Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 29 No. 106, 2024, 581-592
ABRIL-JUNIO
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423
Como citar: Mora, C. O., Ortíz, K. H., y Silva, R. (2024). Fortalecimiento de la transparencia en
México: Responsabilidad social y participación ciudadana como impulsores de
democracia y eficiencia gubernamental. Revista Venezolana De Gerencia, 29(106), 581-592. https://doi.org/10.52080/rvgluz.29.106.8
Fortalecimiento de la transparencia en
México: Responsabilidad social y participación ciudadana como impulsores de
democracia y eficiencia gubernamental
Mora Pérez, César Omar*
Ortíz Palafox, Karla Haydeé**
Silva Robles, Rigoberto***
Resumen
El fortalecimiento de la transparencia como un instrumento del derecho a la información se ha concretado mediante mecanismos normativos e instituciones diseñadas para su garantía. Sin embargo, este refuerzo también emana de la supervisión y acompañamiento realizados por la sociedad civil. El propósito de dicha investigación es analizar como la participación ciudadana y la responsabilidad social desempeñan funciones cruciales en este proceso, aportando de manera significativa al fortalecimiento integral de la sociedad civil. Para responder dicho planteamiento se propone una metodología estructurada a partir del paradigma de investigación cualitativo, con un análisis descriptivo y exploratorio que recurre a fuentes documentales desde un enfoque histórico hermenéutico. Se concluye que estas acciones consolidan su papel como agentes de cambio y defensores de los valores fundamentales, destacando la importancia de la colaboración activa de la sociedad en la construcción de una comunidad más robusta y ética. Además, la creación de espacios para la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones públicas, garantiza la vigilancia y el cumplimiento de la transparencia gubernamental, fomentando la rendición de cuentas y estableciendo una nueva dinámica en la relación entre el gobierno y la sociedad. Este enfoque impulsa la democracia y la eficiencia gubernamental, evidenciando la necesidad de una interacción más estrecha entre ambas instancias para lograr un sistema más justo y transparente.
Palabras clave: transparencia; responsabilidad social; participación ciudadana; eficiencia gubernamental.
Recibido: 04.12.23 Aceptado: 20.02.24
* Doctor en Estudios Fiscales con orientación en Hacienda Pública, miembro de CIMTRA, REDAAP y AMEDI. Profesor de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara. Email: cesar.moraperez@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3917-1144
** Doctora en Ciencias Sociales, miembro de Red Académica de Asuntos Públicos, Profesor de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara. Email: karla.palafox@cucea.udg.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4836-7074
*** Doctor en Ciencias Sociales, miembro de CIMTRA y de REDAAP, Profesor de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara. Email: rigoberto.silva@academicos.udg.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7534-6530
Strengthening transparency in Mexico: social accountability and citizen participation as drivers of democracy and government efficiency
Abstract
The strengthening of transparency as an instrument of the right to information has been implemented through regulatory mechanisms and institutions designed to guarantee it. However, this reinforcement also emanates from the supervision and accompaniment carried out by civil society. The purpose of this research is to analyze how citizen participation and social responsibility play crucial roles in this process, contributing significantly to the comprehensive strengthening of civil society. To answer this approach, a structured methodology based on the qualitative research paradigm is proposed, with a descriptive and exploratory analysis that resorts to documentary sources from a hermeneutic historical approach. Concluding that these actions consolidate their role as agents of change and defenders of fundamental values, highlighting the importance of the active collaboration of society in the construction of a more robust and ethical community. In addition, the creation of spaces for civil society participation in public decision-making ensures the monitoring and enforcement of government transparency, fostering accountability and establishing a new dynamic in the relationship between government and society. This approach boosts democracy and government efficiency, highlighting the need for closer interaction between the two bodies to achieve a fairer and more transparent system.
Keywords: Transparency; social responsibility; citizen participation; government efficiency.
1. Introducción
En el contexto político y social de México, el fortalecimiento de la transparencia se ha erigido como un pilar fundamental para garantizar el derecho a la información. A lo largo de los años, este proceso ha sido impulsado tanto por mecanismos normativos e institucionales diseñados para su protección como por la supervisión activa de la sociedad civil. Sin embargo, más allá de la mera aplicación de leyes y reglamentos, el verdadero impulso hacia una mayor transparencia gubernamental ha sido alimentado por la participación ciudadana y el ejercicio de la responsabilidad social.
El presente estudio se adentra en el análisis de cómo la participación ciudadana y la responsabilidad social juegan un papel crucial en este proceso de fortalecimiento de la transparencia en México. En este sentido, se propone una metodología cualitativa, exploratoria y descriptiva para abordar esta temática con el fin de comprender la profundidad de su impacto y alcance en la sociedad mexicana.
A través de esta investigación, se busca no solo documentar la contribución de la participación ciudadana y la responsabilidad social al fortalecimiento de la transparencia, sino también destacar su papel como impulsores de la democracia y la eficiencia gubernamental. Se argumenta que estas acciones no solo consolidan el papel de la sociedad civil como agentes de cambio y defensores de los valores fundamentales, sino que también son fundamentales para la construcción de una comunidad más sólida y ética.
Asimismo, se pondrá énfasis en la importancia de la creación de espacios que permitan una participación de la sociedad civil en la toma de decisiones públicas, lo que garantiza una vigilancia constante y el cumplimiento de los principios de transparencia gubernamental. Esta nueva dinámica en la relación entre el gobierno y la sociedad no solo promueve la rendición de cuentas, sino que también impulsa la democratización del proceso de toma de decisiones y, en última instancia, fortalece la legitimidad de las instituciones gubernamentales.
Este estudio sostiene que el fortalecimiento de la transparencia en México va más allá de la implementación de medidas regulatorias; implica una colaboración activa entre el gobierno y la sociedad civil, donde la participación ciudadana y la responsabilidad social son elementos clave para construir un sistema más justo, democrático y transparente. Por consiguiente, dicha investigación es analizar como la participación ciudadana y la responsabilidad social desempeñan funciones cruciales en este proceso, aportando de manera significativa al fortalecimiento integral de la sociedad civil
Se destaca que para lograr el objetivo se empleó una metodología cualitativa, descriptiva y exploratoria para profundizar en esta investigación y comprender más ampliamente el panorama de la transparencia en México.
2. Sociedad civil
En principio, se aborda la noción de sociedad civil. De acuerdo con Pérez-Prat (2004), el concepto de sociedad civil es más amplio que la conceptualización de organizaciones no gubernamentales (ONG). Por una parte, las ONG se caracterizan por tener un carácter privado, por ser independientes de los gobiernos, es indistinto su alcance y no buscan fines lucrativos. Por otra parte, cuando se habla de sociedad civil, además de incluir a las ONG, se habla de la liberalización de fuerzas sociales, de sus relaciones autónomas, de sus interacciones con la esfera estatal, en donde pueden convertirse en un espacio de acción política.
La sociedad civil es una categoría amplia y diversa que integra pueblos, grupos, organizaciones y sectores, hasta movimientos sociales, partidos políticos, grupos religiosos, ONG y empresa privada (Guzmán y Gilda, 1996), esta pluralidad de actores, por lo menos en el discurso, trabajan en favor de la dignidad y los derechos humanos (Guzmán y Gilda, 1996).
Es relevante resaltar la participación ciudadana y la responsabilidad social como elementos clave dentro de la sociedad civil. La participación ciudadana implica la intervención activa de los individuos en la toma de decisiones y en la configuración de políticas públicas. Por otro lado, la responsabilidad social, entendida como el compromiso ético de las entidades, ya sean organizaciones o empresas, hacia la sociedad y el medio ambiente, añade una dimensión ética y sostenible a las acciones de la sociedad civil. Estas dos facetas, participación ciudadana y responsabilidad social, contribuyen de manera significativa al fortalecimiento de la sociedad civil en su conjunto, consolidando su papel como agente de cambio y defensor de los valores fundamentales.
En un marco de protección a los derechos humanos no es posible imaginar a la sociedad civil apartada del Estado, o viceversa, toda vez que ambas partes deben comulgar con el mismo objetivo de la dignidad humana (Ribeiro, 2010). Por lo que una característica de la sociedad civil es su pertenencia a una dimensión institucional poco utilizada: lo público no estatal (Bresser y Nuria, 1998), ya que estas organizaciones actúan en nombre del bien público a través del activismo ciudadano.
Bajo esta dimensión, la sociedad civil, como un conjunto amplio y diverso de instituciones sociales, forma parte de una nueva relación gobierno-sociedad que busca la inclusión de la sociedad en la toma de decisiones, esto ha sido reconocido en los diversos pactos y convenciones internacionales de las Naciones Unidas a través de los últimos treinta años (Gutiérrez de Velasco, 1999).
En México, el andamiaje de la sociedad civil ha sido prolongado. Robles (2019) señala que fue a partir del movimiento estudiantil popular de 1968 que aparecieron un conjunto de asociaciones civiles a partir de la falta de democracia y el autoritarismo del gobierno federal, por lo que su preocupación y lucha se centraba en los derechos humanos, la democratización de la sociedad, la educación popular y las desapariciones, entre otros. Sin embargo, fue hasta el terremoto de septiembre de 1985 que la sociedad civil independiente y organizada surgió en una etapa de maduración (Mendoza y Alcázar, 2017) (Robles, 2019). Posterior a estos acontecimientos, surgieron nuevas corrientes de la sociedad civil a manera de respuesta autónoma de la ciudadanía que distaba de la actuación clientelar y corporativa del asistencialismo gubernamental (Robles, 2019).
Fue hasta 2003, después de cuarenta años, que producto de diversas y complejas etapas se aprobó la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC) que reconocía el carácter de interés público de las organizaciones de la sociedad civil, generando la obligación del Estado mexicano de fomentar una serie de actividades, incluidos los derechos humanos. En la actualidad existen 43,609 organizaciones de la sociedad civil inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, de las cuales, 12,500 se encuentran activas y 31,009 inactivas, siendo la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Jalisco las que más registros activos presentan.
Las organizaciones de la sociedad civil ofrecen un espacio para el debate de ideas, el planteamiento de soluciones, la evaluación del Estado, la defensa de los derechos humanos y la construcción de comunidad, más en sociedades diversas, plurales y complejas (Sánchez y Jaime, 2021).
La sociedad civil y la participación ciudadana también se han considerado como “un derecho legítimo, un elemento fundamental en los sistemas democráticos, que se vuelve representativo e inclusivo en el proceso de la toma de decisiones” (Ortíz, 2022: 1363).
Se puede asegurar que en toda sociedad democrática hay muchos actores con intereses en el espacio público, esto es normal en sociedades abiertas, plurales y diversas que buscan espacios para expresar las inquietudes y demandas sociales. Una característica del pluralismo y la democratización de una sociedad es la propia existencia de organizaciones de la sociedad civil en la que participan a través de diferentes manifestaciones de su agenda, esto es, habrá tantas agendas de la sociedad civil como intereses en una sociedad diversa y compleja, por lo que se convierten en actores importantes para la rendición de cuentas y esta es clave para mantener el control y equilibro evitando los abusos de poder.
3. Enfoques relacionados con el fortalecimiento de la sociedad civil
Como se ha mencionado, la lucha en contra del autoritarismo, contra las desapariciones, por la protección de derechos humanos, por la democratización de la sociedad, por la educación popular y por el medo ambiente fueron los principales elementos que dieron origen a la conformación de agendas específicas en la sociedad civil. La búsqueda social por mejores resultados del gobierno y la toma de decisiones que permita atender estas agendas es la base para analizar el fortalecimiento bajo enfoques como gobernanza y el principio de controles y equilibrios (check and balance).
El modelo de gobernanza surge, en principio, a partir de la democratización de los regímenes autoritarios, en donde la democracia se consolida como una forma de gobierno que acredita ser realmente eficaz al tratar los asuntos inquietantes de una sociedad, además se presenta como una respuesta a la incapacidad del gobierno, que permite implementar un nuevo proceso de gobernar para dar forma a una nueva conducción y coordinación de la sociedad, dado que el gobierno por sí solo, con sus capacidades, facultades y recursos, ya no puede definir la agenda de la sociedad y menos realizarla (Aguilar, 2020).
Lo anterior implica un nuevo modelo de gestión en la relación del gobierno con la sociedad, enfocando la acción del gobierno en la dirección de la sociedad, pero no se reduce solo a esta acción, sino que incluye además la acción de actores económicos y sociales, por lo que la gobernanza implica
Capacidad de decisión e influencia que los actores no gubernamentales (empresas económicas, organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento autónomos, organismos financieros internacionales) han adquirido en el procesamiento de los asuntos públicos (…) En sentido estricto es una forma de asociación y coordinación del gobierno con las organizaciones privadas y sociales en la implementación de las políticas y la prestación de servicios. (Serna, 2010: 67)
De acuerdo con Aguilar (2010>85) este modelo se fundamenta en que,
(…) la sociedad requiere ascender a un nivel superior de información, inteligencia, recursos, organización y eficiencia que rebasa las potencialidades del actor gubernamental y las de cualquier actor económico y social, razón por la cual es imprescindible construir formas sinérgicas de deliberación, interacción y asociación público–privada y gubernamental–social.
Esto lleva a una modalidad renovada de interacción entre el gobierno, la sociedad civil y los individuos, estableciendo una relación más abierta y equitativa. La justificación subyace en el desarrollo de habilidades más amplias y eficaces para abordar, o al menos afrontar, los desafíos que afectan a nuestras comunidades (Aguilar, 2013).
En principio ha quedado de manifiesto la necesidad de una nueva forma de relación del gobierno con la sociedad, la participación de la sociedad civil es fundamental para diseñar e implementar una agenda pública orientada a la sociedad. Pero no solo la participación de la sociedad civil se enfoca a una toma de decisiones, la sociedad civil se ha convertido en un actor clave en el equilibrio de lo público ante el autoritarismo, la defensa de los derechos humanos y el abuso del poder. El dinamismo y la capacidad de organización han sido elementos característicos de esta lucha por parte de la sociedad civil, esto implica que cuando el gobierno es autoritario, no toma en cuenta las necesidades o transgrede los propios derechos humanos, es la sociedad civil la que de manera organizada y bajo los principios de libertad de expresión hace frente a estos abusos de poder y se vuelve un contrapeso natural para el cumplimiento de las propias obligaciones del Estado.
En este sentido, es posible relacionar esta capacidad de la sociedad civil con el principio de controles y equilibrios, establecido a partir del modelo de separación de poderes como una característica del Estado de derecho, especialmente aplicado en Estados Unidos, el cual que divide el gobierno en ramas separadas, cada una de las cuales tiene poderes separados e independientes.
Como lo señala González (2017) principio de controles y equilibrios como forma de organización del poder público de manera constitucional, impide la centralización del poder, por lo que frena la autocracia, toda vez que tiene su origen en “la necesidad de evitar que el poder público se concentre de manera tal que pueda someter y subordinar al pueblo a sus dictámenes” (Como se citó en Torres, 2014: 23).
Este modelo surge a partir del Barón de Montesquieu y su obra “El Espíritu de las Leyes” (1748) a través de la cual se establece el equilibrio que deben tener los poderes y a su vez controlados en la concepción de los “Checks and Balances” (González, 2017).
En México, el sistema de controles y equilibrios está consagrado en el artículo 49 de la Constitución, por lo que la asignación de determinadas competencias a distintos órganos y la distribución de tareas legislativas, ejecutivas y judiciales, con el objeto de crear dispositivos de separación, de control, de colaboración o de mutua vigilancia (Villanueva, 2014).
Aunque la sociedad civil no es un poder público, actúa dentro de lo púbico, por lo que, siguiendo la comprensión teórica del principio de controles y equilibrios, se debe tener en cuenta la complejidad de la realidad social y la configuración del Estado, incluyendo otros aspectos más allá de las funciones tradicionales del Estado, su necesaria colaboración y su recíproco control (Cortés, 2010).
En este sentido, queda de manifiesto que el principio de controles y equilibrios al ejercicio del poder es necesario para fortalecer el Estado de derecho. Con base en elÍndice de Estado de derecho en México del Word Justice Project que se elabora a partir de las perspectivas y experiencias de ciudadanos y expertos en el país, la efectividad de los contrapesos o límites al poder gubernamental se puede observar en la dimensión “límites al poder gubernamental” en donde los resultados para el año 2018 muestran que los contrapesos mejor evaluados en el país son los no gubernamentales, es decir, la sociedad civil y la prensa, esta última que facilita el derecho a la información (WJP, 2018).
Lo anterior, de acuerdo con el resultado, implica que las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos y los medios de comunicación actúan como los contrapesos más efectivos al poder al monitorear el actuar de los gobernantes, exigir su rendición de cuentas y manifestarse en contra de las acciones del gobierno cuando no están de acuerdo con ellas (WJP, 2018). Sin embargo, los resultados del índice 2021-2022, aunque mantienen a las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos y los medios de comunicación como los más efectivos ante el poder público, muestran una contracción (WJP, 2022), por lo que este resultado debe analizarse a detalle, toda vez que estos contrapesos previenen el abuso del poder y fomentan la rendición de cuentas. Esto puede ser el resultado de los diversos enfrentamientos públicos que la sociedad civil y los medios de comunicación han tenido con los entes gubernamentales y la respuesta del gobierno atacando su credibilidad.
4. Participación de la sociedad civil en el fortalecimiento de la transparencia
A partir de algunas evidencias teóricas y empíricas se confirma que en México la ciudadanía tiene mayor interés en los contenidos y resultados de las políticas públicas, así como la forma en la que se procesan y deciden los asuntos públicos en la agenda de gobierno (González, 2020), incluidos los derechos humanos. Esta incidencia se muestra con una mayor legitimación social, su visibilidad y, sobre todo, en el incremento de su capacidad para influir, aunque sea todavía de manera inicial, en el diseño, gestión, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como en las decisiones de otros sectores de la sociedad (Sánchez, 2006).
Como lo señala Sánchez (2006) la construcción de lo público se había entendido como responsabilidad exclusiva del gobierno, sin embargo, lo público ha de entenderse como el lugar de actuación de todos y no solo del gobierno, por ello, la participación de la sociedad civil coadyuva en el andamiaje de los derechos fundamentales, como lo es el derecho a la información, además de la rendición de cuentas.
La sociedad civil de nuestro país ha participado de manera activa, en más de un par de décadas, en proponer mecanismos de mejora, en la vigilancia y la evaluación del cumplimiento del derecho a la información y la transparencia gubernamental.
En principio, es preciso recordar que el antecedente más importante de la libertad de expresión se encuentra plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1948, que manifiesta lo siguiente:
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. (párr. 6)
En este sentido, el derecho a la información (como parte de la libertad de expresión o la libertad de información) comprende tres facultades interrelacionadas: la de buscar, recibir o difundir informaciones, opiniones o ideas (López-Ayllón, 2000). De acuerdo con López-Ayllón (2000), el derecho a la información incluye las libertades tradicionales de expresión e imprenta, pero es más amplio debido a que extiende la protección no solo a la ‘‘búsqueda’’ y ‘‘difusión’’, sino también a la ‘‘recepción’’ de informaciones, opiniones o ideas por cualquier medio. Esta es la forma en cómo se materializa la transparencia gubernamental.
Sosa (2011) conceptualiza a la transparencia como una característica de la actuación de las organizaciones públicas y de quienes las conforman y las hacen funcionar. En sentido estricto, la transparencia es un atributo como resultado de las políticas de acceso a la información que implementen las agencias públicas (Mora, 2020). En esta misma línea, Merino (2005) señala que la transparencia es un derecho ciudadano que sirve para impedir la apropiación privada de los espacios públicos, el autor habla en este sentido de un instrumento cuyo propósito explícito es vigilar que las cosas ocurran conforme lo establecen las reglas del juego.
En nuestro país el derecho a la información se estableció en la constitución en el año 1977, a través de una reforma al artículo sexto constitucional, incorporándolo con la finalidad de que los partidos políticos pudieran difundir sus propuestas en los medios de comunicación y que la sociedad las conociera. Fue hasta el año 2000 en que se reconoció el derecho a la información como una garantía individual, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se constituyó como una garantía exigible al Estado para proporcionar información veraz, completa y objetiva. Otro antecedente fue la difusión de los resultados de la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno realizada en el 2001 por Transparencia Mexicana, que, si bien no se relacionaba directamente con el derecho a la información o el acceso a la información, propició la socialización del concepto “transparencia” asociado a la honestidad o ausencia de corrupción (González, 2020).
Hasta ese momento, la participación de la sociedad civil en la transparencia no había sido tan activa. Sin embargo, posterior a ello es que inicia el activismo en pro del derecho a la información y la transparencia. En 2001 se realizó el Seminario Nacional “Derecho a la Información y Reforma Democrática” organizado por la Universidad Iberoamericana, la Fundación Información y Democracia, la Fundación Konrad Adenauer, la Asociación de Editores de los Estados, la Asociación Mexicana de Editores y la Fraternidad de Reportes, además de académicos y periodistas, en este seminario surgió el denominado “Grupo Oaxaca” el cual incidió en el posicionamiento de la necesidad de legislar en materia de acceso a la información (González, 2020).
“El 11 de junio del 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley federal de Transparencia. Con 64 artículos, esta permitió dar a México un salto importante, junto a ella nace el IFAI” (Silva, 2023:1). Posterior a ello, se crearon las leyes locales en cada una de las entidades, proceso que duró del 2002 al 2007. Otro movimiento en pro de la transparencia se realizó en el año 2005, con el Primer Congreso Nacional de Transparencia Local, que concluyó con la firma de la “Declaración de Guadalajara”, en la que después de un diagnóstico completo sobre las leyes locales y de las reglamentaciones municipales, se propuso una reforma constitucional que incorporara los requisitos mínimos de transparencia a cumplir a nivel nacional (Alonso, 2013). Este evento fue organizado por el Ayuntamiento de Guadalajara y contó con la participación de los Gobernadores de Aguascalientes, Coahuila y Zacatecas.
Otra participación de la sociedad civil y particularmente de la academia se realizó en 2007, año en donde se creó el “Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México”, documento publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Posterior a ello se crea en el 2015 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tuvieron un plazo de hasta un año, para armonizar las leyes relativas a su ámbito de competencia, de acuerdo con el Transitorio Quinto. En este mismo año se crea el Sistema Nacional Anticorrupción.
Durante este proceso, diversas organizaciones de la sociedad civil han contribuido al fortalecimiento de la transparencia, entre otras:
I. Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Es un centro de investigación en política pública que ha diseñado y evaluado la transparencia presupuestal a través del Barómetro de Información Presupuestal Estatal y el Barómetro de Información Presupuestal Municipal. Estas evaluaciones han permitido conocer la disponibilidad de información y el desagregado de la misma a la sociedad.
II. Artículo 19 México y Centroamérica. Es una organización que promueve y defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia. A través de su programa de derecho a la información centra sus actividades en la incidencia, promoción y defensa del derecho a la información de la sociedad en los temas de transparencia. medios, pluralidad mediática y derecho a la verdad.
III. México Evalúa. Es un centro de pensamiento y análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental para elevar la calidad de sus resultados. A través de sus programas en Gasto Público y Anticorrupción promueven una hacienda pública transparente y participativa, así como el impulso a mecanismos de transparencia en el manejo de las políticas públicas.
IV. Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI). Es una organización encargada de promover el cumplimiento de los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.
V. Colectivo de Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA). Es un grupo de organizaciones civiles en alianza voluntaria cuyo objetivo es evaluar y fomentar la transparencia en los gobiernos y congresos locales para mejorar rendición de cuentas y el marco normativo en la materia, mediante la aplicación y procesamiento de herramientas de medición, evaluación y seguimiento.
VI. Transparencia Mexicana (TM). Es una organización de la sociedad civil dedicada al control de la corrupción en México.
VII. Fundar Centro de Análisis e Investigación. Se dedica a la incidencia en políticas e instituciones públicas a través de la construcción y socialización de conocimiento especializado, de la reflexión crítica y propositiva, así como de la experimentación y vinculación con actores civiles, sociales y gubernamentales.
VIII. Red por la Rendición de Cuentas (RRC). La organización busca ser una red incluyente y dinámica, capaz de sumar y coordinar las acciones del mayor número posible de organizaciones académicas y sociales, de instituciones públicas y de medios de difusión, comprometidos con el diseño, la puesta en marcha y el seguimiento de una verdadera política de rendición de cuentas en México. Actualmente, cuenta con más de 70 miembros.
Estas, entre otras organizaciones, han aportado con sus propuestas, análisis, investigaciones, evaluaciones, posicionamientos comunicados, eventos o demás actividades al fortalecimiento de la transparencia, participando activamente. Uno de los elementos que cobró relevancia en el fortalecimiento de la transparencia fue la integración en la Ley General y, por ende, en las leyes locales, de un Consejo.
Consultivo al órgano garante, el cual debe estar integrado por personas con experiencia en transparencia y en derechos humanos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia. Este punto puede considerarse una conquista que fortalece la transparencia y la rendición de cuentas. Inclusive, una buena práctica de estos Consejos Consultivos es el caso de Jalisco, en donde este órgano ciudadano conduce parte del proceso de elección de los Comisionados del órgano garante.
Otra conquista de la sociedad civil es la creación de las Comisiones de Selección y de los Comités de Participación Ciudadana a nivel nacional, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. La Comisión de Selección está integrada por representantes de universidades y de la sociedad civil, quienes será los encargados de nombrar a los integrantes de los Comités de Participación Ciudadana, integrados por ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, teniendo como atribuciones, considerando de nueva cuenta el caso de Jalisco, además de la vinculación con las organizaciones sociales y académicas, la evaluación técnica de aspirantes a diversos cargos de elección mediante convocatoria pública del Congreso del Estado.
Estos dos organismos, tanto los Consejos Consultivos como los Comités de Participación Ciudadana, son ejemplos de un nuevo modelo de gestión en donde en la toma de decisiones en materia de transparencia participa la sociedad civil y además es un contrapeso natural de la acción pública, en donde es posible participar y vigilar el cumplimiento de los entes públicos en materia de transparencia.
6. Conclusiones
En este documento, se destaca la vital importancia de la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, especialmente en el contexto del fortalecimiento de la transparencia. En nuestro país, diversas organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel crucial al mejorar los mecanismos y el acceso a la información, aunque el camino hacia la transparencia aún está en curso.
La evolución social impulsada por estas organizaciones no solo facilita la creación de redes, fundamentadas en la confianza y corresponsabilidad entre sus miembros, sino que también contribuye al mantenimiento de objetivos comunes. En el ámbito de la transparencia, las organizaciones de la sociedad civil han logrado instaurar mecanismos formales, como los Consejos Consultivos y los Comités de Participación Ciudadana, que funcionan como órganos de vigilancia, consulta y opinión.
A pesar de las resistencias derivadas de la resistencia paradigmática al control público por parte de los funcionarios en el poder, la capacidad de movilización, coordinación y legitimación de estas organizaciones brinda visibilidad y la capacidad de influir en la sociedad, contrarrestando estrategias de debilitamiento institucional desde el ámbito gubernamental.
La sociedad civil y las organizaciones asumen el compromiso de continuar la lucha por la transparencia y el acceso a la información, como lo han hecho durante más de dos décadas, en beneficio de la sociedad. Este compromiso refleja su responsabilidad social y contribuye a la eficiencia gubernamental al insistir en la importancia de estos principios fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y participativa.
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