento para la Prosperidad Social. Recuperado de: https://goo.gl/KXZTKw
Tiberio Cardozo, G. (2017). Bogotá Frente al Cambio Climático, en: Cubillos González, R; Novegil González,
F. & Cortés Cely, O. Territorios Resilientes y Eficientes en Bogotá. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
Tuirán, A. A. & Trejos, L. F. (2017). Desafíos institucionales en el nivel local. Desafíos de la gestión territorial para la paz. Análisis Político, Vol. 30, n°. 90, pp. 77-102.
Uprimny Yepes, R (2015). Si uno quiere una paz sólida tiene que haber unos mínimos de justicia, en: La Silla vacía. Entrevista con Juanita León. 9 de enero. Recuperado de: https://goo.gl/68VYvX
Uprimny Yepes, R. (2006). ¿Justicia Transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia.
Bogotá, Colombia: Ediciones Anthropos, DeJusticia.
Vargas, A. (2017). Nota introductoria, en: Vargas, A. Transición, democracia y paz. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Jaime CUBIDES CÁRDENAS: Abogado, y especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista y Magíster en Docencia e Investigación con énfasis en las ciencias jurídicas de la Universidad Sergio Arboleda y Magíster en Derecho de la misma casa de estudios, Doctorando en Derecho en la línea de investigación de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Docente asociado e Investigador Senior y Líder del Grupo de Investigación: “Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia” con código COL0120899 con Categoría A1 de Colciencias y el cual, está vinculado al Centro de Investigaciones Socio Jurídicas de la Universidad Católica de Colombia (CISJUC).
Jesús CALDERA YNFANTE: Abogado y Magister Scientiarum en Desarrollo Regional por la Universidad de los Andes (Venezuela). Título de abogado convalidado, desde el 2008, en la República de Colombia. Especialista en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional por la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Doctor en Derecho, mención Derecho Constitucional, por la Universidad Santo Tomás, Bogotá. Profesor de posgrados en Pontificia Universidad Javeriana y Universidad Libre. Docente de planta e Investigador del Grupo de Investigación: “Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia” de la Universidad Católica de Colombia (CISJUC).
Erika RAMÍREZ BENÍTEZ: Investigadora e Innovadora por la paz de la Convocatoria Nacional N° 775 de 2017 de COLCIENCIAS. Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Candidata a Magister en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Asesora e Investigadora del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CEESEDEN) de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”.