Revista de Ciencias Sociales (RCS)

Vol. XXX, No. 2, Abril - Junio 2024. pp. 376-386

FCES - LUZ ● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431

Como citar: Vásquez-Shimajuko, M. T., Ramírez-Figueroa, K. P., Sebastiani-Elías, Y. D. F., y Urquiza-Zavaleta, R. E. (2024). Dimensión ético-política de la formación ciudadana en la educación superior. Revista De Ciencias Sociales, XXX(2), 376-386.

 

Dimensión ético-política de la formación ciudadana en la educación superior

 

Vásquez-Shimajuko, Manuel Takeshi*

Ramírez-Figueroa, Karin Patricia**

Sebastiani-Elías, Yvonne de Fátima***

Urquiza-Zavaleta, Roxana Elisa****

 

Resumen

 

La formación ciudadana es un tema de interés ético y político, con notable presencia dentro de las discusiones universitarias, que tienen como fin hacer frente a escenarios asimétricos presentes en el siglo XXI. Partiendo de estas premisas, el artículo fija como objetivo analizar la dimensión ético-política de la formación ciudadana en la educación superior, considerando los siguientes aspectos: Una breve síntesis sobre el significado conceptual de ciudadanía; señalar la dimensión ético-política de la educación superior, lo que incide en la formación del ser humano integral, que incluye la capacitación axiológica, deontológica y el carácter político de la acción participativa dentro de la colectividad; e indicar la relevancia de la formación ciudadana en la educación superior, reconociendo la importancia que tiene para el progreso material de los pueblos. El diseño de la investigación es de tipo cualitativo, aplicando el método hermenéutico-documental. Entre los principales resultados, se distingue que la formación ciudadana impulsa los encuentros comunitarios, fomenta la inclusión, el respeto, activismo político, teniendo en miras la transformación de la sociedad. Se concluye en la urgencia de replantear la dirección de la educación superior, encaminándole hacia la lucha contra contextos sociales adversos, homogeneización del saber, velando por la formación de ciudadanos libres.

 

Palabras clave: Educación superior; formación ciudadana; dimensión ético-política; transformación social; democracia.

 

 

Ethical-political dimension of citizen training in higher education

 

Abstract

 

Citizen training is a topic of ethical and political interest, with a notable presence within university discussions, which aim to address asymmetric scenarios present in the 21st century. Starting from these premises, the article aims to analyze the ethical-political dimension of citizenship training in higher education, considering the following aspects: A brief synthesis of the conceptual meaning of citizenship; point out the ethical-political dimension of higher education, which affects the formation of the integral human being, which includes axiological and deontological training and the political nature of participatory action within the community; and indicate the relevance of citizen training in higher education, recognizing the importance it has for the material progress of people. The research design is qualitative, applying the hermeneutic-documentary method. Among the main results, it is distinguished that citizen training promotes community meetings, encourages inclusion, respect, and political activism, with the transformation of society in mind. It concludes with the urgency of rethinking the direction of higher education, directing it towards the fight against adverse social contexts, homogenization of knowledge, ensuring the formation of free citizens.

 

Keywords: Higher education; citizen education; ethical-political dimension; social transformation; democracy.

 

 

Introducción

Dentro del ámbito educativo, la formación ciudadana representa un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad, para la promoción de los valores, la cultura y para las interacciones entre individuos. Lograr consolidar la integración de la formación ciudadana con la educación y, específicamente, con la educación universitaria, es un paso hacia adelante en lo tocante a la prevención de patologías sociales, manifestadas en la xenofobia, racismo, machismo, violencia, corrupción y demás anomalías que condicionan el desenvolvimiento diario de la región latinoamericana.

Concebido así, la formación ciudadana ha de tenerse en consideración más allá de una unidad curricular o de un programa de estudio, representa una necesidad apremiante, un eje transversal de la formación universitaria, donde convergen estrategias, métodos, planes y prácticas para ejercicio de la ciudadanía democrática, libre y pensante, capaz de hacer frente a las demandas del contexto actual.

Atendiendo a lo anterior, la formación ciudadana amplía su campo de actuación hacia la promoción de prácticas alternativas, inclusivas, simétricas, democráticas, que cohesionen las demandas de la colectividad con las urgencias de crecimiento económico. Frente a esta realidad, se toma en consideración los esfuerzos académicos que, desde distintas vertientes de pensamiento, se han venido desarrollando recientemente, lo que devela el papel vital de la formación ciudadana en el siglo XXI.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015), la educación ciudadana es un recurso indispensable para afrontar los desafíos globales, simultáneamente que se promueve una participación democrática proactiva, pacífica, tolerante y sostenible. Con ello, se emplaza a la transformación radical de la sociedad y de la educación, mediante el reconocimiento de la identidad individual y colectiva, de los nexos que constituyen a las comunidades, haciendo de estas participes de la formación, de la transformación y de la aplicación de valores positivos, enfocados en la defensa de los derechos humanos.

En lo tocante a esta temática, destacan investigaciones centradas en la formación para el trabajo colaborativo, dentro y fuera de la universidad, donde se hace énfasis en el respeto a la diversidad, a las diferencias y a la resolución de conflictos asociados a la cultura, religión y política (Martínez et al., 2022); también en lo concerniente a la responsabilidad de las universidades para la formación de profesionales a insertarse dentro de las organizaciones laborales (Condori, Villavicencio y Reyna, 2022).

Asimismo, resultan fundamentales las investigaciones en torno a la lucha por el reconocimiento de un modelo educativo vinculante a los objetivos del desarrollo sostenible, el diálogo intercultural y la diversidad ciudadana (Martelo, Marrugo y Franco, 2021), así como en la relevancia de la formación no formal de la ciudadanía para lograr cambios permanentes, democráticos y activos en la protección, cuidado del medioambiente, impulsando una ciudadanía ecológica (Ninalaya et al., 2022), en la consolidación de la relación universidad/comunidad, como medio de impulso del pensamiento crítico, la democracia y la formación permanente de la ciudadanía (Suarez, 2023).

Además, el papel de la universidad para las transformaciones democráticas dentro de la sociedad y para la transmisión de valores necesarios para la formación ética y ciudadana, centrados en respeto, la equidad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible (Chamorro-Maldonado et al., 2023).

En virtud de lo anterior, la presente investigación centra su atención en el análisis de la formación ética de los ciudadanos dentro de los espacios universitarios, teniendo como finalidad contribuir en esta nutrida discusión, ofreciendo, bajo un diseño de investigación cualitativa, aplicando el método hermenéutico-documental, herramientas para la evaluación de estos conceptos, a la luz de la reflexión filosófica y de consideraciones epistémicas divergentes.

Por esta razón, se aplica la revisión de textos desde diversas perspectivas y orientaciones temáticas, buscando los significados implícitos en ellos, comprendiendo la profundidad de los temas inmersos en la discusión. Para la recopilación de datos, se tomaron en cuenta importantes motores de búsqueda especializados, como Scopus, Dialnet, Google Académico, RevicyhLUZ, entre otros. 

 

1. Aproximación al concepto de ciudadanía

En la historia de la humanidad, el concepto de ciudadanía ha sido evolutivo, no abarcando a todos por igual, estando limitado el derecho a ser ciudadano a aquellos que poseyesen las condiciones materiales, étnicas y racionales para serlo. Es Aristóteles (2015), el pionero en ofrecer una teoría política completa sobre la ciudadanía, donde señala que ciudadano es aquel cuyos condicionamientos racionales, políticos y, sobre todo, su condición de hombre libre, le permite gobernar, dividiendo la actividad política de la polis en gobernantes y gobernados.

Partir de esta definición implica la comprensión del hombre como animal político, nacido para la asociación en comunidad (zoon politikon), para la socialización y para la adopción de normas emanadas desde la polis a sus ciudadanos, quienes, en primera instancia, estaban unidos por lazos consanguíneos (Giraldo-Zuluaga, 2015).

La conceptualización de asociación política de Aristóteles cambió drásticamente con la aparición del Imperio Romano, quienes concebían la ciudadanía como un acto de libertad, donde sólo era ciudadano el hombre libre, capaz de contribuir de forma económica, política o militar al crecimiento del imperio. En efecto, la ciudadanía, al igual que en la polis griega, no era extensible a los extranjeros ni a los esclavos, era una cualidad única y exclusiva determinada por la ley natural para Aristóteles (2015), y por el poder y la actuación política para los romanos.

La ciudadanía se presenta como un concepto político, cuyas consideraciones y orientaciones afectan los ordenamientos sociales y el desenvolvimiento de la vida dentro de la comunidad política; por tanto, se encuentra determinado por las circunstancias históricas, por el surgimiento de la democracia y por los condicionamientos existentes a nivel territorial, civil, políticos y económicos del momento.

Se trata de un concepto evolutivo, que se integra a las discusiones filosóficas, éticas y políticas, que alcanza su cúspide con la conformación del Estado Moderno, donde el ciudadano se torna el centro de las discusiones sobre el derecho civil, la ley natural, la teoría del gobierno, significando una transición de las consideraciones políticas antiguas y medievales, hacia la ciudadanía moderna, determinada por las diversas interpretaciones sobre el Estado (Herrero, 2006).

El Estado se abre paso al escenario político, integrándose a las definiciones de igualdad, derechos civiles, progreso, haciendo evidente la necesidad de regulación de las relaciones sociales, donde el ciudadano se integra a estas dinámicas, dejando de ser un habitante más de la ciudad, para convertirse en un ciudadano de la misma, sujeto de derechos, integrante de las funciones sociales estables y estructuradas. Así, el Estado moderno flexibiliza la definición de ciudadanía y la integra a otras categorías esenciales como la economía, el comercio, el cambio, los desequilibrios financieros, las clases sociales, la burguesía, el capitalismo, la lucha de clases, entre otros aspectos. Sin embargo, se da prioridad a la formación de ciudadano libre, de buen ciudadano, proclive al orden y el progreso social (Herrero, 2006).

En contraste con lo anterior, Anaya, Jorge y La O (2024), considera que la formación ciudadana propiciada por el Estado, trasciende los escenarios económicos y políticos, convirtiéndose en un imperativo social, que inicia en la familia, pasa por la comunidad, la escuela, las instituciones, hasta llegar a consolidar un prospecto de buen ciudadano, que encaje con las demandas del Estado y de las sociedades actuales. Esto sin perder de vista las dimensiones psicológicas, cognitivas, afectivas, necesarias para integrarse efectivamente en sociedad.

Como tal, la ciudadanía se origina de la capacidad de autogobierno y de apertura de la comunidad hacia el exterior, siendo elementos esenciales el comercio, la cultura, las transacciones económicas, la concentración de personas, edificaciones, la diversidad étnica, las relaciones sociales diversas. Es en las ciudades donde se instauran procesos de cohesión social, pautas culturales que regulan a los grupos colectivos, que brindan identidad material y simbólica, además de permitírsele al ciudadano a participar en los asuntos de políticas públicas, siendo esencial para el ejercicio libre y democrático de la política dentro del Estado.

De esta forma, el Estado se convierte en signo distintivo de evolución de la ciudadanía, de protección de los derechos de sus integrantes, de instituciones políticas capaces de garantizar los derechos individuales y colectivos, ceñidos por la igualdad y la inclusión, promoviendo el sentido de pertenencia de sus ciudadanos (Borja, 2002). Hecho que, de acuerdo a Jara, Sánchez y Cox (2023), cohesiona la sociedad, al otorgar un sentido de identidad común, que va en búsqueda del involucramiento de los ciudadanos en la defensa de sus derechos, hecho que solo puede ser posible mediante una adecuada educación y formación en competencias ciudadanas, que incluyen la capacidad de razonamiento libre y participación política activa.

En tal sentido, ciudadanía se relaciona con la pertenencia de determinadas colectividades hacia el Estado o territorio que ocupan; dicho sentimiento cohesiona, une e integra a los ciudadanos, mediante elementos que le diferencia del resto de colectividades, lo que hace articular el concepto de ciudadanía al de colectividad soberana. No obstante, esta conceptualización no deja de involucrar problemas semánticos de trasfondo, en tanto se concibe la ciudadanía como elemento diferenciador de las colectividades, pero al mismo tiempo, como totalidad de los integrantes de una colectividad, lo que denota una concepción amplía y una restringida de ciudadanía, que excluye una parte en beneficio de la identificación de los colectivos (Lizcano, 2012).

No obstante, las definiciones actuales de ciudadanía tienden a diferenciar el sentido de colectividad y el de totalidad, en tanto se consideran a los habitantes de un país o territorio, ciudadanos del mismo. Esta identificación es política, lo que confiera el estatus de perteneciente a una región determinada, sujeto de derechos y de deberes para con su nación y colectividad (Lizcano, 2012).

Expresado de este modo, la ciudadanía forma parte de procesos políticos dialécticos, caracterizados por el diálogo, pero también por la confrontación, lo que conduce a: 1) La aparición de instituciones sociales diversas, movimientos sociales, signo de luchas por las libertades personales y comunes; 2) la diversificación del poder del Estado; y, 3) la territorialización de la ciudadanía, lo que ha conducido a la definición de estratos sociales o centro y periferias dentro de las definiciones de ciudad y ciudadanía (Borja, 2002).

Para De Battista (2022), lo anterior corresponde a procesos confrontativos que llevan a justificar la necesidad de la ciudadanía, estableciendo así sus límites y fronteras, que están condicionados por las relaciones paradójicas, por las formas de universalización o exclusión de los individuos, siendo signo efectivo de los avances de la modernidad y de sus principios universales, que llevan a una mutación permanente del concepto de ciudadanía, problematizando la conceptualización de la democracia, dejando de manifiesto la crisis de las instituciones sociales y del Estado. Estos escenarios dan lugar a la aparición de tensiones sociales, a movimientos de resistencia que reclaman el derecho a la identidad y la participación política efectiva (Alvarado, 2023).

Por su parte, González (2019) sostiene que la ciudadanía es un concepto clave, que evoluciona de acuerdo a los enfoques histórico-culturales, por las determinaciones, relaciones y medios de acción humanos. En atención a lo anterior, la preeminencia del sujeto es relevante para la comprensión de la ciudadanía, en tanto esta se encuentra determinada por los vínculos establecidos entre los ciudadanos y el Estado, dichos vínculos son permanentes y dejan en evidencia el desenvolvimiento cotidiano de la vida dentro de la asociación política; por lo tanto, no se puede desconocer la relevancia del hombre en la formación del concepto de ciudadanía, ni de los medios sociales despegados para hacer eficiente esta relación material y simbólica.

Esto conduce a la aceptación de que, en el contexto del siglo XXI, la ciudadanía se maneje como un concepto polisémico, no exento de complicaciones conceptuales, al incluir asuntos materiales, pero simbólicos, tradiciones diversas, pero realidades tangibles. Dicho así, la ciudadanía es una actividad común, que ha evolucionado como una forma de vida, donde los ciudadanos se ejercitan para la participación democrática activa y permanente en la sociedad.

En el día de hoy, es dentro del Estado donde se puede hacer ejercicio de la ciudadanía, al tener plena dotación de derechos ciudadanos y protección de los mismos o, en otros términos, es el lugar donde se obtiene un posicionamiento ontológico, político y epistémico estable, donde los individuos pueden tener acceso a los recursos necesarios para la vida, para ejercitarse en sus derechos democráticos y en sus deberes hacia la comunidad política, siendo un horizonte permanente a seguir (Giraldo-Zuluaga, 2015).

Las distintas consideraciones sobre la ciudadanía plantearán la influencia del Estado, la evolución de la sociedad y cómo las prácticas sociales han servido para diversificar este constructo teórico, que va desde una racionalidad totalizadora, hasta la búsqueda por la superación de condicionamientos adversos, asociado a conductas civiles, que procuran el bien común, la democracia y el respeto. Visto así, la ciudadanía, en el contexto actual, se concibe como una comunidad organizada, con sentido crítico, dialógico, presta a la resolución de conflictos comunes, orientadas hacia el bien colectivo.

 

2. Dimensión ético-política en la educación universitaria

Es conocido que la universidad es una institución social que ha ido evolucionando progresivamente desde la Edad Media, donde ha persistido la idea de pluralidad, universalidad, reinvención, reinterpretación e ilustración, cúspide del pensamiento racional y crítico de los individuos, que ha proyectado los deseos de la humanidad por la autonomía de la razón y el progreso material de los pueblos. No obstante, no debe perderse de vista el componente ético-político de la universidad, que ha estado sujeto a continuadas luchas por definir lo pedagógico y el sentido de pertenencia que tienen las instituciones de educación superior dentro de la colectividad.

Aceptar la dimensión de lo político y lo ético, implica reconocer el carácter formativo que ha de prevalecer dentro de las universidades, como condición necesaria para la formación ciudadana. Desde su fundación, la universidad ha sido sinónimo de espacios de aprendizaje, profesionalización, humanismo, de evolución permanente del pensamiento crítico, de la ética y de las teorías morales suscitadas en torno a esta. Ahora bien, resulta esencial considerar que esta presencia de lo ético y lo político brindan el sentido de la universalidad a la educación superior, como un espacio de interacción para sus educadores y educandos, como medio para garantizar la presencia de una sociedad democrática, plural y libre.

Estas premisas coinciden con las propuestas de Caira, Sánchez y Lescher (2021), que coinciden al afirmar que la universidad tiene como reto mantener la libertad, la autonomía y la democracia, dentro de sus espacios, así como para toda la ciudadanía y, aunque pese a sus limitaciones en los escenarios actuales, mantiene la tendencia de renovar el conocimiento, promocionar cambios, de mejorar la calidad de vida de los individuos, incentivando la formación ciudadana. Esto, dando lugar a educandos que tendrán como fin, no sólo el ejercicio profesional, sino la inserción dentro de la sociedad, como sujetos críticos y racionales.

Desde la perspectiva de Martínez (2006), dentro de la universidad pueden identificarse la urgencia de la formación ética integral, que incluye la formación y capacitación deontológica, a la vez que la formación ciudadana integral. Con ello se asume la preeminencia de formar profesionales eficientes, comprometidos con el progreso material de las naciones, pero sin dejar de percibir la necesidad de formación ciudadana, ética e integral de los individuos, haciendo de la universidad una fuente permanente para la formación formal e informal en valores, que pueden ser aprovechados al máximo y transferidos a la comunidad.

Lo anterior devela la importancia de mantener discusiones permanentes sobre la dignidad de los individuos, la libertad, la justicia, la equidad, la inclusión, contrastando los programas académicos, los enfoques curriculares con la capacidad que tienen las universidades de insertarse en los escenarios sociales y promover cambios estructurales en la colectividad.

Al suscitarse cambios dentro de la sociedad, la universidad se ve en la obligación de adecuarse a estos cambios, de promoverlos y de velar porque los mismos sean llevados a cabo desde una visión ética y política que beneficie a la comunidad. Estos cambios han de ser continuados, sujetos a los movimientos vertiginosos de la globalización, que emplaza a la universidad a formar profesionales integrales, ciudadanos con objetivos definidos, con compromiso ético, moral y político, lo que justifica la presencia y existencia de las universidades en el siglo XXI.

Visto así, no sólo se hace referencia a la profesionalización de los individuos, sino de la construcción de conocimientos beneficiosos para los cambios sociales, para la formación ciudadana, para dar paso a nuevos paradigmas sociales, donde se busque hacer frente a las demandas de las economías globales, que apuestan por la homogeneización del saber y por subsumir identidades (Martínez, Buxarrais y Esteban, 2002). Como alternativa a este contexto de occidentalización acelerada, se procura entablar diálogos de saberes desde las fisuras producidas por la racionalidad homogeneizadora e instrumental, procurando el bienestar ciudadano, el reconocimiento de la diversidad y las mejoras que, a partir de proyectos educativos, puede presentarse dentro de la sociedad (Alvarado, 2023).

Desde este punto de vista, la universidad ha de establecer lineamientos efectivos para la formación ética, haciendo uso de los recursos disponibles para la construcción de la ciudadanía. Como tal, se busca la creación de condiciones deseables para la práctica de la ciudadanía, para la formación axiológica, deontológica y política integral, que devele las competencias necesarias para el ejercicio profesional, como también la capacidad de incidir efectivamente en el marco de democratizar y pluralizar las sociedades, la educación, optimizando los beneficios del saber, interviniendo en las dinámicas políticas, en el ejercicio del poder, la distribución de la riqueza, en la promoción de la equidad, del diálogo intercultural y de valores necesarios para la formación ciudadana (Martínez et al., 2002).

Formación que contempla las prácticas sociales alternativas, incluyentes, de incorporación política de sujetos desplazados, de ordenamientos jurídicos y políticos democráticos, pero también de universidades activas, dispuestas a comprometerse con la formación de los educandos como eje transversal, no focalizándose en lo unidimensional de la educación, sino en la adquisición de competencias útiles para la transformación de la sociedad (Alvarado, 2023).

Como puede apreciarse, la dimensión ética y política de la educación universitaria se complementa con la formación ciudadana, al procurar la promoción de la cultura, a la vez que a las asimetrías dentro de sus espacios. Compete a la universidad comprometer a su estudiantado y a los docentes a la construcción de un sentido amplio de ciudadanía, determinada por la inclusión, el respeto, la tolerancia, la equidad y la justicia social, no desde una mirada curricular o cátedra teórica, sino desde un eje transversal, que, de comienzo a fin de la formación académica, contemple la formación ciudadana, como un asunto de interés público creciente.

 

3. La educación superior y la formación ciudadana

Si bien numerosos enfoques teórico-conceptuales estiman que la formación ciudadana ha de partir desde las primeras etapas de la infancia, la continuidad de la misma durante la educación superior es vital. Más allá de los contenidos programáticos-curriculares o de los enfoques trazados por las ciencias sociales, se tiende a una serie de proyectos de acción mancomunada, que orientan hacia la participación democrática de los actores de la universidad, buscando con ello la formación integral de los educandos, de la proyección de la universidad hacia la comunidad, donde se concibe elemental saber participar e interactuar con la alteridad de manera crítica y responsable (González, 2019).

La universidad se convierte así en el espacio idóneo para la formación ciudadana, para la activación y comunicación con la comunidad, promoviendo la inclusión de sus estudiantes, docentes y personal hacia los espacios comunitarios, como expresión de activismo político, conducido bajo estrictos lineamientos éticos, que tienen en mira la transformación de la sociedad. Estas posturas, aunque cargadas de matices utópicos, plantean la urgencia de desarticular los patrones hegemónicos implícitos en los recintos universitarios, asociados a la colonialidad del ser, del saber y de poder, reajustando los cimientos de la educación superior (Alvarado, 2015).

La preocupación por descolonizar la educación proviene de los intereses de la democracia, por su debilitamiento por la globalización occidental, por las circunstancias políticas y éticas desarrolladas en los escenarios globales y latinoamericanos, donde son negados los derechos colectivos y se implanta la racionalidad instrumental como condición necesaria para la educación superior, retrocediendo así en las conquistas sociales, en las luchas políticas, económicas y sociales por la reivindicación de los pueblos.

El avance del proyecto modernizador, de la episteme totalizadora, acentúa las desigualdades sociales, las problemáticas educativas, la violencia, pobreza y demás anomalías sociales (Jasso, Villagrán y Rodríguez, 2022), atentando contra el sentido de pertenencia de los pueblos, contra su pluralidad y definición autóctona de ciudadanía (Martelo et al., 2021).

Producto de esta realidad, se da el declive de la educación, la desconfianza de los participantes de la educación universitaria hacia a la universidad, en tanto no encuentran en esta la oportunidad de subvertir procesos hegemónicos que atentan contra la dignidad de los individuos y contra la educación en su carácter liberador. Con ello se marca una serie de estrategias que pretenden retornar el rumbo de la educación superior hacia la liberación de los oprimidos, hacia la solidaridad, la cooperación y el compromiso social, cohesionado diversos actores dentro de una misma institución: La universidad (Jasso et al., 2022).

Con esto, se busca la superación de las condiciones impuestas por la racionalidad occidental, a la par que se promueve una educación superior incluyente, con proyección hacia la sociedad, donde se visualicen los sujetos invisibilizados y víctimas de la modernidad, procurando la confección de una sociedad más humana. Empero, esto no es posible de lograr sin el impulso de valores éticos acordes a las necesidades sociales y sin la aplicación de políticas públicas que conduzcan a la resolución de conflictos reales dentro de la ciudadanía.

En efecto, la educación superior se encuentra determinada por dimensiones éticas y políticas, por la urgencia del reconocimiento de la igualdad, de condicionamientos axiológicos precisos y de elementos políticos que se integren a las dinámicas permanentes entre la universidad y la colectividad (Martelo et al., 2021).

Visto así, la formación ciudadana representa el incremento de las posibilidades de inclusión, de equidad social, de participación consciente y democrática, de sociedad que evoluciona hacia la sostenibilidad y sustentabilidad, que concibe que la democracia es más que el ejercicio electoral o la filiación político-partidista, sino que ve en la ciudadanía la capacidad de movilización, de actuación, de agentes de transformación social, orientados hacia el bien común e integral. La formación ciudadana, en consecuencia, busca la identificación de los individuos con su entorno, fomentando la capacidad crítica de toma de decisiones con incidencia dentro de la comunidad, cuyos efectos a nivel micro puedan trascender y afectar a niveles macro políticos (González, 2019).

Bajo estos condicionamientos, educar y educando no se definen como actores pasivos en las relaciones sociales, sino que tienen participación protagónica, identidad, voz y posicionamiento epistémico alternativo. Supone un cambio en los paradigmas de la educación, en la toma de decisiones y en la superación de la visión eurocéntrico-moderna de la realidad, donde se pasa de los intereses individuales al bien colectivo, al encuentro entre subjetividades y saberes, dinamizando los espacios de actuación pública (Alvarado, 2016).

Por esta razón, la formación ciudadana se constituye en preocupación permanente para la educación superior, puesto que a través de esta se puede avanzar hacia la consolidación de la democracia, de proyectos de interés social, ayudando a la formación integral del ser humano, desde diversos planes de estudios pertenecientes a la educación formal y de actuación pedagógica no formal, vinculándose a la comunidad, apoyando las propuestas de políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social productivo. Estos postulados orientan la formación ciudadana con el diálogo crítico, con las demandas sociales por el progreso material de los pueblos, por la búsqueda constante de condiciones mínimas para garantizar el bienestar de la sociedad (Pirela, Pérez y Pardo, 2022).

Se aspira, además, superar los modelos formativos conductivos y cognoscitivistas (Pirela et al., 2022), marcados por estructuras tradicionales, normativas, trasmisoras y reproductoras de conocimiento, desarticuladas de la realidad social latinoamericana (Cano y Ordoñez, 2021), buscando la interpretación de la realidad, de modelos pedagógicos alternativos, no convencionales, adecuados para la participación democrática y activa de la ciudadanía.

Estas tendencias se compaginan con el crecimiento de la sociedad digital, de los avances socio-culturales surgidos a través de las tecnologías digitales, sin perder de vista la presión ejercida para el avance y las brechas tecnológicas existentes entre América Latina y el Caribe con respecto a los países céntricos, lo que da pie a nuevas asimetrías sociales. Por ende, se postula la formación ciudadana como una educación necesaria, inclusiva, de calidad, equitativa y con compromiso social, ajustada a las demandas de la sociedad y a los planes de acción del desarrollo sostenible, lo que obliga a la educación superior a reconfigurarse, a plantear nuevos modelos éticos y políticos, necesarios para promover la ciudadanía democrática (Pirela et al., 2022).

Dicho de otro modo, la formación ciudadana emplaza hacia el reconocimiento de las comunidades, de los grupos sociales que reclaman el reconocimiento de sus derechos, a romper con patrones estructurados dentro de la educación superior, que repudian la diferencia, a la vez que se proponen condiciones distintas para la interacción con las comunidades, con la diversidad de creencias religiosas, políticas, de valores. En esencia, se trata de reconocer la diversidad, de convivir, reconocer al otro, de actuar en concordancia a los derechos humanos, al pensamiento liberador, democrático, con marcos epistémicos distintitos, cimentados en valores distintos a los promovidos por la racionalidad instrumental (Martínez et al., 2022).

En otras palabras, se procura la formación de un ciudadano emancipado, capaz de cuestionar e interpelar la razón totalizadora e instrumentalizada, que cosifica la existencia humana, limita su progreso a lo económico, dejando de lado su componente humanístico, pensante y libre. La comprensión de la vinculación de la formación ciudadana con las luchas sociales, con la transformación de la sociedad, es relevante para establecer relaciones complejas, para acentuar el carácter democrático y autónomo de la universidad, de los individuos, cuyo fin es la integración a escenarios sociales como agentes de cambio.

 

Conclusiones

Debido a las crisis estructurales surgidas en los últimos tiempos, se hace prioritario replantear el papel de la educación superior en los escenarios globales. En medio de escenarios convulsos, caracterizados por las anomalías sociales, la exclusión, la pérdida de valores, la violencia, la corrupción, las crisis sociales, el avance de la globalización, se ha de priorizar la formación ciudadana, partiendo desde el reconocimiento de los ciudadanos, de los sujetos sociales, libres, pensantes, que luchan por alcanzar sus derechos. Es en esta realidad donde la educación superior encuentra un espacio de acción, nicho de oportunidades éticas y políticas para fortalecer los nexos existentes entre la comunidad y las instituciones universitarias, toda vez que esto facilite la democratización de los espacios sociales.

Si bien el contexto actual está determinado por el distanciamiento de la universidad con la colectividad, por los valores instrumentales, incompatibles con el vivir bien, con el diálogo entre individuos, con el pensamiento crítico, la educación superior ha de replantearse desde una mirada ética y política transformadora, desde una visión humanística, donde las diferencias y la alteridad se conviertan en parte esencial de la actividad democrática, signo distintivo de la ciudadanía.

Bajo estos lineamientos, la universidad puede desenvolverse efectivamente dentro de la sociedad, formando ciudadanos activos, participativos, tolerantes, no formados para la inserción en el mercado laboral, sino para tender puentes para la transformación social, para conducir hacia vivencias democráticas, participativas, que potencien la dignificación de los ciudadanos.

Atendiendo al objetivo central, esta propuesta investigativa tiene como mayor fortaleza conectar la formación ciudadana con su dimensión ética y política, comprendiendo que, más allá de la formación profesional, la universidad es forjadora de individuos que se integrarán a las dinámicas sociales, que exigen comprensión de la diversidad cultural, la democracia, la justicia, el respeto, la tolerancia, la equidad, entre otros aspectos esenciales para hacer frente a las demandas del siglo XXI.

Este artículo no pretende sentar posiciones definitivas sobre el tema, sino que se encuentra limitado o circunscrito a la reflexión teórica-cualitativa, aspirando servir de referente teórico a futuras investigaciones, a líneas de investigación sobre ciudadanía y formación ciudadana, en tanto se sigue persiguiendo una ciudadanía conectada con lo social, participativa, protagónica, capaz de enfrentarse a los escenarios turbulentos propiciados por la globalización y la nueva era global.

 

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* Doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Docente Investigador en la Universidad Católica de Trujillo, Trujillo, Perú. E-mail: m.vasquez@uct.edu.pe ORCID: https://orcid.org/0009-0001-4766-2197

 

** Magister en Derecho de Empresa. Docente en la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. E-mail: kramirezf3@upao.edu.pe ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9344-6831

 

*** Doctora en Gestión Universitaria. Doctora en Ciencias de la Educación. Post Doctorado en Didáctica de la Investigación Científica. Docente Principal a Dedicación Exclusiva en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú. E-mail: ysebastiani@unprg.edu.pe ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1971-4807

 

**** Doctora en Psicología. Docente en la Universidad Cesar Vallejo, Trujillo, Perú. E-mail: urquizazavaleta@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6090-6360

 

Recibido: 2023-12-02                · Aceptado: 2024-02-19