Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 29 No. 105, 2024, 77-93
enero-marzo
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423
Como citar: Aaron Zubiria, L. M. (2024). Desafíos y perspectivas de la política pública del envejecimiento en Colombia. Revista Venezolana De Gerencia, 29(105), 77-93. https://doi.org/10.52080/rvgluz.29.105.6
Desafíos y perspectivas de la política pública del envejecimiento en Colombia
Aaron Zubiria, Lili María*
Resumen
El envejecimiento de la población es un fenómeno global que presenta desafíos significativos para los gobiernos y las sociedades en general. La política pública del envejecimiento busca garantizar los derechos y el bienestar de las personas mayores, promoviendo su inclusión social y su participación en la sociedad. Colombia no es una excepción, y la política pública del envejecimiento se ha convertido en una prioridad para el Estado. Este artículo se centra en brindar una visión reflexiva sobre los desafíos y perspectivas de la política pública del envejecimiento bajo un enfoque de derechos humanos. El estudio se llevó a cabo mediante una revisión de la normativa vigente. Se utilizó el método de análisis documental. Los principales hallazgos revelan que la política pública del envejecimiento ha logrado en términos formales avances significativos en términos de mejora en la calidad de vida de las personas mayores, promoción de la inclusión social, fortalecimiento de la protección social y fomento del envejecimiento activo y saludable. Sin embargo, persisten desafíos importantes, como la necesidad de recursos adecuados, barreras en el acceso a servicios de salud, discriminación y estigmatización, así como la coordinación intersectorial. En conclusión, la política pública del envejecimiento en Colombia debe evolucionar hacia un enfoque más inclusivo y centrado en los derechos humanos. Esto implica no solo garantizar el acceso a servicios básicos, sino también fomentar un cambio cultural que valore y respete la contribución continua de las personas mayores a la sociedad. Solo a través de un compromiso colectivo con los principios de dignidad, igualdad y respeto se pueden superar los desafíos y aprovechar las oportunidades que el envejecimiento de la población presenta para la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todas las edades.
Palabras clave: envejecimiento; política pública; desafíos; perspectivas políticas.
Recibido: 20.04.23 Aceptado: 27.07.23
* Trabajadora Social, egresada de la universidad de La Guajira. Especialista en Sistemas de calidad y auditorías de servicios de salud Universidad Popular del César, magister en Gerencia de proyectos de investigación y desarrollo URBE. Estudiante de Doctorado Estudios de Familias Universidad de Caldas IV semestre. Docente Ocasional T.C. adscrita a la Facultad Ciencias Sociales y Humanas Uniguajira. E-mail: lmariaaron@uniguajira.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4105-0541
Challenges and perspectives of the public policy on aging in Colombia
Abstract
Population aging is a global phenomenon that presents significant challenges for governments and societies in general. Public policy on aging seeks to guarantee the rights and well-being of the elderly, promoting their social inclusion and participation in society. Colombia is no exception, and public policy on aging has become a priority for the State. This article focuses on providing a reflective view on the challenges and perspectives of public policy on aging under a human rights approach. The study was carried out through a review of current regulations. The documentary analysis method was used. The main findings reveal that public policy on aging has formally achieved significant progress in terms of improving the quality of life of the elderly, promoting social inclusion, strengthening social protection and promoting active and healthy aging. However, important challenges remain, such as the need for adequate resources, barriers in access to health services, discrimination and stigmatization, as well as intersectoral coordination. In conclusion, public policy on aging in Colombia must evolve towards a more inclusive and human rights-based approach. This implies not only ensuring access to basic services, but also fostering a cultural change that values and respects the ongoing contribution of older people to society. Only through a collective commitment to the principles of dignity, equality and respect can we overcome the challenges and take advantage of the opportunities that population aging presents for building a more just and equitable society for all ages.
Keywords: Aging; public policy; challenges; perspectives.
1. Introducción
En Colombia, la población está experimentando un proceso de envejecimiento acelerado debido a la disminución de la tasa de natalidad y al aumento de la esperanza de vida. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, más del 10% de la población colombiana tenía 60 años o más. (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas [DANE], 2018).
Sin embargo, esta transformación demográfica no está exenta de complicaciones. Existe una brecha en el acceso a servicios de salud, seguridad social y vivienda entre las personas mayores, especialmente aquellas en situación de pobreza o pertenecientes a comunidades marginadas. El envejecimiento de la población plantea desafíos en términos de sostenibilidad de los sistemas de seguridad social y salud, ya que se requieren recursos financieros adecuados para atender las necesidades de una población cada vez más grande de personas mayores. La implementación de políticas y programas relacionados con el envejecimiento puede verse obstaculizada por la falta de coordinación interinstitucional, lo que afecta la eficacia de las medidas adoptadas.
Se espera que las políticas públicas promuevan el envejecimiento activo, fomentando la participación, el aprendizaje continuo y la contribución de las personas mayores a la sociedad. Se busca mejorar la atención integral a través de servicios de salud adaptados a las necesidades de las personas mayores, así como la promoción de espacios de socialización y bienestar. Las perspectivas apuntan a fomentar la participación y la inclusión de las personas mayores en la toma de decisiones y en la formulación de políticas, para asegurar que sus necesidades y derechos sean considerados. La tecnología y la innovación pueden desempeñar un papel importante en el apoyo a las personas mayores, facilitando la conectividad, el acceso a la información y la atención médica.
El análisis de los desafíos y perspectivas de la política pública del envejecimiento en Colombia a partir de la aprobación de la Constitución de 1991 y los instrumentos jurídicos internacionales resalta la importancia de continuar avanzando hacia una sociedad inclusiva y justa para todas las edades. La integración de marcos normativos internacionales con la realidad nacional, la atención a la desigualdad y la vulnerabilidad, y la promoción de una perspectiva integral y participativa son elementos clave para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que el envejecimiento presenta en Colombia.
El objetivo principal de este artículo se centra en brindar una visión reflexiva sobre los desafíos y perspectivas de la política pública del envejecimiento en Colombia bajo el enfoque teórico de las políticas públicas y los derechos humanos, reconociendo a las personas mayores como sujetos de derechos y promoviendo su inclusión social, protección económica y acceso a servicios de calidad, por lo que se sustenta en la normativa vigente, tanto a nivel nacional como internacional, que establece los marcos legales para el desarrollo de políticas y programas relacionados con el envejecimiento.
Para ello, la metodología utilizada consistió en una revisión hemerobibliográfica, centrada en la recopilación y presentación de información de fuentes impresas que abarcan tanto la literatura académica como las publicaciones periódicas y basamentos jurídicos, proporcionando una visión más completa de los recursos disponibles, que permiten obtener información actualizada y confiable sobre el tema en estudio.
2. Envejecimiento: del panorama global al local
A nivel mundial, el envejecimiento de la población ha llevado a un creciente reconocimiento de la importancia de implementar políticas públicas específicas para atender las necesidades de las personas mayores. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha destacado la necesidad de abordar el envejecimiento como un desafío global, promoviendo el envejecimiento activo y saludable, la protección de los derechos de las personas mayores y la inclusión social (ONU, 2021).
La ONU, a través del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, ha establecido directrices y recomendaciones para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presenta el envejecimiento de la población, las cuales están orientadas a la Promoción de la salud y el bienestar de las personas mayores; Fomento de la participación de las personas mayores en la sociedad; Garantía de la igualdad de oportunidades para las personas mayores; Apoyo a los cuidadores y promoción de la solidaridad intergeneracional; y, Mejora del acceso a servicios de atención y cuidado de calidad (ONU, 2002).
El plan fue adoptado en 2002, y es uno de los hitos importantes en el trabajo de la ONU en esta materia. Este plan busca promover el envejecimiento activo y saludable, así como garantizar la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Además, se centra en áreas clave como la salud, el bienestar, la protección social, el empleo y la formación, la vivienda adecuada y el entorno seguro (ONU, 2002). Asimismo, la ONU ha destacado la necesidad de promover la participación de las personas mayores en la toma de decisiones y en la formulación de políticas que les afecten directamente. Esto implica garantizar su inclusión en los procesos de consulta y participación ciudadana, así como fomentar su contribución a la sociedad en función de sus capacidades y experiencias (ONU, 2021).
En el contexto de América Latina, el fenómeno del envejecimiento demográfico se manifiesta con una notable heterogeneidad entre los distintos países de la región, en términos generales el envejecimiento de la población ha llevado a la adopción de políticas públicas específicas en varios países de la región. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha jugado un papel fundamental en el impulso de estas políticas, al resaltar la importancia de abordar de manera integral los desafíos y las necesidades de las personas mayores. Uno de los aspectos clave que la CEPAL ha enfatizado la necesidad de fortalecer los sistemas de protección social para las personas mayores. Esto implica garantizar el acceso a pensiones y beneficios sociales adecuados que brinden seguridad económica en la vejez. Además, se ha destacado la importancia de ampliar la cobertura de los sistemas de seguridad social y de asegurar que sean inclusivos y equitativos para toda la población (CEPAL, 2018).
En el contexto de Suramérica, el envejecimiento demográfico se presenta de manera heterogénea. En los últimos años, países como Argentina, Chile y Uruguay, han experimentado un rápido proceso de envejecimiento, mientras que otros, como Bolivia y Ecuador, están en una fase temprana de este proceso (CEPAL, 2019). Este panorama diverso puede explicarse a través de numerosos factores interrelacionados.
Las tasas de fecundidad, por ejemplo, juegan un papel esencial en la configuración del perfil demográfico de cada país. Aquellos con tasas de fecundidad históricamente bajas, como Argentina y Uruguay, han experimentado un envejecimiento más rápido debido a la menor incorporación de nuevas generaciones en la población. En contraste, países con tasas de fecundidad relativamente altas, como Bolivia y Ecuador, aún mantienen una proporción significativa de jóvenes en sus poblaciones, retrasando el proceso de envejecimiento (CEPAL, 2019).
La migración también ejerce influencia en esta disparidad, países que han sido destinos tradicionales de migración, como Argentina y Chile, han recibido flujos migratorios que, en algunos casos, han envejecido su población, al atraer a personas adultas en búsqueda de mejores oportunidades. Por otro lado, naciones como Bolivia y Ecuador, han tenido emigración de población joven hacia otros países, lo que ha contribuido a mantener una población más joven en términos relativos (CEPAL, 2019).
Los avances en salud y desarrollo económico también inciden en estas diferencias, países con sistemas de salud sólidos y economías más desarrolladas, como Chile y Uruguay, han logrado prolongar la vida y mejorar la calidad de esta, lo que contribuye al envejecimiento de su población. En contraste, naciones que han experimentado desafíos económicos y sistemas de salud menos robustos, como Bolivia y Ecuador, pueden enfrentar un proceso de envejecimiento menos pronunciado (CEPAL, 2019).
Como es de observar, el envejecimiento demográfico en Suramérica es un fenómeno heterogéneo que refleja la interacción de diversos factores, como las tasas de fecundidad, la migración y el desarrollo socioeconómico. Esta variabilidad entre países tiene implicaciones profundas en términos de políticas públicas, sistemas de salud, seguridad social y la planificación de recursos para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que presenta este proceso demográfico.
Para el caso de Colombia, el Gobierno Nacional ha establecido la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, que busca promover el envejecimiento activo, la inclusión social y el acceso a servicios de calidad para las personas mayores (Decreto 1622 de 2012). Para ello se ha creado el programa “Colombia Mayor”, como una iniciativa emblemática que busca brindar apoyo económico y social a las personas mayores en situación de pobreza (Departamento Nacional de Planeación, 2021). Asimismo, se han implementado estrategias para fortalecer la atención en salud, promover la participación ciudadana y fomentar la formación y capacitación en gerontología (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016), en el marco de las políticas públicas de envejecimiento fomentadas desde los organismos internacionales.
En cuanto a la atención en salud, se han desarrollado programas y políticas para garantizar el acceso a servicios de calidad para las personas mayores. El Ministerio de Salud y Protección Social ha establecido la Guía de Atención Integral en Salud para Personas Mayores de 60 años, que proporciona lineamientos y recomendaciones específicas para la atención de esta población. Se promueve la implementación de servicios especializados en geriatría y gerontología, así como la formación de profesionales de la salud en estas áreas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).
En relación con la participación ciudadana, se han creado espacios y mecanismos para involucrar a las personas mayores en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas. Se fomenta su participación en consejos, comités y espacios de consulta, donde pueden expresar sus necesidades, intereses y propuestas. Además, se promueve la creación de organizaciones y asociaciones de personas mayores, que les permiten articularse, representarse y participar en la vida social y política del país (Decreto 1622 de 2012).
Y en cuanto a la formación y capacitación en gerontología, se han implementado programas educativos y de formación dirigidos a profesionales de diversas disciplinas, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y habilidades en el área de envejecimiento. Se promueve la inclusión de contenidos relacionados con el envejecimiento y la atención a las personas mayores en los currículos académicos, y se fomenta la realización de cursos, diplomados y programas de especialización en gerontología y geriatría (Decreto 1622 de 2012). Estas estrategias reflejan la importancia fundamental de la política pública del envejecimiento en Colombia. Queda claro que la implementación continua y efectiva de estas políticas sigue siendo esencial para garantizar un envejecimiento digno y de calidad para todos los ciudadanos colombianos.
3. Envejecimiento en el contexto colombiano: enfoque de derechos humanos y bases normativas
Los derechos humanos son una parte fundamental del ordenamiento jurídico internacional y constituyen un marco normativo que busca proteger la dignidad, la igualdad y la libertad de todas las personas. Este enfoque teórico se basa en la idea de que todos los seres humanos poseen derechos inherentes y universales que deben ser respetados y protegidos. Por otra parte, la normatividad respalda y promueve la implementación de los derechos humanos, incluyendo tratados internacionales, convenciones y leyes nacionales, lo cual se constituye en punto de interés en este apartado.
a) Enfoque de derechos humanos
La teoría del enfoque de derechos humanos es un marco conceptual utilizado para analizar y abordar los problemas sociales y las políticas públicas desde la perspectiva de los derechos humanos. Esta teoría se basa en la idea fundamental de que todos los seres humanos poseen derechos inherentes y universales que deben ser protegidos y respetados. Este enfoque se centra en la dignidad, la igualdad y la justicia de las personas. Busca garantizar que todas las personas tengan acceso a una vida digna y plena, con igualdad de oportunidades y sin discriminación.
Según esta teoría, los derechos humanos no solo se limitan a los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión o el derecho al voto, sino que también abarcan los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación, la salud, la vivienda y el trabajo digno. Estos derechos se consideran interdependientes e indivisibles, lo que significa que todos ellos deben ser protegidos y promovidos en conjunto. El enfoque de derechos humanos también se enfoca en los grupos más vulnerables y marginados de la sociedad, como las mujeres, los niños, los migrantes, las personas con discapacidad y las minorías étnicas. Busca abordar las desigualdades estructurales y las violaciones sistemáticas de derechos que enfrentan estos grupos, promoviendo la inclusión, la igualdad y la no discriminación.
El enfoque de derechos humanos tiene como principal característica el reconocimiento de los adultos mayores como sujetos de especial protección por parte del Estado y como ciudadanos que viven en desigualdad y presentan por ello vulnerabilidad debido a su edad, sexo, etnia, ingresos económicos, entre otros, generando un obstáculo al desarrollo social y el deterioro de la calidad de vida (Robledo et al, 2022). Este enfoque de derechos supone un cambio de paradigma, dado que el empoderamiento de este sector poblacional y la posibilidad de realizar acciones conjuntas para el desarrollo de las poblaciones, indistinto de la edad que se tenga, es su mayor premisa (Huenchuan y Rodríguez, 2013).
Desde el enfoque de derechos humanos, las políticas públicas deben ser diseñadas y evaluadas en función de su impacto en el disfrute y la protección de los derechos humanos. Esto implica que los Estados y otros actores deben tomar medidas para prevenir las violaciones de derechos, investigar y sancionar las violaciones existentes, y garantizar la reparación y la justicia para las víctimas.
Es importante resaltar que la teoría del enfoque de derechos humanos proporciona un marco ético para abordar los problemas sociales y las políticas públicas desde una perspectiva centrada en la dignidad, la igualdad y la justicia de todas las personas. Busca garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos en todas las dimensiones de la vida y para todos los individuos, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. En este contexto, la normatividad se convierte en la brújula que guía las regulaciones que no solo reconozcan los derechos fundamentales, sino que también los traduzcan en acciones concretas y tangibles, asegurando así una sociedad más inclusiva y equitativa.
b) Normatividad
En el contexto de los organismos internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece los derechos fundamentales inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de edad. Si bien la Declaración no aborda específicamente el envejecimiento, varios de sus artículos son relevantes para la protección y promoción de los derechos de las personas mayores.
En primer lugar, el Art. 1 establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Esto implica que las personas mayores también tienen derecho a ser tratadas con dignidad y a gozar de igualdad de oportunidades, sin importar su edad. En el Art. 2, inciso número 1. Se establece que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna…”. Este principio de no discriminación es central en el campo de los derechos humanos. La aplicación efectiva de este principio implica la creación y el mantenimiento de sociedades justas, inclusivas y respetuosas con los derechos humanos para todas las personas. Por otro lado, el Art. 3 señala que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
Esto implica que las personas mayores tienen derecho a vivir en condiciones de seguridad y a ser protegidas de cualquier forma de maltrato o abuso. Asimismo, el Art. 25 reza que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar”. Esto significa que las personas mayores tienen derecho a recibir atención médica, cuidado y bienestar adecuados para garantizar una vejez digna y saludable. El Art 26 instituye que “toda persona tiene derecho a la educación”, lo cual apunta a que las personas mayores tienen derecho a acceder a oportunidades de aprendizaje y formación a lo largo de su vida, fomentando así su desarrollo personal y su participación en la sociedad (ONU, 1948).
Vale destacar que, además, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que los derechos enunciados en ella deben ser garantizados por los Estados y protegidos ante cualquier violación. Por lo tanto, los Estados tienen la responsabilidad de adoptar políticas y medidas que promuevan y protejan los derechos de las personas mayores. Es importante destacar que, aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos no menciona explícitamente el envejecimiento, los principios y derechos enunciados en ella son aplicables a todas las etapas de la vida, incluida la vejez. Estos principios fundamentales son la base para la protección y promoción de los derechos de las personas mayores en el ámbito de la política pública del envejecimiento (ONU, 1948).
Sin lugar a duda, esta Declaración representa un hito histórico al ser el primer pacto internacional en el cual los Estados se comprometen a salvaguardar los derechos fundamentales de todas las personas. La misma se erige como un faro ético, guiando a las naciones hacia un mundo donde los derechos humanos son preservados como la piedra angular de una sociedad justa y equitativa.
Por otro lado, se tiene la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2015, es un instrumento jurídico que se enfoca específicamente en la protección y promoción de los derechos de las personas mayores en la región de las Américas. La Convención establece una serie de derechos y principios que deben ser respetados y garantizados para asegurar el bienestar y la dignidad de las personas mayores. Entre los derechos reconocidos en la Convención se encuentran el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la autonomía y la independencia, el derecho a la participación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social y el derecho a la cultura y el esparcimiento (OEA, 2015).
Mediante la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el Estado Colombiano asume la responsabilidad y el compromiso de fortalecer su vínculo internacional en relación con este marco normativo (OEA, 2015). Esta aprobación implica la obligatoriedad para el país de tomar las medidas necesarias para asegurar el pleno cumplimiento de los derechos humanos de las personas mayores, tal como se establece en dicha convención. De esta manera, se busca garantizar la protección integral de los derechos de las personas mayores en Colombia, promoviendo su dignidad, igualdad y bienestar en todos los ámbitos de la sociedad.
El Estado se compromete, así, a implementar políticas, programas y acciones concretas para asegurar el respeto y la promoción de los derechos de las personas mayores, en línea con los estándares internacionales establecidos en la Convención Interamericana. Al ratificar y adoptar la Convención, los Estados se comprometen a garantizar y promover el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos de las personas mayores, tomando en cuenta sus necesidades específicas y su dignidad como individuos.
Como es de observar, en el contexto de las organizaciones internacionales (ONU y OEA) para la cooperación regional y global, se fundamenta un marco normativo sólido que respalda el enfoque basado en los derechos en el desarrollo de políticas y programas relacionados con el envejecimiento en Colombia y en toda la región de América Latina.
En Colombia existen varios instrumentos legales, comenzando por la Constitución Política de Colombia (1991), la cual establece en su Art. 2 los cimientos éticos y políticos sobre los cuales se construye el sistema político y social. Estos principios reflejan la intención de crear un Estado inclusivo, justo y participativo que protege la dignidad humana y busca el bienestar general. Por otra parte, el Art. 13 instituye el principio de igualdad y no discriminación como un valor fundamental de la sociedad y del Estado.
También resalta la necesidad de tomar medidas específicas para promover la igualdad y proteger a grupos marginados, así como proteger a personas en situaciones de debilidad manifiesta, como son los adultos mayores. Por otra parte, el Art. 15 señala la protección de los derechos fundamentales de privacidad, buen nombre y control de la información personal. Estos derechos buscan garantizar la dignidad y autonomía de las personas en su relación con la recopilación, uso y divulgación de sus datos personales.
Asimismo, el Art. 46, reconoce el derecho a la protección especial de las personas de la tercera edad y establece su atención integral. Por otra parte, en el Art. 47, se destaca la garantía del derecho a la seguridad social para los adultos mayores. La Constitución establece el marco general para la protección de las personas de la tercera edad, reconociendo su derecho a una atención integral y a la seguridad social. Esto sienta las bases legales para las políticas y programas específicos dirigidos a este grupo demográfico (Constitución Política de Colombia, 1991).
La Constitución proporciona el andamiaje legal que cimienta la protección integral y la seguridad social para los adultos mayores, abriendo la puerta a políticas y programas específicos destinados a este grupo demográfico. En su conjunto, estos artículos engloban el compromiso de Colombia con la igualdad, la dignidad y el bienestar de todos sus ciudadanos, en especial aquellos en etapas avanzadas de la vida (Constitución Política de Colombia, 1991).
Otro instrumento jurídico es el Estatuto Nacional de Protección de los Derechos de las Personas de Edad Avanzada, aprobado en el 2008, él consagra la Ley 1251, con la cual se garantiza la dignidad, el bienestar y la participación. Esta ley busca promover la inclusión social y la no discriminación de las personas mayores, reconociendo su papel activo en la sociedad (Ley 1251 de 2008).
Para el 2009, se crea el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), mediante la Ley se resalta la atención integral a la vejez como uno de sus componentes (Ley 1315 de 2009). Esto demuestra la importancia de abordar las necesidades de las personas mayores dentro del contexto familiar y comunitario, promoviendo su bienestar y calidad de vida. Ese mismo año, se aprueba la Ley 1276, la cual establece la atención integral a las personas de la tercera edad en el ámbito de la salud y el sistema general de seguridad social en salud (Ley 1276 de 2009).
Esta normativa busca asegurar que las personas mayores tengan acceso a servicios de atención médica adecuados y que se aborden de manera integral sus necesidades de salud. Ese mismo año se crea el Fondo de Solidaridad Pensional, mediante la Ley 1310, cuyo propósito se orienta a garantizar el acceso a la pensión y la protección social de las personas de la tercera edad en situación de pobreza. Esta ley busca evitar la vulnerabilidad económica de los adultos mayores y promover su bienestar económico (Ley 1310 de 2009).
Para el 2010, mediante la Ley 1393, se fomenta el envejecimiento activo y saludable, así como la prevención y atención integral de la discapacidad y la dependencia. Esta normativa busca fomentar un enfoque positivo del envejecimiento y promover la autonomía y la participación de las personas mayores en la sociedad (Ley 1393 de 2010). Y, en 2011, se aprueba la Ley 1468, cuyo propósito fue regular la protección laboral de las personas de la tercera edad y establece disposiciones para su inclusión en el mercado laboral.
Esta ley busca garantizar la protección de los derechos laborales de los adultos mayores y promueve su participación en dicho ámbito (Ley 1468 de 2011). Para el 2016 se aprueba la Ley 1821 mediante la cual se crea el Programa Nacional de Apoyo al Adulto Mayor “Colombia Mayor” para garantizar su atención, bienestar y calidad de vida (Ley 1821 de 2016). Por otro lado, la Ley 1850 de 2017 en Colombia establece medidas de protección específicas para los adultos mayores y penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono. En términos generales, esta ley establece la: a) Protección al adulto mayor; b) Penalización del maltrato por abandono; y, c) Disposiciones sobre denuncias y atención (Ley 1850 de 2017).
Por otro parte, la Ley 2040 de 2020, por medio de la cual se impulsan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se adoptan otras disposiciones (Ley 1315 de 2009), ello en virtud de los altos porcentajes de informalidad laboral que dificultan la garantía de una protección económica en la vejez, se busca promover el pleno empleo en las personas mayores que no poseen una pensión. Esto implica generar oportunidades laborales inclusivas y adecuadas para este grupo de la población, brindándoles la posibilidad de obtener ingresos que les permitan asegurar su bienestar financiero durante su etapa de jubilación. El objetivo es superar las barreras y desafíos que enfrentan las personas mayores en el mercado laboral, fomentando su participación y valorando su experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de su vida laboral. De esta manera, se busca promover la inclusión económica y social de las personas mayores, reconociendo su contribución y potencial en el desarrollo socioeconómico del país.
Y finalmente, para el 2022, mediante decreto 681, se establecen los lineamientos mediante los cuales, se regula la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez para el periodo 2022 — 2031 mediante el Plan Nacional de Acción intersectorial de la política de Envejecimiento y Vejez y la creación del Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez, que busca promover el envejecimiento activo y saludable, así como la inclusión social de las personas mayores (681 de 2022).
En el contexto normativo descrito, se evidencia que Colombia avanza hacia una sociedad donde la edad avanzada se vive con dignidad, respeto y oportunidades, consolidando su compromiso con los ciudadanos en todas las etapas de la vida, ya que el Estado busca asegurar un marco legal sólido que promueva y garantice los derechos de este grupo de la población. De esta manera, el Estado se posiciona como un agente clave para el cumplimiento efectivo de las normativas jurídicas y para asegurar que las políticas sean coherentes con los derechos humanos y las necesidades de las personas mayores en la sociedad.
4. Estado como actor principal de la política pública de Envejecimiento
En el marco de la política pública de envejecimiento, resulta fundamental identificar y comprender el rol del Ministerio de Salud y Protección Social en estas políticas, el cual desempeña un papel central en la promoción del bienestar y la atención integral de las personas mayores. Como entidad gubernamental encargada de formular y supervisar las políticas y programas relacionados con la salud y la protección social, el Ministerio juega un papel fundamental en la garantía de los derechos y el cuidado de las personas en su proceso de envejecimiento. Su labor se extiende desde la formulación de políticas orientadas a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades propias de la vejez, hasta la protección económica mediante el acceso a pensiones y programas de seguridad social. Además, el Ministerio tiene un papel clave en la coordinación intersectorial, trabajando en conjunto con otros actores y entidades para desarrollar estrategias integrales que respondan a las necesidades y demandas de las personas mayores en Colombia (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). El Ministerio tiene la tarea de formular y supervisar las políticas y programas relacionados con la salud de las personas mayores. Esto lleva a asegurar el acceso a servicios de salud de calidad, incluyendo la atención médica, la prevención y control de enfermedades, la promoción de estilos de vida saludables y la atención especializada en condiciones propias de la vejez (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018).
Asimismo, el Ministerio tiene la responsabilidad de garantizar la protección social de las personas mayores. Esto lleva a asegurar el acceso a pensiones y programas de seguridad social que brinden una protección económica adecuada y prevengan la pobreza en la vejez (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). Corresponde al Estado promover la inclusión social y la participación de las personas mayores en la sociedad. También desempeña un rol crucial en la coordinación intersectorial.
Esto requiere trabajar de manera conjunta con otros sectores y actores relevantes, como otros ministerios, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de personas mayores, para desarrollar políticas y programas integrales que aborden las necesidades y derechos de las personas mayores (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). A pesar del rol destacado que desempeña el Ministerio como representante del Estado como actor principal en la política de protección de los derechos de las personas mayores, existen desafíos significativos por superar, pues el Ministerio desempeña un papel crucial en asegurar que los derechos y necesidades de los adultos mayores sean reconocidos y atendidos a través de la formulación de políticas, la supervisión de programas, la coordinación interinstitucional y la promoción de la participación. Su trabajo contribuye directamente a mejorar la calidad de vida y el bienestar de esta importante parte de la población. Sin embargo, la implementación efectiva de estas políticas enfrenta desafíos significativos.
5. Desafíos de la política pública del envejecimiento en Colombia
Los desafíos de la política pública del envejecimiento en Colombia son diversos y requieren una atención continua para asegurar una atención integral y de calidad a las personas mayores. Entre algunos de los desafíos más relevantes destacan:
a) Necesidad de recursos adecuados: La implementación efectiva de la política pública del envejecimiento requiere de recursos financieros, humanos y materiales suficientes para garantizar la atención y el bienestar de las personas mayores. Según Ministerio de Salud y Protección Social (2018) destacando que uno de los principales desafíos de la política pública del envejecimiento en Colombia radica en la asignación de recursos que permitan una atención integral y de calidad a las personas mayores.
b) Barreras en el acceso a servicios de salud: Las personas mayores enfrentan obstáculos en el acceso a servicios de salud especializados y de calidad que respondan a sus necesidades específicas. De acuerdo con Rodríguez et al, (2020: 78), “El acceso a servicios de salud especializados y de calidad sigue siendo un desafío importante en la política pública del envejecimiento en Colombia”.
c) Discriminación y estigmatización: A pesar de los avances en la promoción de la inclusión y el respeto a los derechos de las personas mayores, aún persisten actitudes discriminatorias y estigmatizantes hacia esta población. Según González (2018: 112), “la discriminación y el estigma hacia las personas mayores constituyen un desafío significativo en la política pública del envejecimiento en Colombia, ya que limitan su plena participación y ejercicio de derechos”.
d) Coordinación intersectorial: Existe la necesidad de fortalecer la coordinación entre diferentes sectores y entidades gubernamentales para garantizar una implementación efectiva de la política pública del envejecimiento. Martínez et al, (2021: 56) señalan que la colaboración entre diversos actores para atender de manera integral las necesidades de las personas mayores se presenta como un desafío central en la formulación de políticas públicas sobre el envejecimiento en Colombia, destacando que la coordinación intersectorial es esencial para lograr este objetivo. En la coordinación intersectorial, la colaboración de los actores involucrados en la construcción de una sociedad para todas las edades en el contexto de la política pública del envejecimiento en Colombia debe incluir a:
e) La educación y capacitación para el envejecimiento activo: Se reconoce la importancia de promover oportunidades de aprendizaje continuo, tanto formal como informal, para que las personas mayores adquieran conocimientos, habilidades y competencias que les permitan mantenerse activos, participar en la sociedad y disfrutar de una vejez plena. (Marcolin, 2008; Higgs & Gilleard, 2009). Sin embargo, es importante resaltar que la inclusión social de los adultos mayores enfrenta asuntos asociados a recursos adecuados, barreras en el acceso a servicios de salud, discriminación y estigmatización, así como la coordinación intersectorial.
6. Perspectivas de la política pública del envejecimiento en Colombia
Las perspectivas de la política pública del envejecimiento en Colombia son fundamentales para promover una sociedad inclusiva y garantizar el bienestar de las personas mayores. En este sentido, es necesario identificar y abordar los desafíos actuales, por lo que se pueden considerar las siguientes perspectivas:
a) Es fundamental asignar recursos adecuados y suficientes para implementar programas y políticas destinadas a las personas mayores. Esto incluye recursos financieros, humanos y técnicos para garantizar una atención integral y de calidad.
b) Es importante adoptar un enfoque multidimensional que aborde las diferentes dimensiones del envejecimiento, como la salud, el bienestar social, la participación, la educación y el empleo. Esto permitirá atender las diversas necesidades de las personas mayores de manera integral.
c) Se debe promover activamente el envejecimiento activo, fomentando la participación de las personas mayores en la sociedad y brindando oportunidades de aprendizaje continuo, actividades recreativas y laborales que les permitan mantenerse activos y participativos.
d) Es necesario asegurar un acceso equitativo a servicios de salud de calidad para las personas mayores, incluyendo atención médica especializada, medicamentos, exámenes y tratamientos. Esto implica eliminar barreras y garantizar que los servicios sean accesibles, culturalmente sensibles y adecuados a las necesidades de las personas mayores.
e) Se deben implementar medidas para prevenir y combatir la discriminación y estigmatización hacia las personas mayores. Esto implica promover una cultura de respeto, valoración y reconocimiento de los derechos y contribuciones de las personas mayores en la sociedad.
f) Es esencial establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre los diferentes sectores y actores involucrados en la política pública del envejecimiento. Esto permitirá una respuesta integral y coherente a las necesidades y desafíos de las personas mayores, asegurando una mayor eficacia en las intervenciones.
g) Se debe fomentar la participación de las personas mayores en el diseño, implementación y evaluación de las políticas y programas que les afectan. Esto implica garantizar su participación en espacios de toma de decisiones y consultas, promoviendo el empoderamiento y la autodeterminación de las personas mayores.
h) Es importante fomentar la investigación y la evaluación de las políticas y programas relacionados con el envejecimiento. Esto permitirá contar con evidencia sólida y actualizada para orientar la toma de decisiones, identificar buenas prácticas y realizar ajustes necesarios para mejorar la efectividad de las intervenciones.
Sin lugar a dudas, los desafíos de la política pública del envejecimiento en Colombia, que incluyen la necesidad de recursos adecuados, barreras en el acceso a servicios de salud, discriminación y estigmatización, así como la coordinación intersectorial, subrayan la urgencia de una atención integral y de calidad para las personas mayores. Para abordar estos desafíos, las perspectivas futuras de la política pública del envejecimiento deben enfocarse en asignar recursos suficientes, adoptar un enfoque multidimensional, promover el envejecimiento activo, garantizar el acceso equitativo a servicios de salud, combatir la discriminación, establecer mecanismos de coordinación, fomentar la participación de las personas mayores y fomentar la investigación y evaluación continua.
Al seguir estas perspectivas, Colombia puede avanzar hacia una sociedad inclusiva y respetuosa con sus personas mayores, asegurando no solo su bienestar y dignidad, sino también reconociendo y valorando sus contribuciones continuas a la sociedad.
7. Consideraciones finales
La política pública del envejecimiento en Colombia se sustenta en un enfoque teórico basado en los derechos humanos, que reconoce la dignidad y los derechos de las personas mayores. Este enfoque se respalda por normativas nacionales e internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que establecen los principios y estándares para garantizar la inclusión, la protección y el bienestar de las personas mayores.
Sin embargo, esta política pública enfrenta diversos desafíos, como la necesidad de recursos adecuados, barreras en el acceso a servicios de salud, discriminación y estigmatización, así como la coordinación intersectorial. Estos desafíos requieren de un abordaje integral y de acciones concertadas para asegurar una atención adecuada y el pleno respeto de los derechos de las personas mayores. Para superar estos desafíos, es necesario fortalecer la política pública del envejecimiento en Colombia a través de la inversión en recursos, el enfoque multidimensional, la promoción del envejecimiento activo, el acceso equitativo a servicios de salud, la eliminación de la discriminación y estigmatización, la coordinación intersectorial, la participación de las personas mayores, y la investigación y evaluación de las intervenciones.
En última instancia, se requiere un enfoque global de la política pública del envejecimiento que permita avanzar hacia una sociedad inclusiva y respetuosa de las personas mayores, donde se promueva su bienestar, su participación y su pleno ejercicio de derechos. Para lograrlo, es fundamental el compromiso y la colaboración de todos los actores involucrados, incluyendo gobiernos, sociedad civil, organizaciones de personas mayores y la propia comunidad, en aras de construir una sociedad para todas las edades. Las perspectivas sobre el envejecimiento y las políticas que lo rodean tienen un impacto profundo en el tejido social y en la calidad de vida de las personas mayores. Al reconocer la diversidad y el potencial de esta etapa de la vida, y al trabajar para cerrar la brecha entre la teoría y la práctica, podemos construir sociedades que respeten y celebren el envejecimiento como una parte valiosa y enriquecedora de la experiencia humana.
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