Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 27 No. 100, 2022, 1489-1501
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423
Cómo citar: Mejia Gonzalez, L., Cujia Berrío, S. E., y Liñan Cuello, Y. I. (2022). Políticas educativas en América Latina: Del modelo economicista a la educación para la sustentabilidad. Revista Venezolana De Gerencia, 27(100), 1489-1501. https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.100.13
Políticas educativas en América Latina: Del modelo economicista a la educación para la sustentabilidad
Mejia Gonzalez, Loreley*
Cujia Berrío, Sileny Estella**
Liñan Cuello, Yuly Inés***
Resumen
El artículo tiene por objetivo analizar el papel de las políticas públicas en materia educativa en el contexto latinoamericano. En virtud de lo anterior, se persigue cubrir los siguientes aspectos en el desarrollo de la investigación: 1) Definir la educación como política pública, destinada, según los referentes teóricos de Aguilar et. al (2018) y Martínez (2018), a fomentar el ejercicio ciudadano bajo la conducción del Estado, tendiendo hacia el beneficio público, la interacción e interrelacionalidad con los diversos actores de la sociedad civil. 2) Señalar cómo en América Latina a finales del siglo XX, las políticas educativas estuvieron orientadas por los cambios promovidos por la globalización y por las directrices emanadas de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, afianzando la presencia de gobiernos neoliberales, trazando un modelo educativo economicista (Fuenmayor, 2014). Esta realidad comenzó a cambiar a principios del nuevo milenio, con la aparición de políticas públicas propuestas y reguladas por los estados latinoamericanos (Tello, 2015). 3) Explorar la gestión educativa desde la complejidad humana y organizacional, insistiendo en la creación de interacciones sociales y académicas cónsonas con la realidad regional. 4) Promover la educación para el desarrollo sostenible, sin ocultar los retos de las asimetrías sociales, violencia y pobreza, que han de superarse, para consolidar un modelo educativo diferente. El método empleado para la elaboración del trabajo es el hermenéutico-documental. Se concluye en la urgencia de pensar políticas públicas con proyección de futuro, capaz de asumir el reto de adentrarse en los cambios sociales, en la construcción de un mundo sustentable, donde es fundamental la participación activa de la escuela y la universidad.
Palabras clave: políticas públicas; modelo economicista; sustentabilidad; gestión educativa; América Latina.
Recibido: 15.04.22 Aceptado: 25.06.22
* Magister en Desarrollo y Gestión de Empresas Sociales, Universidad Simón Bolívar, Colombia. Trabajador Social, Universidad de la Guajira, Colombia. Docente Investigador de la Universidad de La Guajira. Colombia. Correo: lpmejia@uniguajira.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0003-7553-4483
** Doctora en Ciencias Sociales, Mención Gerencia, Universidad Rafael Belloso Chacín, Venezuela. Magister Scientiarum en Docencia para la Educación Suparior, Universidad Rafael María Baralt, Venezuela. Especialista en Recreación Ecológica y Social, Universidad los Libertadores, Colombia. Licenciada en Educación Infantil y Preescolar, Unitolima, Colombia. Docente de la Universidad de la Guajira, Colombia. Correo: scujiab@uniguajira.edu.co ORCID https://orcid.org/0000-0002-1262-9776
*** Magíster en Gerencia de Recursos Humanos, Universidad Rafael María Baralt, Venezuela. Trabajadora Social, Universidad Simón Bolívar, Barranquilla- Colombia. Docente Ocasional de tiempo completo de la Universidad de La Guajira, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en el programa de Trabajo Social. Correo: ylinanc@uniguajira.edu.co ORCID https://orcid.org/0000-0003-3911-8586
Educational Policies in Latin America: From the Economic Model to Education for Sustainability
Abstract
This paper aims to analyze the role of public policies in education in the Latin American context. By virtue of the above, it is intended to cover the following aspects in the development of the research: 1) Defines education as a public policy, intended, according to the theoretical references of Aguilar et. al (2018) and Martínez (2018), to promote citizen exercise under the leadership of the State, tending towards public benefit, interaction and interrelationship with the various actors of civil society. 2) Point out how in Latin America at the end of the 20th century, educational policies were guided by the changes promoted by globalization and by the guidelines issued by international organizations such as the World Bank and the Inter-American Development Bank, strengthening the presence of neoliberal governments, outlining an economistic educational model (Fuenmayor, 2014). This reality began to change at the beginning of the new millennium, with the appearance of public policies proposed and regulated by Latin American states (Tello, 2015). 3) Explore educational management from the human and organizational complexity, insisting on the creation of social and academic interactions in harmony with the regional reality. 4) Promote education for sustainable development, without hiding the challenges of social asymmetries, violence and poverty, which must be overcome in order to consolidate a different educational model. The method used for the elaboration of the work is the hermeneutic-documentary. It concludes on the urgency of thinking about public policies with a future projection, capable of assuming the challenge of entering into social changes, in the construction of a sustainable world, where the active participation of the school and the university is essential.
Keywords: Public Policies; Economic Model; Sustainability; Educational Management; Latin America.
1. Introducción
La educación marca las pautas para el desenvolvimiento y crecimiento de los pueblos, por su parte, las políticas educativas, así como la gestión que se tiene de ellas, impactan significativamente en el acto pedagógico. En medio de este proceso, se reconoce la importancia de las conceptualizaciones teóricas, los objetivos, metas y técnicas aplicadas para responder a las demandas de una sociedad creciente. Por lo cual, más que el sentido mercantilista de la educación, las políticas educativas que demanda la sociedad latinoamericana, tienen en mira rescatar la dignidad de los individuos, el cuidado del medioambiente, además del crecimiento sostenible y sostenido.
En medio de este proceso, los organismos internacionales han jugado un papel fundamental en la definición de políticas públicas, pero fijadas por los intereses económicos internacionales. En este contexto, se ha dado la búsqueda de alternativas antisistémicas para impulsar el cambio desde dentro, haciendo presencia en las comunidades, fijando prioridades acordes a necesidades reales, específicas y determinadas por las circunstancias peculiares de la región. Por ende, se trata de deslastrar la educación de imposiciones epistémicas, políticas y ontológicas pensadas para perpetuar el orden geopolítico global.
El interés en esta temática no es nuevo, ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos tiempos, enfocados a través de diversas orientaciones metodológicas, donde se han desarrollado propuestas para evaluar la calidad de la educación (Carbonell et al, 2021), la virtualidad y el contexto globalizador (Ramírez et al, 2021), los modelos económicos y su impacto en las políticas públicas (Huertas, Maguiña y Durand 2021), los modelos de gestión educativa (Vela, Ocampos y Remaycuna 2022), los procesos pedagógicos constructivistas y su impacto en la condición humana (Dávila, Agüero y Ruiz, 2021), entre otros. Por ello, esta investigación tiene como prioridad repensar el papel de la educación, devolviéndole su condición humana, humanizadora y compleja, así como la trascendencia de proyectarla hacia un futuro sostenible.
En virtud de lo anterior, el artículo se orienta hacia la evaluación de las políticas públicas en lo tocante al ámbito educativo en América Latina, derivando de ello en los siguientes enfoques conceptuales: la educación como política pública, la orientación política y económica de las políticas educativas en América Latina, la gestión educativa en interacción con la complejidad humana y, finalmente, la educación para la sustentabilidad desde políticas públicas y gestión educativa incluyente y con prospectivas de cambios. La metodología aplicada al trabajo es el análisis hermenéutico-documental, estrategia que sirve para interpretar minuciosamente los contenidos teóricos revisados, considerando para la reflexión artículos científicos especializados, lo que permite una aproximación inmediata y panorámica a la problemática abordada.
2. Educación como política pública
Las políticas públicas son exigencias globales que se entretejen para caminar hacia el progreso social. Constituyen herramientas diversificadas que, en los últimos años, han tenido el objetivo de atender los cambios crecientes en la sociedad, en las Tecnologías de la Información y Comunicación [TIC] y en la sociedad del conocimiento. Atendiendo a lo anterior, Aguilar, Rodríguez y Aguilar (2018), afirman que las políticas públicas son mecanismos de participación ciudadana, que ejercen una acción colectiva desde el pueblo, bajo la dirección del Estado, entendido éste como el conglomerado de ciudadanos que, desde su poder democrático, generan propuestas para el beneficio de la población.
La esencia de las políticas públicas está en transmitir valores e ideas dirigidos a modificar los parámetros de la educación. Según Martínez (2018), pueden caracterizarse por los siguientes aspectos:
Las políticas públicas parten de la esfera del Estado, ejecutándose en los diversos espacios de los ámbitos territoriales. En el plano teórico, responden a las exigencias y necesidades reales de la sociedad; empero, tienen que hacer frente a las vulnerabilidades sociales, a la violencia sistemática de la sociedad, a la corrupción, la discriminación y otro tipo de patologías insertas en los escenarios latinoamericanos. Por lo tanto, se trata de un trabajo riguroso, complejo, metodológico, que insta al desarrollo, en particular de la educación, como uno de los objetivos planteados para alcanzar la sustentabilidad (Aguilar et al, 2018).
La Organización de las Naciones Unidas, en la Agenda de Desarrollo Sostenible del año 2030, contempla la necesidad de una educación inclusiva, equitativa, de calidad, que promueva las oportunidades de aprendizaje a todos los individuos sin distingo de su condición económica, racial, religiosa y sexual. Tiene una funcionalidad transversal, ya que es a través de la educación que el ser humano construye su vida y define los lineamientos de la sociedad; por consiguiente, promover la educación es prioridad para los organismos internacionales, para el Estado y para las comunidades (Pita, 2020).
Asumir la educación como esencial para el crecimiento sostenible, implica crear vínculos entre la escuela, la familia, la ciudadanía y la comunidad, pero también a comprender las inequidades sociales existentes, como la pobreza, la desnutrición, la falta de salud y el desempleo. Así, en los espacios territoriales, locales y comunitarios, el Estado ha de asumir la responsabilidad de crear las condiciones para que la educación sea un derecho de todos, pero ello no significa transmitir el saber sin más; es un compromiso social, cuya finalidad es la inclusión de todos al sistema educativo, permitiendo, a su vez, el desarrollo del pensamiento crítico, la ruptura con la ignorancia y la proyección de una sociedad más justa y equitativa. Se comprende, de esta manera, que el desarrollo de una nación está directamente vinculado al mejoramiento de las políticas educativas, que han de ser cónsonas con la realidad, coherentes y consistentes con las demandas de las comunidades, modificables conforme a cómo se produzcan los cambios estructurales de las naciones (Pita, 2020).
Como puede apreciarse, las políticas educativas, concebidas como políticas públicas, no son ajenas a los planes de crecimiento económico y político internacional y regional, muchas veces determinados por lógicas desarrollistas, que centran la prioridad en intereses económicos y mercantiles. En el contexto antes descrito, la educación se brinda como un servicio social, con un carácter inclusivo, que trasciende las limitaciones de los enfoques de modernización, gerenciales o empresariales; significa hacer un balance de la idea de desarrollo perseguida, dejando de lado la mercantilización de la educación, abriéndose hacia un enfoque más humano, centrado en la superación de las patologías sociales como la delincuencia, la pobreza, la xenofobia, entre otros (Pulido, 2017).
Congruentemente, la educación apunta a la sustentabilidad, al cuidado de sí, del otro y del medioambiente. Con ello se retoma la idea de educación como derecho humano inalienable, que hace énfasis en la equidad social, en la democracia, el desarrollo sustentable, en la integración latinoamericana y en la distribución equitativa de bienes para el sector educativo. La educación inclusiva promueve la diferencia, la interculturalidad; impulsa el diálogo de saberes, trazando caminos hacia el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Reconoce el derecho de los vulnerables, de los discapacitados, de la mujer, de las víctimas y excluidos de los sistemas hegemónicos del saber, ya que se centra en la idea de humanidad en igualdad de condiciones, cuestionando las ideas homogeneizadoras propias de la globalización, que tienden a anular las diferencias sociales, étnicas y regionales (Pulido, 2017).
3. El caso de América Latina
En América Latina, las políticas educativas de las últimas décadas, han sido esbozadas teniendo como horizonte las mutaciones del sistema global. Los enfoques en las políticas públicas, tuvieron una fuerte influencia por parte del neoliberalismo. El sustento teórico estuvo regido por la lógica instrumental, la racionalidad económica, la cosificación de la existencia y la pérdida de la dignidad como persona. La lógica instrumental, poseyó predominio en los escenarios latinoamericanos, hecho que trajo como consecuencia el desarrollo de políticas educativas y públicas no acordes a las necesidades reales de la población (Fuenmayor, 2014).
En América Latina, durante la década de 1980 y 1990, se produjo la reestructuración de políticas públicas, incluyendo los aspectos educativos, demandando la descentralización de competencias y desregular el trabajo, la producción y el mercado, con orientaciones de privatización, afectando los cimientos políticos y económicos de la región, generando un proceso de restructuración de las economías nacionales. De esta forma, el escenario económico afectó el ámbito educativo, ampliando las brechas sociales existentes y fragmentando la educación, conduciendo a la imposibilidad para diversos sectores de la población. Este contexto lleva al cierre epistémico frente al hombre; se planeta la privatización, modernización y el acatamiento a directrices educativas provenientes de los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (Tello, 2015).
Paralelamente, en esta época, organismos internacionales ajenos al economicismo bancario, sentaron un cuestionamiento a los Estados nacionales frente al avance del capitalismo. Ante esta realidad, las políticas educativas fueron vistas como ajenas a los intereses y demandas de la sociedad, hecho que llevó a señalar la necesidad de políticas educativas nacionales, surgidas desde la crítica social e independientes del avance de la globalización. Con ello se aspiraba superar la idea de totalización del saber, de acumulación de conocimientos, señalando el lado humano de la educación, más allá de la competitividad y los criterios de selección impuestos por el mercado (Pinto et al, 2018).
Para inicios del nuevo milenio, se observaron políticas públicas educativas reguladas por los Estados latinoamericanos, lo que significó una aproximación a las comunidades y una ruptura, en cierta medida, con el neoliberalismo imperante en la región. La intención se orientaba a promover políticas educativas destinadas al crecimiento económico sostenido, a financiar proyectos sociales y devolver la participación ciudadana en la toma de decisiones de carácter pública. En este sentido, se ejecutaron diversas políticas destinadas a combatir el agotamiento del neoliberalismo, a cuestionar el modelo civilizatorio occidental y a trazar rutas de cambio a partir de la educación. En materia educativa, las políticas públicas cuestionaron el lado mecanicista y economicista de la educación, a la vez que invitaron a la democratización de sus prácticas, a trazar racionalidades diversas, a dar lugar a la interculturalidad y a perspectivas que hacen énfasis en el beneficio social (Tello, 2015).
La intención se centraba en suscitar un discurso racional, conducente al desarrollo, pero entendido en términos de sustentabilidad, pensado para dar lugar a nuevos actores sociales, sin restar protagonismo a las luchas colectivas y emancipatorias de la región. De esta forma, el Estado asume la responsabilidad de acompañar los procesos de avance de las políticas públicas educativas, remodelándose con nuevas formas de actuación, desarticuladas de los intereses mercantilistas, lo que ha favorecido la redefinición de los servicios educativos y de un nuevo modelo de sociedad crítica (Pinto et al, 2018).
Para Tello (2015), la década de los años 2000 estuvo presidida por la hegemonía del capitalismo y por su afianzamiento dentro de las estructuras políticas regionales. Sin embargo, a la par se dieron procesos de transformación, que tuvieron su punto de inicio en la década de 1990, diferenciándose en cada país, debido a las condiciones sui generis que caracteriza a América Latina. Ahora bien, en términos de políticas públicas, la ruptura de diversos países con la tradición neoliberal, llevó a formular políticas educativas incluyentes, con participación ciudadana, atendiendo a sectores vulnerables. Este proceso de accionar social estuvo vinculado a los gobiernos de corte izquierdista o nueva izquierda regional, que también derivó en el cuestionamiento sobre el rol del Estado en la vigilancia de las políticas educativas. Las políticas educativas, así como su gestión, deben estar pensadas desde un discurso alternativo, basado en la sustentabilidad, en la humanidad y la devolución de la dignidad a las personas.
4. Gestión de políticas educativas y el desafío de la complejidad.
Lograr el éxito de las políticas educativas está relacionado con la conducción correcta en los procesos de gestión. En tal sentido, la gestión se concibe como los pasos conducentes y acciones, cuyos objetivos tienden a una realización administrativa. En otras palabras, se vincula a lo normativo y se entreteje al ámbito social, teniendo dos líneas de trabajo: la administrativa y, por otro lado, la vinculación con el gobierno en la participación social. De esta manera, los procesos de gestión se amalgaman a las políticas educativas, a la cultura institucional, donde cada institución académica ha de transformarse en un lugar que promocione el pensamiento crítico, el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible (Cejas, 2009).
A nivel institucional, se puede definir como las acciones articuladas a objetivos concretos definidos por los proyectos educativos y este, a su vez, a planes estratégicos definidos en las políticas públicas. Según Cejas (2009), con ello se busca:
En base a estos elementos, la gestión educativa es el cúmulo de sistema de saberes compartidos, competencias comunes, que se unen para la acción; en otras palabras, para que las instituciones educativas puedan optimizar los procesos necesarios para el desarrollo del conocimiento, donde cada uno de los integrantes: educadores, educandos, autoridades académicas, comunidad, aporten de sus conocimientos y entren en diálogo de saberes, con la alteridad, en medio de un proceso de avance intercultural y sustentable (Chacón, 2014).
A pesar de que se busque la integración de saberes, también es necesario contemplar lo operativo, las necesidades sociales con metas organizacionales, dado que, en las organizaciones educativas, es fundamental responder de forma acertada a las transformaciones sociales derivadas del contexto (Guevara et al, 2021). Empero, más allá de ello, la adecuación fija metas humanas, como el desarrollo sostenible, lo que muestra la complejidad de los escenarios globales y latinoamericanos en el siglo XXI (Chacón, 2014).
La gestión educativa organiza las interacciones sociales y las académicas; hace que cada individuo asuma su rol como actor en la educación, entendido esto como un proceso complejo, permanente, de construcción social de las personas y de las comunidades. La complejidad define la gestión educativa; crea relaciones sistemáticas de los educadores, educandos con la comunidad, de modo que involucra a todos en el acto pedagógico, administrativo que se forma desde la institución hacia la sociedad (Sañudo, 2006).
En este proceso, educadores y educandos se asumen como parte de la comunidad; requieren formación crítica, axiológica y ciudadana. La suma de estos elementos permitirá mantener viva su identidad cultural, comunitaria, colectiva y personal. Esto invita al diálogo de saberes, al trabajo colaborativo, a la gestión estratégica, que parte de la academia hacia las comunidades, donde esta se concibe como contralora para el cumplimiento de la calidad educativa de las instituciones educativas. El desafío es promover la integración, el encuentro de comunidad-academia, academia-familia, comprendiendo la alta complejidad del universo simbólico humano.
Al igual que los avances en materia de políticas públicas educativas, la gestión educativa también ha tenido su proceso de crecimiento desde el siglo XX, lo que ha llevado al desarrollo de teorías, conceptos y paradigmas pensados para innovar y adaptarse a los procesos sociales, buscando el mayor beneficio social, sin perder de vista la necesidad de superar la visión empresarial circundante. Si bien el término gestión educativa involucra aspectos administrativos y gerenciales, no significa que deba prescindir del componente humano, en especial en la actualidad, donde el avance de las tecnologías tiene un peso importante a la hora de producir bienes y servicios de bajo costo, desplazando la necesidad de fomentar categorías axiológicas como la solidaridad, el respeto, la equidad, entre otras (Chacón, 2014).
Por esto, la gestión educativa necesaria para afrontar el economicismo de las políticas educativas imperantes, ha de ser transdiciplinaria, vinculada a diversas disciplinas humanas, como la filosofía, la antropología, la sociología, la psicología, que amplíen la visión de la educación y defina, holísticamente, a cada uno de los integrantes del proceso educativo. Con ello se reconoce la complejidad de la educación, la heterogeneidad que la rodea, las semejanzas y desemejanzas sociales, los patrones culturales, ideologías y otros aspectos que mantienen metas y objetivos comunes. Sólo en el reconocimiento de lo común al género humano, se pueden concretar estrategias para afrontar los cambios que demanda la sociedad (Chacón, 2014).
Pero los cambios no se limitan a la esfera de lo académico. La gestión educativa administra recursos humanos y materiales, por ello ha de buscar la transformación de la sociedad, promoviendo el encuentro de la academia con lo social. Significa articular lo académico, la escuela, la universidad con lo religioso, lo cultural, lo estético, lo valorativo, comprendiendo la dimensión compleja de lo humano, su sentido holístico. Así, la educación se define como un proceso amplio, dinámico, de construcción de conocimiento, de diálogo entre ciudadanos, de encuentro de ideas, valores y percepciones de la realidad, cuya cualidad más distintiva es la formación del pensamiento crítico y la autonomía de los individuos. Esta racionalidad hace frente a la lógica homogénea de la globalización, rescatando el valor de la heterogeneidad de lo latinoamericano y su rol para construir y deconstruir las relaciones sociales (Portugal, 2013).
Para Portugal (2013), la gestión educativa es un proceso inserto en la complejidad humana, un desafío constante que enfrenta la educación para adaptarse a los cambios globales. Dichos cambios exigen innovación, sin perder de vista los aspectos humanos, pensar en el futuro y en el compromiso con la sustentabilidad, el medioambiente y la sociedad. Avanzar hacia una gestión educativa incluyente, es lograr superar el racismo epistémico, potenciar las identidades colectivas, los conocimientos y saberes interculturales, además de abordar múltiples y variados aspectos sobre lo humano. Gestionar significa estar abierto a las transformaciones, a los enfoques interdisciplinares de la educación, a la complejidad humana, pero, sobre todo, avanzar hacia modificaciones estructurales en la sociedad.
5. Políticas educativas para la sustentabilidad
Entendiendo que las políticas públicas se vinculan con proyectos de interés social, el desarrollo sostenible marca la meta y el objetivo común al que la educación ha de aspirar. Es un proceso complejo que requiere de la renovación de la educación, entendiendo que es una meta que trasciende las aulas de clase y depende del crecimiento de los individuos como humanos, del avance social, en términos de sustentabilidad. Precisa de la gestión estratégica; si bien plantea la equidad social y la integración de valores compartidos, demanda de métodos y procedimientos que impulsen la educación formal e informal, así como la aproximación a las comunidades (Martínez, 2009).
Los cambios en políticas educativas no pueden partir de lo macro a las comunidades; por el contrario, es de las comunidades, de aspectos micro que puede caminarse hacia la construcción de una sociedad diferente. A partir de estos postulados, la educación, pensada como un interés público, se preocupa por la perspectiva intergeneracional; es decir, por la preservación de la vida, de los recursos del planeta y de los cambios acontecidos por la industrialización y los avances en Tecnologías de la Información y Comunicación (Alvarado, 2019).
A través de esta realidad, se reconoce que la educación se encuentra expuesta a requerimientos comunitarios, nacionales e internacionales, por lo que exige de cambios y transformaciones para mantener vigente su papel dentro de la sociedad. Por ende, los cambios provienen desde la gestión que se ofrece a la educación, a la investigación, al desarrollo administrativo y financiero, entre otros. Así, se presenta la educación como responsable para la formación de ciudadanos responsables del cuidado de sí mismo y de los demás. Esto esboza un enfoque complejo, axiológico, organizacional, que insta a la participación activa y democrática de todos sus actores (Guevara et al, 2021).
Hacer gestión en materia educativa es adentrarse en el universo de la complejidad humana; es comprender los vínculos epistémicos, políticos y ontológicos que unen al hombre con el resto de seres vivos. A partir de esto, la educación se cimienta sobre un sistema axiológico que satisface las necesidades básicas de los individuos, sin perder de vista la dignidad de la vida y la responsabilidad humana hacia la tierra. En efecto, es imprescindible la innovación, la participación ciudadana y la democratización de la educación, además de trabajar en los temas políticos de la educación, como la gobernanza y gobernabilidad, equidad de género, perspectivas económicas, toma de decisiones, implicaciones interculturales, entre otras. La educación apunta a sentar las besas estructurales para las modificaciones sociales requeridas, no pretende lograrlo todo por sí misma, pero orientando positivamente las políticas públicas y la gestión, enfocada en una visión ética incluyente, puede dar origen al avance social en términos de sustentabilidad.
Sin embargo, este enfoque no debe tomarse como algo improvisado. Al igual que el avance en materia en políticas públicas y gestión de la educación, la educación para el desarrollo sostenible ha venido creciendo a la par de estos señalamientos, indicando la necesidad de participación social de las instituciones académicas, comprendiendo y valorando la dimensión humana de la educación, aceptando que, más allá de los espacios de enseñanza, la educación ha de tener una proyección social continua, vinculándose con los individuos en diversos contextos, como la familia, la comunidad, las instituciones políticas y culturales, las empresas, entre otras. Esto evidencia la urgencia de políticas públicas, cuyo horizonte sea hacer presencia en la sociedad (Núñez, 2019).
Esta visión pone al ciudadano y la comunidad como centro de las políticas públicas e insta a los entes educativos a formar ciudadanos con prospectivas para futuro, haciendo notar la importancia del desarrollo de competencias, como el pensamiento crítico, pensamiento creativo, la gestión de conflictos, gestión organizacional, entre otros. En esencia, se reconoce una educación focalizada en el respeto a la vida, comprometida con la democracia, la inclusión, la interculturalidad y la paz. Ahora bien, según Núñez (2019), se ha de orientar esta visión en tres aspectos fundamentales:
Al romper las barreras limitativas del aula de clase, la gestión educativa se adentra en complejidad social, donde interactúa con diferentes actores sociales, políticos y culturales; con ello reconoce la diversidad cultural, complejiza las necesidades concretas y materiales de los individuos, no como posturas abstractas o teóricas, sino como demandas de seres invisibilizados por la lógica economicista neoliberal. Identifica las necesidades de la comunidad, pero no queda en ese nivel, sino que provee las herramientas necesarias para generar una mejor atención comunitaria, aproximando la academia al contexto social, a las necesidades de desarrollo sostenible; es decir, toma las peculiaridades de la región y trabaja en ellas para avanzar hacia un mundo más humano (Flores et al, 2021).
Por esta razón, la gestión educativa se reconoce como una perspectiva holística, transdisciplinar y transversal, que surge como alternativa a las tensiones generadas por el modelo económico imperante en América Latina, sustentada en patrones estructurales de colonialidad epistémica (Walsh, 2005). Con ello se pretende aproximar las políticas educativas y la gestión a la descolonización del acto educativo, sin negar los avances y posturas teóricas gestadas desde otras vertientes de pensamiento, sino potenciar las oportunidades para avanzar al desarrollo, corrigiendo las debilidades existentes (Alvarado, 2015).
Este nuevo modelo, pensado para la sustentabilidad, brinda un enfoque inclusivo, que no niega ni enmascara las asimetrías sociales, la pobreza, la violencia social. Concibe la educación como motor impulsor del cambio, ya que se constituye como la base del desarrollo sostenible y de los procesos de cambios sociales. En este accionar distinto, la comunidad juega un papel fundamental; el trabajo en la comunidad es imprescindible para impulsar el desarrollo desde abajo, desde lo micro, avanzando hacia lo regional, nacional y, posteriormente, hacia lo global (Flores et al, 2021).
6. Conclusiones
La educación es un problema humano y, como tal, es de interés para diversas disciplinas científicas y humanísticas. Es uno de los mayores retos que se afronta en la actualidad, al ser pensada y destinada para el progreso y para impulsar los cambios necesarios en la sociedad. Supone crear condiciones para romper las limitaciones de la academia y aproximarse a la construcción de un mundo sostenible.
En estas líneas queda en evidencia las condiciones sui generis de la región latinoamericana, caracterizadas por la violencia social, marginación, exclusión y vulnerabilidad en los derechos humanos. Pensar en políticas públicas incluyentes y en gestión educativa eficiente, es un camino que se abre para aproximarnos a la sustentabilidad. Se trata de impulsar un nuevo paradigma, reconocer el valor del diálogo de saberes, del otro, de la interculturalidad, de valorar el conocimiento, ampliado el alcance de los valores necesarios para el cambio social.
Las políticas educativas han de estar pensada con prospectivas para futuro, para asumir el reto de caminar hacia la sustentabilidad. En este proceso, la academia, entendida como escuelas, bachilleratos, universidades, fijarán sus planes, metas y objetivos específicos, pero que han de tener pertinencia social, impactando a las comunidades.
No se puede pensar en una gestión educativa eficiente si la comunidad, alumnos, docentes y demás actores no están involucrados en el proceso. Por este motivo, gestionar la educación hacia el reconocimiento de la complejidad humana y social, así como impulsar la sustentabilidad, es abrir la posibilidad de construir un mundo mejor, perdurable en el tiempo. No se trata de utopías abstractas, sino de trabajar desde las comunidades hacia lo más global, haciendo frente a la lógica homogeneizadora de la globalización y a la lógica instrumental que ve en la educación un instrumento para la inserción laboral, restando el componente humano.
Para finalizar, se ha de señalar que la sustentabilidad es un concepto amplio, divergente y cambiante. Desde la gestión educativa, se ha de trabajar para integrar esta necesidad social con las múltiples luchas de los colectivos sociales, con las demandas de la escuela, de la universidad, permitiendo el paso hacia una sociedad más justa.
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