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Revista de Ciencias Sociales (RCS)

Vol. XXXII, No. 1, Enero - Marzo 2026. pp. 103-116

FCES - LUZ ● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431

Como citar: Hernández, J. J., Velazco, J. C., y Chumaceiro, A. C. (2026). Complejidades de la migración venezolana en Colombia. Perspectiva desde las políticas migratorias. Revista De Ciencias Sociales, XXXII(1), 103-116.

Complejidades de la migración venezolana en Colombia. Perspectiva desde las políticas migratorias

Hernández García de Velazco, Judith Josefina*

Velazco Hernández, Jovana Cristina**

Chumaceiro Hernández, Ana Cecilia***

Resumen

La situación política, social y económica de Venezuela es una realidad de más de 25 años con graves afectaciones al sistema democrático del país, la seguridad ciudadana y los derechos humanos. Esto ha causado una crisis humanitaria que se ha traducido en oleadas migratorias caracterizadas como un fenómeno de orden multidimensional y complejo, la cual, debido a su magnitud, es considerada como una de las cinco crisis migratorias más importantes del siglo XXI. Su impacto es globalizado y en concreto con mayor énfasis en la región latinoamericana; en ese sentido, en esta investigación se analiza en perspectiva la complejidad de la migración forzada venezolana desde la política exterior migratoria aplicada en Colombia, el principal país receptor de esta migración. Empleando un enfoque cualitativo, se estudian las categorías procesadas mediante la recopilación, revisión y análisis bibliográfico-documental de estas políticas, el relacionamiento binacional y las perspectivas del momento. Esta investigación enfatiza la necesidad de construir una política migratoria efectiva, a partir de la construcción de paradigmas inclusivos, situados en la especificidad latinoamericana, el fortalecimiento del sistema democrático y la defensa de los derechos humanos, que no deben perder vigencia con ningún migrante en el mundo en búsqueda de mejores condiciones de vida.

Palabras clave: Migración; política migratoria; democracia; derechos humanos; crisis humanitaria.

* Doctora en Ciencias Sociales mención Gerencia. Certificado Posdoctoral en Estado, Políticas Públicas y Paz Social. MSc. en Administración de Empresas. Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas, mención Ciencias Políticas. Politóloga. Profesora Titular, Investigadora y Editora en jefe de la Revista Jurídicas CUC en la Universidad de la Costa (CUC), Barranquilla, Colombia. Investigadora Senior, E-mail: jhernand86@cuc.edu.co; lasanas23@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5621-9496 Autora de correspondencia.

^**Politóloga. Investigadora. Asesora de la Comisión de Paz y Posconflicto de la Cámara de Representantes de Colombia. Coordinadora de Comunicaciones y Coordinadora de Acompañamiento y Prevención de Violencias basadas en Genero (VGB) en la Fundación Colectiva Flor de Marzo, Colombia. E-mail: jovavela06@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6306-4966

^**Doctora en Ciencias Políticas. Certificado Posdoctoral en Estado, Políticas Públicas y Paz Social. Especialidad en Gerencia Tributaria. Licenciada en Administración, mención Gerencia Industrial. Profesora Titular e Investigadora en la Universidad de la Costa (CUC), Barranquilla, Colombia. Investigadora Senior, E-mail: achumace@cuc.edu.co; anachuma@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8539-2853

Recibido: 2025-09-16 • Aceptado: 2025-12-04

Complexities of Venezuelan migration in Colombia. A perspective from migration policies

Abstract

The political, social, and economic situation in Venezuela has been a reality for over 25 years, severely impacting the country’s democratic system, citizen security, and human rights. This has caused a humanitarian crisis that has resulted in waves of migration characterized as a multidimensional and complex phenomenon, which, due to its magnitude, is considered one of the five most significant migration crises of the 21st century. Its impact is global, with a particular emphasis on the Latin American region. In this research, we analyze the complexity of forced Venezuelan migration from the perspective of the migration foreign policy implemented in Colombia, the main recipient country of this migration. Using a qualitative approach, we study the categories processed through the collection, review, and documentary analysis of these policies, the binational relationship, and the current perspectives. This research emphasizes the need to build an effective migration policy based on the development of inclusive paradigms, grounded in the specific context of Latin America, the strengthening of the democratic system, and the defense of human rights, which must remain valid for all migrants worldwide seeking better living conditions.

Keywords: Migration; migration policy; democracy; human rights; humanitarian crisis.

Introducción

Desde hace más de dos décadas, la crisis política, social y económica de Venezuela se ha convertido en una crisis humanitaria debido a las numerosas oleadas migratorias que han afectado a la región en las últimas dos décadas. Por su multidimensionalidad y su magnitud, se ha caracterizado como “una de las cinco crisis migratorias más importantes del siglo XXI” (Rodríguez y Ramos, 2019, p. 547). Por su especificidad, ha sido un retroceso de carácter inverso porque “Venezuela dejó de ser un país de inmigración para convertirse en uno de emigración” (Gissi et al., 2021, p. 1016).

Además, el éxodo venezolano expone las situaciones políticas que han degradado el sistema democrático-electoral del país (Eguren, 2021; Dekocker et al., 2021; Salgado y Diaz, 2024) y los derechos humanos, con influencias significativas en Latinoamérica. Tal crisis humanitaria, como la venezolana, se enmarca en la configuración de las migraciones forzadas.

Causada por coacción, amenazas a la vida, situaciones que ponen en riesgo la integridad y los derechos humanos, percepción de violencia generalizada, conflictos internos tales como la falla o ausencia de servicios públicos, escasez de medicinas y alimentos, alta tasa de criminalidad e hiperinflación. (Aliaga, 2021, p. 69)

En este caso, los motivos de la crisis humanitaria son variados, pero en términos generales, para algunos autores, hay dos factores predominantes que explican esta situación: Primero, el desgaste del sistema político democrático; y, segundo, un sistema económico monodependiente del petróleo.

Esta discusión se centra en analizar la complejidad de la migración forzada venezolana con énfasis en su contextualización colombiana, revisando los retos que ha impuesto en las dinámicas de políticas migratorias, a manera de responder ¿cuáles son las complejidades y retos de la migración venezolana en la política migratoria en Colombia? para efectuar su análisis en perspectiva desde el 2002 hasta el 2023.

Desde un enfoque cualitativo se estudian las categorías procesadas mediante la recopilación, revisión y el análisis bibliográfico-documental. Tal como lo indican Hernández et al. (2014), el uso de métodos de recopilación de datos cualitativos permite asignar significados específicos y sistemáticos a las categorías descubiertas mediante la consulta de literatura relacionada. Se asume el análisis para revisar las tendencias del conocimiento sobre la migración venezolana y la política migratoria colombiana, con el respectivo arqueo de fuentes, revisión, cotejo, interpretación y conclusiones, evaluando la calidad de los estudios para extraer los datos que permitieron analizar, interpretar y presentar los resultados (Sackett et al., 2000; Manterola et al., 2013).

1. Complejidad: Migración y crisis humanitaria venezolana

Los motivos, razones y fuentes que estudian la migración venezolana, especialmente con respecto a su origen son diversos y se engloban como elementos estructurales y coyunturales (Del Álamo et al., 2021; Bermejo-Bejarano y González-Guerrero, 2021; Caldera y Vivas-Barrera, 2022; Albornoz-Arias et al., 2024). Desde esta perspectiva planteada, el fenómeno se puede concentrar en dos factores centrales: La crisis del sistema político, al desgastarse su talante democrático; y, la del sistema socioeconómico, al ser dependiente del petróleo (Hernández, 2007).

Con respecto al primero, el desmonte del sistema democrático representativo por el cambio de este a una democracia participativa a partir de la Constitución del 1999, impulsada por Hugo Chávez, en vez de mejorar las tensiones preexistentes entre los partidos y los representantes políticos, causó una mayor polarización de estos. Este resultado no puede adjudicarse a esa forma de democracia, sino a la manera como el gobierno desarrolló este modelo, contrario a los principios participativos, al punto de que, para la primera década del 2000, se tradujo en limitaciones a la competencia y a los procesos democráticos, configurando un sistema profundamente autoritario hasta la actualidad (Hernández y Chumaceiro, 2018; Rodríguez y Ramos, 2019; Córdova y Hernández, 2019; Rojas, 2025).

Como segundo factor, el sistema económico, que ya tenía dependencia de la producción petrolera antes de 1999, se volvió cada vez más condicionado al comportamiento de esta materia prima, del mercado petrolero y de la renta petrolera, los que han sido muy cambiantes en el último siglo. Esto se suma a otros factores socioeconómicos, tales como la escasez de bienes y servicios esenciales, así como la crisis económica generalizada, con el control cambiario, devaluaciones, desempleo, inflación y escasez de divisas.

Con todo este contexto, al estar en una situación en la que se ve afectada significativamente la calidad de vida, la seguridad física, la convivencia ciudadana y el bienestar humano, tal como lo expresan Acurero et al. (2023), se origina un movimiento migratorio de gran magnitud, como el caso de los venezolanos.

La crisis humanitaria y la migración forzada venezolana se evidencia de forma contundente en datos oficiales. En tal sentido, según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V, 2023a; 2023b), las cifras estimadas de migrantes en los últimos 4 años son las siguientes, que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1

Cifras estimadas de migrantes

Año	Cifra estimada de migrantes venezolanos
2021	5.4 millones
2022	6.1 millones
2023	7.3 millones
2024	7.7 millones (estimación)
2025	8.0 millones (estimación)

Fuente: Elaboración propia, 2025 a partir de ACNUR y R4V.

En un país con una población de 28.529.163 al 11 de agosto de 2025 (Worldometer, 2025), 8 millones de emigrantes representan aproximadamente el 28% de la población total, un dato significativo frente a las diferentes migraciones en el mundo.

Las oleadas migratorias registradas en Venezuela comienzan desde el 2002, cuando sucede el paro petrolero. Después del vacío de poder, con Chávez a su regreso, se producen despidos masivos, persecuciones, entre otras situaciones críticas. Esta primera oleada migratoria fue mayormente de funcionarios despedidos y personas de clase alta y media. Luego, en la segunda oleada que se daría en 2007, salieron principalmente empresarios a causa del “referéndum por reelección indefinida, expropiaciones de tierras y empresas, estatización de canales de televisión, inseguridad jurídica de la propiedad privada” (Aliaga, 2021, p. 68).

Posteriormente, con la muerte de Hugo Chávez y la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, ocurre la tercera oleada, compuesta mayoritariamente por la clase media profesional, técnica y/o universitaria y motivada por la crisis económica que iba empeorando cada vez más. En la cuarta, desde el 2015, con énfasis en 2017, se hizo más forzosa la salida de las personas del país, incluyendo con mucha más frecuencia personas de clase media y baja como consecuencia de diferentes situaciones; desabastecimiento de alimentos, racionamiento de servicios básicos (electricidad, agua), violencia, restricciones contra los opositores, inestabilidad política, entre otras.

Desde 2019, con las tensiones político-electorales y la continuación de la crisis económica, se ha desarrollado la última ola, en la que la migración hacia países cercanos es cada vez más común, ya sea de paso o con vocación de permanencia. Es así como una característica de esta ola ha sido el aumento de migrantes que pasan por el Darién, uno de los lugares de más difícil acceso del mundo. De hecho, en 2024, se alcanzó una cifra récord de 520.085 del tránsito de migrantes irregulares a través de la densa selva tropical que conecta a Centro y Sudamérica (France 24, 2025).

Esta crisis migratoria continúa en la actualidad, con nuevos retos, debido al aumento de políticas anti migratorias, especialmente en 2025 con la llegada nuevamente de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien ha endurecido las políticas frente a lo que ha considerado entradas irregulares al país. A esto se ha sumado su alianza estratégica con gobiernos de la región, como Panamá, el cual, con la vía al Darién, se ha convertido en un país de tránsito para migrantes del mundo.

En cuanto a los destinos con mayor recepción de esta migración en América Latina y el Caribe, están Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR 2025), en total, son aproximadamente 6,7 millones, de los cuales al menos 3 millones residen en Colombia, convirtiéndose en el principal receptor, con más de un tercio del total de inmigrantes y refugiados venezolanos del mundo.

En algunos países, los venezolanos son deportados, enfrentan xenofobia y no pueden trabajar ni acceder a servicios de salud y educación (Human Rights Watch, 2022; Ramírez et al., 2022; Rousset et al., 2022; Alizadeh, 2024). Recrudeciendo la migración venezolana no solo como movimiento migratorio sino en detrimento de derechos fundamentales para estas personas en medio de esta crisis humanitaria.

La situación con respecto a las políticas de esta migración, sobre todo las que se han adoptado en los países cercanos a Venezuela, también ha sido compleja, entre otras razones, por la ausencia de una estrategia regional coordinada, que ha dejado a muchos migrantes en condiciones precarias y sin la posibilidad de acceder al estatus de refugiado u otras protecciones legales, limitando sus posibilidades de establecerse, radicarse, trabajar, alcanzar ciertos niveles de vida para su supervivencia individual y de sus familias. En síntesis, una crisis humanitaria sin articulaciones efectivas para su recepción en otros países, los venezolanos huyen de la violencia humana, económica y política, cuando en otrora su país fue un artífice de oportunidades para otros migrantes del mundo.

2. Migración en contexto

Las implicaciones de este fenómeno para Colombia, con el cual Venezuela comparte más de dos mil kilómetros de frontera, son numerosas. La última oleada específicamente representó un aumento en los casos de personas migrantes indocumentadas e irregulares, en muchos casos con desnutrición y enfermedades infecciosas, contagiosas y/o crónicas, derivadas de la falta de insumos y atención médica y alimentos del país venezolano (Aliaga, 2021), lo que quiere decir que el gobierno colombiano no solo ha tenido que gestionar la inmigración irregular, sino el acceso a salud y ayuda para migrantes que no han tenido facilidades suficientes en su país para combatir enfermedades o el hambre.

Además, esta población mantiene varios problemas frente a la garantía de sus derechos humanos y de la vida digna en general, según el informe del Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes (R4V, 2022); el 82% de los hogares en destino tenía una vivienda inadecuada; el 51% comía dos veces al día o menos; el 92% tenía un acceso insuficiente o intermitente al agua; y sólo el 48% de los niños asistía a la escuela. Mientras tanto, el 52% ganaba menos del salario mínimo, el 19% estaba desempleado y el 24% de los hogares recurría a mecanismos de supervivencia negativos. En cuanto a la población en tránsito, el 51% sufría inseguridad alimentaria grave, el 69% tenía dificultades para acceder al agua potable y el 92% carecía de recursos para sus viajes.

Asimismo, según Migración Colombia (2025), la presencia de venezolanos alrededor de todo el territorio colombiano está repartida: 591.462, es decir, el 21% del total, residen en Bogotá. Después, está Antioquia con 390.936; Norte de Santander con 331.152; y Atlántico con 199.436, como los departamentos con mayor presencia.

Con respecto a la regularización, hasta diciembre de 2024 se cuantifican 2.815.611 migrantes venezolanos en Colombia. De estos, 86.413 se encontraban en situación regular, 2.274.684 estaban siendo o habían sido regularizados en el marco del ETPV y ٤٥٤.٥١٤ estaban en situación de irregularidad (Migración Colombia, ٢٠٢٥).

Por otra parte, Colombia, a raíz del conflicto armado, la violencia e inseguridad que se vivió en el país a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI, no se ha caracterizado por ser receptor de migrantes y menos de esta forma tan desmedida; por el contrario, fue un país con muchos emigrantes que iban a otros países buscando mejores condiciones de vida, siendo uno de los principales destinos Venezuela. Es por ello por lo que, hasta el comienzo de las oleadas migratorias, Colombia no tenía un marco legal, institucional y organizacional que permitiera dar respuesta adecuada a esta crisis, más allá de decisiones reactivas, como expresan Rodríguez y Ramos (٢٠١٩):

Ante la falta de un marco legal actualizado a las nuevas complejidades de la migración, la respuesta gubernamental se ha centrado en la creación de instrumentos contingentes y temporales. Pero dicho proceder ha generado expectativas erradas y falsas del problema. La mayoría suele pensar que como las medidas tienen una vigencia máxima de dos años, al llegar ese momento los problemas de Venezuela ya estarán resueltos y los contingentes de migrantes regresarán a su país. (p. 568)

En ese orden de ideas, la migración venezolana en Colombia sostiene las mismas caracterizaciones de otros países de América Latina en esta recepción específica, pero se rescatan dos condicionamientos en este contexto; primero, la acentuada migración dada por la gran cantidad de venezolanos que entran a este país vecino a través de las fronteras compartidas de extensas movilidades; segundo, Colombia históricamente por sus dinámicas sociales y del conflicto ha sido un país de migrantes hacía el mundo y no un receptor per se, lo cual evidentemente, se concreta en una política migratoria coyuntural de los últimos años y como respuesta al caso venezolano como éxodo masivo, no así como una política migratoria sostenida y robustecida de amplios contenidos.

3. Perspectiva de la política exterior colombiana: Un análisis de 2002 a 2023

La política migratoria colombiana en este análisis se focaliza en los planes nacionales desde los gobiernos del 2002 al 2023, en una caracterización general. En el contexto de los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe (2002-2010), los Planes Nacionales de Desarrollo de 2002 y 2006 impulsaron la política migratoria en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego, en 2009, se aprobaron dentro del CONPES 3.603 lineamientos generales alrededor de la construcción, ejecución y monitoreo de las políticas migratorias, entre los cuales estuvo la propuesta de una Política Integral Migratoria (PIM). El PIM estaba basado en la coherencia y reciprocidad entre las relaciones con otros países, con una perspectiva de integralidad a largo plazo y respeto por los derechos humanos de los migrantes.

Posteriormente, en 2011, el Congreso aprobó la reforma a la Comisión Intersectorial de Migraciones por medio de una ampliación que permitió la creación del Sistema Nacional de Migraciones (SNM), compuesto por un conjunto de instituciones públicas y organizaciones de la ciudadanía para apoyar al Ministerio de Relaciones Exteriores de cara a la política migratoria, con miras a reforzar la construcción de esta política y permitir la participación de los migrantes en estos procesos (Ciurlo, 2015).

Sin embargo, estas políticas estuvieron centradas primeramente en la atención, participación y protección de emigrantes nacionales colombianos que residían en otros países y, aunque también incluían a extranjeros residentes en el país, no tenían focalización en inmigrantes venezolanos, probablemente porque para ese momento la crisis en Venezuela no representaba aún una emergencia para Colombia.

Entre 2010 y 2018, los dos períodos presidenciales de Juan Manuel Santos estuvieron permeados por la necesidad de mantener el respaldo internacional frente al proceso de paz. Por ello, la estrategia de la administración de Santos se basó en “una gran apuesta por salvar la paz en Colombia en medio de un contexto nacional adverso” (Louidor, 2018, p. 43). En el caso específico de Venezuela, había dos elementos: Primero, que Chávez era pieza clave para comenzar los diálogos con las FARC y Venezuela era un país garante; y, segundo, que Cuba, país muy cercano a Venezuela, era la sede de las negociaciones del proceso. En otras palabras, para ese momento era casi imposible y, más que todo inoportuno para sus propósitos nacionales, que el gobierno colombiano optara por medidas que reconocieran de forma tan abierta y clara la crisis humanitaria y rechazaran al régimen oficialista.

A pesar de ello, en esa época varias herramientas fueron creadas y radicadas para una mejor sistematización y gestión a corto plazo frente a esta problemática: El Permiso Especial de Permanencia (PEP), la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) y el Registro Administrativo para los Migrantes Venezolanos (RAMV). Con esto también se quiso gestionar la migración pendular, en la que los migrantes ingresan al país por un período corto de tiempo, de forma que puedan obtener bienes y víveres, visitar personas cercanas y llevar a cabo otras tareas en los territorios fronterizos, sin vocación de permanencia (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2018).

No fue hasta 2017 que se reconoció la continuidad de la crisis venezolana. Por esto, las herramientas del PEP, TMF, y RAMV, fueron acompañadas de la creación de una sistematización más completa de la población migrante y la implementación de políticas para mejorar sus condiciones laborales, económicas, educativas y de salud.

El más reconocido de esos instrumentos es el PEP, dirigido a aquellos migrantes venezolanos que no eran elegibles para tener un visado, pero tampoco podían volver a Venezuela. Este documento permitía la identificación de la población venezolana residente en Colombia y facilitaba su regularización, con el propósito de mejorar sus condiciones de vida al tener acceso a ofertas institucionales (Buriticá, 2018).

Uno de los hechos más trascendentales de las relaciones exteriores entre ambos países para esa época fue cuando, en 2015, el mandatario venezolano Nicolás Maduro declaró estado de excepción en varios municipios fronterizos con el argumento de que militares venezolanos habían sido atacados por grupos paramilitares colombianos, reforzando la frontera con mayor presencia de las fuerzas armadas. Más de 20 mil colombianos fueron víctimas de deportaciones, sumados a los que decidieron volver a Colombia para no ser víctimas de persecuciones en Venezuela.

En agosto de 2017, el gobierno de Colombia rechazó la legitimidad del régimen de Maduro a través de una declaración conjunta del Grupo Lima. En la declaración señalaban la ruptura del orden democrático en Venezuela y la necesidad de restablecerlo; apoyaban a la Asamblea Nacional; repudiaban la violación sistemática de derechos humanos; reconocían la existencia de una crisis humanitaria; mantenían su compromiso de hacer seguimiento a la situación, entre otros puntos (Louidor, 2018).

En 2018, con la llegada de Iván Duque a la presidencia, la cancillería tuvo mayor acción frente a este tema, con objetivos como la internacionalización de la crisis humanitaria de Venezuela para dar a conocer aún más lo que sucedía, tener más recursos y promover la coordinación regional e internacional de Estados y organizaciones, incluyendo la ONU. El debate fue de tal magnitud que se propuso crear una ley de fronteras y una ley migratoria (Rodríguez y Ramos, 2019). Además, ese mismo año se radicó el CONPES 3950, con una visión a mediano plazo que buscaba dar mayor apoyo y atención a migrantes y fortalecer la institucionalidad, por medio de la promoción del acceso a servicios básicos de esta población.

En general, en este período hubo un proceso de venezolanización en la política exterior de Colombia, en el cual Duque prioriza la crisis del país vecino, al punto de que sus relaciones exteriores se vieron permeadas por esta problemática, lo que se ve reflejado en la distribución de los recursos obtenidos por la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) de Colombia, en los que el 22,47% fue dirigido al fenómeno migratorio, solo siendo superado por el componente de paz y estabilización territorial (Marriner y Becerra, 2020).

El discurso estuvo centrado en la solidaridad con el pueblo venezolano, reconociendo a los migrantes como víctimas del sistema político y económico de Venezuela. Dentro de esta lógica se marcaron tensiones diplomáticas profundas entre ambos gobiernos por los posicionamientos mutuamente contrarios, que tuvo su clímax cuando Nicolás Maduro decidió romper relaciones con Colombia a partir del reconocimiento dado por Duque a Juan Guaidó como presidente interino (BBC News Mundo, 2022). Todas estas interacciones influyeron en las decisiones políticas tomadas (Gissi et al., 2020), tales como el reconocido internacionalmente fallido cerco diplomático.

El cerco diplomático de 2019 buscaba aumentar la presión internacional sobre el régimen venezolano a partir de dos estrategias: Primero, lograr que muchos Estados reconocieran a Guaidó, político venezolano de la oposición, como presidente interino, lo que produciría un gran debilitamiento de la legitimidad internacional del oficialismo; y segundo, que se reforzaran las sanciones económicas para Maduro.

Se planeó ingresar ayuda humanitaria desde la frontera y que se recibiera con una movilización social (Borda, 2020); sin embargo, las dinámicas internas de Venezuela hicieron ineficaces esas acciones: “Los camiones con ayuda humanitaria no lograron atravesar la frontera. La fuerza pública venezolana y varios civiles lo impidieron, e incluso uno de los camiones fue incendiado y la autoría del episodio fue objeto de múltiples especulaciones (p. 7).

No fue hasta 2020 que el gobierno colombiano volvió a pronunciarse con respecto a la situación, después de que a finales de 2019 concluyeran sin resolución las conversaciones de Barbados, que ocurrieron meses posteriores al cerco diplomático y que buscaban la negociación entre la oposición venezolana y el oficialismo.

Paralelamente en 2020, el gobierno estadounidense, en cabeza de Donald Trump, propuso levantar sanciones económicas a cambio de un gobierno de transición que gobernara de seis a doce meses antes de las nuevas elecciones, para prever la inclusión de todos los sectores. Este gobierno sería escogido por la Asamblea Nacional, que en ese momento tenía mayorías opositoras.

De cara a esto, Duque se pronunció de forma positiva, recalcando su posición frente a la crisis con: Uno, el cese de la usurpación; dos, un Gobierno de transición con representación amplia; tres, convocatoria a elecciones libres; y cuatro, la reactivación económica (Rendón, 2020), e intentando señalar el éxito del cerco diplomático. Sin embargo, Maduro se negó a la negociación y en octubre de 2021 llamó a la normalización de las relaciones comerciales y diplomáticas entre Colombia y Venezuela, a lo que Duque se negó (BBC News Mundo, 2022).

En términos generales, la política exterior colombiana en los últimos 25 años, ha tenido que definirse desde; lo cambiante y mutante de las realidades mundo, como desde sus propias dinámicas con el conflicto interno, relacionado con violencia y narcotráfico, como también con diálogos, acuerdos para la paz; como igualmente de las diferentes prioridades globales y nacionales para establecer la agenda e insertarse en el contexto internacional; además, de los desafíos incesantes que surgen en los derechos humanos, humanitarios, de diferentes ordenes como lo político, ambiental, la salud, lo tecnológico, un corolario de pesos y contrapesos a definir en el circuito de sus relaciones domésticas e internacionales.

Asimismo, en el tema de la migración venezolana, la política colombiana ha girado de acuerdo con sus intereses, los de la región, de los gobiernos de turno, y de la propia situación política, social, económica de Venezuela, realidades que permearon lo democrático e institucional y que han sido interpretadas con efectividad recientemente, en los últimos años, y a la luz de su impacto público de alcance mundial, lo que ha determinado en esas miradas la aplicación de nuevas políticas migratorias.

4. En la perspectiva de una efectiva política migratoria

Las respuestas de las instituciones colombianas frente a la migración venezolana han estado sujetas a la coyuntura y no han tenido una mirada a largo plazo, por lo que han sido ineficaces. Pero esto no ha sido exclusivo de Colombia; por ejemplo, en Perú y Ecuador las acciones, además de ser limitadas, han llegado a ser violentas y revictimizantes con políticas de seguridad y control sumamente restrictivas, que van desde el cierre de fronteras hasta la militarización de estas (Barbieri et al., 2020). Esto ha afectado tanto a migrantes como a las regiones fronterizas, sobre todo las más vulnerables, víctimas de la presencia diferenciada del Estado.

En oposición a estas medidas punitivistas, los gobiernos nacionales han reconocido que es necesario alianzas internacionales que permitan construir vías legales para el tránsito humano, y políticas, que mejoren las condiciones de los inmigrantes a través de mejores prestaciones de servicios y oportunidades laborales y educativas. No obstante, aunque estos compromisos demuestran avances frente al manejo de la política migratoria, siguen siendo insuficientes porque ameritan otras consideraciones:

Para Colombia, la integración migratoria y la protección de los derechos humanos son temas ineludibles que comprometen la convivencia y el bienestar de la sociedad colombiana. Por lo tanto, el país debe liderar una política exterior acorde a los intereses nacionales en esta materia, lo que será casi imposible si no hay unos lineamientos claros y robustos de política migratoria a nivel nacional, si se sigue apostando de manera generalizada a la ‘desvenezolanización’ del tema y se pierde la oportunidad de abordar la migración de manera bilateral con Venezuela, en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. (Robayo, 2023, p. 7)

Con el gobierno de Gustavo Petro, el primer año de 2022 a 2023, centró su política en la integración regional y el fortalecimiento de lazos con países vecinos, especialmente Venezuela, bajo principios de diálogo y cooperación (Orozco et al., 2024). Sin embargo, en los años siguientes se han agregado nuevas dinámicas a nivel nacional e internacional que son de carácter público y cobertura comunicacional a nivel global.

A partir de todo este contexto, se reconoce en primer lugar que la política exterior del país, antes de Petro, ha estado permeada por una profunda influencia de Washington como un actor imprescindible, teniendo en cuenta las bases teóricas y analíticas del Orden Internacional Liberal, el cual es una manera de organizar la política internacional de forma abierta y basada en reglas y/o discursos compartidos. En este caso específico, “exhibe un enfoque tripartito, basado en normas de estirpe democrática, la expansión del libre comercio y la práctica internacional de multilateralismo” (Palma-Gutiérrez y Long, 2022, p. 5).

Por ello, las prácticas de Colombia dentro de esa política exterior se caracterizan por ser performáticas con el objetivo de buscar reconocimiento, prestigio y el ocupar el papel de un buen miembro del OIL, en particular al tener un pasado problemático y ser visto como un Estado en el que históricamente se han violado derechos humanos en el marco de un conflicto armado (Palma-Gutiérrez y Long, 2022). El resultado es que, dentro del OIL, a nivel regional e internacional, Colombia ha sido reconocida por su solidaridad y se ha reafirmado a sí misma con declaraciones del expresidente Duque:

Representa el acto de generosidad migratoria más importante de la historia reciente. Es el triunfo de una nación en su solidaridad, en su amor por el prójimo y que constituye ante todo un genuino hecho de paz. Cuando se acoge al migrante con las pautas que ha hecho Colombia nos damos cuenta de que hay una referencia para el mundo (Palma-Gutiérrez y Long, 2022, p. 15)

El Estado colombiano se ha encargado de posicionarse como un modelo a seguir por su ayuda a millones de migrantes que han sido víctimas de un régimen antidemocrático. Todo ello se complementa con una activa participación en reuniones con actores internacionales, discursos activos y constantes en contra de la crisis humanitaria, giras burocráticas, eventos con Estados y organizaciones internacionales, visitas a los pasos fronterizos y centros de refugiados, entre otras acciones. Aspectos positivos para sostener en su política migratoria.

Pero también hay cifras y denuncias de xenofobia, exclusión y expulsiones tanto en Colombia como en otros países del hemisferio, perdiendo en esencia el significado de la fragilidad y vulnerabilidad de los migrantes, en el sentido más elemental por la dignidad humana y los derechos de los que son titulares (Caldera y Vivas-Barrera, 2022).

En ese sentido, se hace urgente una política migratoria estructurada, inclusiva y dinámica, en función de los derechos humanos y no de visiones coyunturales y fragmentadas, o de intereses ideológicos del momento. Este enfoque debe compartirse en la región para adoptar una estrategia frente a la migración que permita abordar temáticas como la seguridad fronteriza, preservación de las relaciones, en proporción a los derechos humanos, humanitarios, los acuerdos suscritos, en reciprocidad y corresponsabilidad hemisférica.

Por último, en el caso de Colombia, dado que sus dinámicas migratorias han cambiado, su rol como país receptor de migrantes debe ser recalibrado ya no solo en proporción a sus emigrantes porque, aunque sigue siendo un país de salida ahora es también un país de entrada, dualidad que debe ser reinterpretada en su política migratoria con una perspectiva integral, colaborativa, oportuna y sin discriminaciones.

Conclusiones

En este análisis sobre la política migratoria de Colombia con relación a los migrantes venezolanos, como respuesta a la interrogante planteada ¿cuáles son las complejidades y retos de la migración venezolana en la política migratoria en Colombia?, se evidencian varias conclusiones. De manera determinante han prevalecido las visiones históricas de la política exterior colombiana; su propia caracterización migrante, con el agregado de las posiciones ideológicas de los gobiernos de turno, sus relacionamientos, y los aliados en sus tiempos.

Estas actitudes pueden ser extrapoladas y determinadas por las condiciones del momento de la dinámica migratoria; primero, el hecho de que históricamente Colombia no ha sido un país en gran medida receptor, sino más bien emisor, ha fundado falencias estructurales y vacíos institucionales que se ven reflejados en la incapacidad de los últimos gobiernos de responder correctamente a la crisis migratoria, quienes han carecido de una perspectiva duradera.

A su vez, la coyuntura ha jugado un papel crucial en la adopción de medidas y posicionamientos críticos. Un ejemplo claro fue la administración de Santos, que se basó en gran parte en el proceso de paz, el cual dependía directamente de Venezuela como país garante y Cuba como país sede, por lo que rechazar tajantemente al gobierno venezolano en ese momento era contrario a sus intereses nacionales.

En esa misma lógica, los propósitos de los mandatarios actuales están acordes con los objetivos de otros mandatarios de la región y responden a una coyuntura de cooperación muy particular en Latinoamérica, lo que amerita que las relaciones entre Venezuela y otros países se vean restablecidas; además, porque, como se evidencia en el tiempo, la estrategia de aislar diplomáticamente a Venezuela fracasó, lo que hace obligatorio apuntar por otras medidas, performatividades y políticas.

Muchas veces las autoridades colombianas, tanto a nivel regional como nacional, se han inclinado por soluciones securitistas que han afectado profundamente a la población inmigrante, al punto de que se ha llegado a militarizar la frontera con el objetivo de retener la inmigración irregular.

Es cierto que las dificultades que enfrenta Colombia intentando gestionar la migración irregular ameritan soluciones rápidas e inmediatas. Sin embargo, estas no pueden ser las únicas respuestas ante esta crisis; por el contrario, hay que dar espacio a procesos que integren a la población venezolana en un mediano y largo plazo, teniendo en consideración sus diversidades culturales, sociales, políticas y económicas.

Esto solo puede ser posible cambiando de paradigmas y abandonando las visiones hegemónicas de la política exterior en asuntos de migración y creando nuevas teorías, prácticas y ópticas que valoren las características distintivas del subcontinente, nación y regiones colombianas.

La presente discusión, aporta sobre las perspectivas históricas y de aplicación de políticas migratorias en Colombia en el periodo analizado, con lo que se permite considerar los elementos sustanciales tanto del país receptor Colombia como del caso de los migrantes venezolanos, en una dinámica particular de dos países vecinos pero con realidades diferentes desde lo político y económico, pero en constante interacción por sus intercambios y flujos humanos que les han determinado en sus fronteras.

En el presente año, 2025, se aúnan elementos hemisféricos como el desconocimiento de los resultados electorales del 2024 en Venezuela con la continuidad de Nicolás Maduro como gobernante sin la legitimidad de origen; las políticas migratorias restrictivas de Trump en los Estados Unidos; y la categorización de carteles internacionales con la implicación de Nicolás Maduro y otros miembros de su círculo de poder como enemigos de la seguridad mundial. Estos elementos señalados, en definitiva, son consideraciones pertinentes para próximas disertaciones sobre estos temas, futuras líneas de investigación, de forma que pueda analizarse la evolución de la política exterior colombiana a la luz de la geopolítica actual 2025 y a continuación.

En definitiva, es indispensable aplicar una política migratoria en Colombia y la región latinoamericana; estructurada, incluyente, hemisférica, y en armonía efectiva con los derechos humanos y humanitarios para con los venezolanos y en general para los migrantes del mundo.

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