Álvaro B. Márquez-Fernández, Ph.D.
Investigador Eméritus
Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
Los comportamientos sociales se encuentran relacionados directamente con las prácticas sociopolíticas que sirven de génesis y desarrollo a la cultura ciudadana, y servirán de agente regulador para que el Estado cumpla su rol hegemónico.
Una sociedad en su compleja diversidad se organiza y constituye a través de espacios de poder y de interacción donde se condensan y proyectan las principales características que podrán incidir en la producción y apropiación del sentido con el que la ciudadanía asume las identidades de clases que hacen posible el reconocimiento del otro en su participación política.
La vida cotidiana del ser social de cada uno de los individuos del colectivo pasa indiscutiblemente por un proceso de construcción y representación de aquellos valores asociados a la justicia y a la equidad consagrados por el orden político para que todos en su mayoría, puedan obtener el disfrute de los bienes públicos en común necesarios para que la conflictividad inherente a los intereses de clase, logre sus mayores niveles de tolerancia o disuasión.
Al menos este es el ideal de la democracia, lato sensu, pues se trata de lograr equilibrios mínimos entre la ciudadanía y sus principales actores sociales respecto a las condiciones de convivencia que emergen no sólo de la obediencia a las normas legales, sino también de las que pueden ser resultado de prácticas axiológicas toda vez que se trata de legitimar el orden político instaurado que sirve de contexto al desarrollo progresivo de la sociedad en el tiempo.
La tarea que debe emprender el Estado en cuanto receptor y ejecutor de praxis democráticas que implican efectivamente el sostenimiento del sistema político, por medio de la participación de la ciudadanía en la gestión de sus políticas públicas, requiere que éste disponga de procesos de integración social con capacidad de convocatoria para que la participación ciudadana sea colaborativa y comprometida en el logro del Estado de bienestar al que se aspira.
Al respecto, uno de los objetivos a cumplir para el logro de una convivencia capaz de neutralizar las
contradicciones que suscita la conflictividad social y las diversas causas que la generan, es la supresión de la violencia como expresión y compulsión de la fuerza que en modo alguno debe convertirse en principio de control social por parte del Estado. Es obvio que el Estado posee las competencias normativas para gerenciar la fuerza directa o indirecta en el ámbito de la vida pública, pero se trata de señalar y a la vez cuestionar, que quizás no es esta efectividad de su fuerza la que puede caracterizarlo como un Estado democrático.
El correlato político entre Estado y vida ciudadana debería estar asociado por una cultura del deber ser cuyo desiderátum es el de la paz. Así lo entendía el idealismo kantiano: el deber a la convivencia es actuar en concordia desde una moral pública. Por lo tanto, el Estado moderno se vale del Derecho para poder avanzar es esa intención de fraguar un sistema de normas donde la coexistencia de la ciudadanía siempre opte por el bien que le procura la obediencia a la ley que dota del sentido de justicia y equidad a todos los registros de la vida pública.
Lamentablemente, los principios universales del idealismo, en poco o nada, se vinculan con la realidad fáctica del ejercicio del poder que sirve de fundamento a la política del Estado. El esfuerzo retórico por interpretar los medios y fines de las normas respecto al bien común que todos se merecen pasar por una permanente recomposición del status de los derechos que se les consagran a los ciudadanos en su condición, incluso, de seres humanos. Dista de la realidad práctica y concreta, la aplicación suficiente de normas y
leyes donde se reconozca la presencia pacifista del Estado en los espacios del hábitat ciudadana pública y popular.
Los severos problemas que han ocasionado los procesos excluyentes de la producción y el consumo del Estado neoliberal han acentuado sus insuficiencias y contradicciones y su incapacidad para responder a la anomia del orden social, que lo transforma cada vez más en un sistema coactivo y punitivo. Se radicaliza su función represora y se pierde el horizonte del consenso como instancia de mediación que tiene la ciudadanía para desarrollar sus prácticas deliberativas. Es casi inevitable la situación de crisis por la que atraviesa este tipo de Estado que cada vez más, coloca en riesgo de pérdida la paz cívica. Se precipitan en el espacio público fuerzas adversas que reaccionan con intolerancia a las normas y terminan muchas veces por rebasarlo a causa de su ausencia de los escenarios donde se trama la conflictividad de realidad, porque también él termina al servicio de estrategias o alianza de clases hegemónicas enquistadas en el poder.
En el marco de estas reflexiones presentamos al público lector de este primer dossier especial de Utopía y Praxis Latinoamericana, a un granado grupo de investigadores de la Universidad Católica de Bogotá estudiosos de la criminología de nuestro continente, quienes comparten los resultados de sus diversos proyectos de investigación y tratan la importancia teórica, metodológica y epistemológica de esta ciencia para la comprensión, evaluación y alternativas de cambio que debe darse en la estructura policlasista del Estado en América Latina, destacando, sobre todo, las particularidades de la sociedad y el Estado colombiano.
Unos resultados que van a contribuir con toda pertinencia al acervo científico que se debe incrementar en las ciencias sociales de América Latina, con la finalidad de participar en el análisis y diagnóstico, de forma y de fondo, que requieren los ingentes problemas que se viven en nuestras regiones. La riqueza del sugestivo trabajo intelectual que han desarrollado los investigadores invitados es de mérito puesto que se han colocado varios puntos sobre las íes al modelo positivista e ideológico que ha prevalecido en la concepción del derecho y su aplicación en la resolución de la conflictividad social. Los diversos temas de estudio propuestos, cruzan con todo éxito las fronteras disciplinares de la criminología y logran tejer otros objetos de estudios en sincronía con una de sus categorías más emblemáticas: “punitividad”, desde el derecho penal, populismo, seguridad, postconflicto, violencia de género, criminalización, hasta los medios de comunicación. Una traza epistémica que se remarca y se articula en todos los artículos, para fortalecer con creces a la comunidad de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Bogotá, que asume en el escenario internacional el reto de la investigación crítica.