Revista de Ciencias Sociales (RCS)
Vol. XXVIII, No. 3, Julio - Septiembre 2022. pp. 129-141
FCES - LUZ ● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431
Como citar APA: Restrepo, J. L., Flórez, E., y Daza, A. (2022). Gestión de política de protección social en salud mental familiar en Colombia. Revista de Ciencias Sociales (Ve), XXVIII(3), 129-141.
Gestión de política de protección social en salud mental familiar en Colombia*
Restrepo Pimienta, Jorge Luis**
Flórez Fernández, Esperanza***
Daza Suarez, Alfredo****
Resumen
Las políticas de protección social son de carácter transitorio y sus objetivos son los de aminorar o regular los embates de las políticas económicas. El presente artículo científico tiene por objetivo, elaborar un análisis acerca de las dimensiones política de la protección social en salud mental familiar en Colombia, a partir de los compendios normativos, elementos de gobernanza, así como compromiso y liderazgo estatal, este es el resultado de un proceso de investigación científica dotado de rigor y vigor, haciendo uso de la investigación cualitativa documental hermenéutico interpretativa. Luego de aplicar dicha metodología apropiada, se obtiene como resultado la confrontación y desarrollo de conceptos en los cuales se incluye la mente, procesos mentales, familia, Estado, gobernabilidad, gobernanza, gestión y las instituciones sociales dentro del enfoque sistémico, también se valora la connotación y servicio en el ámbito de la política protección social, enmarcada en acciones sociales, asistencia sociales y la intervención sanitaria mental de forma colectiva y universal; con ello se muestra como conclusión lo transcendente de la familia como eje, base, institución en los procesos de toma de decisiones política de protección social para atender la salud mental y el centro que se consolida la familia para abordar la misma.
Palabras clave: Gestión; política; salud mental; protección social; familiar.
* Producto del proyecto de investigación: Análisis de los elementos jurídicos del contrato de maternidad subrogada en Colombia, primera convocatoria interna para el fortalecimiento de la red institucional de semilleros de investigación -2019.
** PhD. en Derecho. PhD. en Seguridad Social. PhD. en Epistemología. Magister en Derecho. Magister en Salud Pública. Abogado. Docente de Carrera en la Universidad del Atlántico, Colombia. E-mail: jorluisrestrepo@yahoo.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6285-7793
*** PhD. en Ciencias Gerenciales. Magister en Docencia e Investigación Universitaria. Magister en Salud Pública. Nutricionista Dietista. Licenciada en Docencia. Decana y Docente de Carrera en la Universidad del Atlántico, Colombia. E-mail: esperanzaflorez@mail.uniatlantico.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6826-3953
**** PhD. en Educación. Magíster en Educación. Economista. Docente en la Universidad Popular del Cesar, Colombia. E-mail: aldazas@hotmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5640-9559
Recibido: 2022-03-15 · Aceptado: 2022-06-02
Management of social protection policy in family mental health in Colombia
Abstract
Social protection policies are temporary in nature and their objectives are to lessen or regulate the impact of economic policies. The objective of this scientific article is to elaborate an analysis about the political dimensions of social protection in family mental health in Colombia, based on the normative compendiums, elements of governance, as well as commitment and state leadership, this is the result of a scientific research process endowed with rigor and vigor, making use of interpretative hermeneutical documentary qualitative research. After applying said appropriate methodology, the result is the confrontation and development of concepts in which the mind, mental processes, family, State, governability, governance, management and social institutions are included within the systemic approach, the connotation and service in the field of social protection policy, framed in social actions, social assistance and mental health intervention in a collective and universal way; With this, the transcendence of the family is shown as a conclusion as an axis, base, institution in the decision-making processes, social protection policy to attend to mental health and the center that consolidates the family to address it.
Keywords: Management; politics; mental health; social protection; family.
Introducción
Para abordar la salud mental familiar en su dimensión de gestión política en protección social es indispensable citar a Parsons (1969), quien reconoce a la familia dentro del estructuralismo en un tipo de sistema social, complejo y funcional, centrada en la familia atómico (padre, madre e hijos), de allí que es un microsistema social que mejor se adecúa y, es el origen, así como fundamento del sistema social o Estado, sin concernir su tamaño, espacio y dimensión, que si bien, representa una estructura muy partida, no significa que haya magnas discrepancias entre sí, según García, Maldonado y Rodríguez (2018).
Seguidamente, es necesario expresar que la familia es una de las instituciones más sustancial dentro de la formación psicosocial, psicoafectiva de la persona; por tanto, se constituye la base para su desarrollo humano (Delfín-Ruiz, Cano-Guzmán y Peña-Valencia, 2020), y es allí, donde se alcanzan las herramientas y elementos necesarios para una integración apropiada en la sociedad; es en ella donde se aprenden las habilidades y destrezas de carácter social, así como capacidades adaptativas, por medio de la influencia de procesos específicos dentro de la dinámica familiar (Cadenas, 2015).
Ahora bien, suele destacarse que en la familia existe un proceso de enseñanza a los hijos para la interiorización de las normas y valores de la sociedad en que están inmersos; lo cual los capacita para su interactuar con la sociedad y lograr una estabilidad de la personalidad como adulto, por tanto, los procesos mentales, trastornos, conflictos y problemas se asumen en la familia (Cadenas, 2015; Terranova et al., 2019).
Con lo anterior, es válido expresar que para Parsons (1969) todo niño inicia su proceso de sociabilización en la familia nuclear y todo adulto es miembro de este tipo de familia, en la que se establecen una relación parental y una relación conyugal. De hecho, la familia es un microsistema social que hace parte de la estructura del macrosistema social, cuya división de funciones, permite la adaptabilidad de los hijos como niños y como adultos para la funcionalidad del sistema social o Estado, como exponen, Cadenas (2015); Terranova et al. (2019); y, Delfín-Ruiz et al. (2021).
A tenor de lo antes expuesto, la familia dentro de la salud mental es parte integral y esencial de toda sociedad, procesos mentales, es transcendental en el desarrollo humano y social; al incorporar en su esencia, la responsabilidad de la educación de hijos, que inculca valores ciudadanos, su pertenencia a la sociedad en un proceso de socialización al interior y externa a la familia; se encarga del cuidado y la satisfacción de las necesidades materiales, afectivas y sociales de sus miembros (Bernal, 2016).
Pues bien, es aplaudible esbozar que el desarrollo económico y social familiar, está subordinado al desarrollo humano puesto que delinea condiciones para el desarrollo del Estado, bastante discutido desde que surge la economía como ciencia; sin embargo, han surgido vocablos que suplantan la esencia de la vida permanente en el planeta, como, desarrollo económico, ecológico, organizacional, desarrollo nacional, regional, municipal, social, desarrollo sostenible, que desvían el carácter del proceso y la necesidad del desarrollo que asegure la vida en el planeta, así como las condiciones que lo sustentan, ante los eminentes riesgos que dificultan cada vez más, el futuro de la humanidad y el planeta (Bernal, 2016; Guillén et al., 2020).
Es así que este documento de carácter científico investigativo tiene por objetivo, elaborar un análisis acerca de las dimensiones política de la protección social en salud mental familiar en Colombia. Se compone de la metodología; elementos jurídico-político y conceptual en salud mental familiar; compromiso constitucional del Estado colombiano en protección social en salud mental familiar; alcances políticos: Gobernabilidad y gobernanza en la salud mental familiar; garantías jurídico- políticas en Colombia en protección social en salud mental familiar; elementos de Gestión en los procesos administrativos eficientes aplicados a la política de protección social en salud mental familiar; y conclusión.
Dentro de la ruta metodológica en que se soporta el documento científico, es el enfoque cualitativo de orden documental, hermenéutico, interpretativo, a partir de un método deductivo, haciendo uso de las técnicas adecuadas tales como la observación, análisis documental, revisión bibliográfica; estas se realizan y ejecutan por medio de los instrumentos citas bibliográficas, mapa de ideas, cuadros sinópticos, así como resumen, en relación a normas, planes, textos, libros, revistas y periódicos en cuanto a la salud familiar, así como gestión de política de protección social.
1. Elementos jurídico-político y conceptual de salud mental familiar
Ahondando en este dimensionamiento político de la protección social salud mental familiar, es adecuado mencionar que ello significa que tocan temas como el Estado, institucionalismo, estructuralismo, constitución política, gobernanza, política pública, gobernabilidad, política social, instituciones sociales; y en cuanto a lo jurídico, es loable precisar que se connota regímenes, instituciones, procedimientos, normas, contratos, negocios jurídicos, actos jurídicos, así como prestaciones (Muñoz, Restrepo y Cardona, 2016).
Seguidamente tratando definiciones, expresar que la salud es un concepto integral que abarca el aspecto físico y mental del individuo; asimismo, tiene una doble relación, en cuanto a derecho y un servicio público esencial que debe garantizar el Estado a todos los habitantes del territorio. Es por ello, que una de las problemáticas en salud pública que genera gran preocupación a nivel nacional e internacional, son los trastornos mentales, a tal punto que la Organización Mundial de la Salud expresa su preocupación y estima un aumento considerable de las enfermedades psíquicas, ante el incremento de las condiciones sociales adversas, lo cual hace más complejo la problemática, que debe ser tratada con adecuadas, así como efectivas políticas, viéndose reflejadas en los programas desarrollados y los resultados obtenidos (Muñoz et al., 2016).
Es indispensable que cada país legisle sobre la salud mental a partir de la familia como seno de la condición de normalidad en la Psiquis, es así que es válido decir qué política tiene el Estado, por medio del marco legal para alcanzar los objetivos; por tanto, el Estado colombiano adopta la Política Nacional de Salud Mental, con un enfoque biopsicosocial como un instrumento de la atención y asistencia en salud, que permite reconocer la integralidad de las personas teniendo en cuenta el contexto socio-colectivo, en el que se han desenvuelto, situaciones que ha padecido, el significado que les han dado a estos hechos, el sufrimiento que han experimentado, así como las capacidades con las que cuentan las personas, familias y comunidades, para recuperarse y materializar sus proyectos de vida (Medina, Esteban y Hernández, 2019).
En la legislación colombiana, se encuentra la definición de salud mental familiar dentro de la protección social; al respecto, la Ley 1616 de 2013 (Congreso de Colombia, 2013) señala en el artículo 3 que es:
Un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. (p.1)
Este enfoque subraya que dentro de la gestión de política de protección social se materializa la humanización de la atención en salud mental, llegando a todas las instituciones sociales entre ellas la familia, para la cual es indispensable la sensibilidad frente a las diferencias de edad, género, cultura e idioma (Medina et al., 2019).
En ese sentido, de acuerdo con Córdoba (2018) en Colombia está garantizado el acceso a los servicios públicos de promoción, protección y recuperación de la salud en el artículo 49 de la Constitución Política (Asamblea Nacional Constituyente, 1991), lo cual incluye la salud física y mental. El Congreso expidió las leyes 100 de 1993 (Congreso de la República de Colombia, 1993); 1122 de 2007 (Congreso de la República de Colombia, 2007); y Ley 1616 de 2013 (Congreso de Colombia, 2013), referentes a la prestación de servicios en salud mental; y la Resolución 4886 de 2018 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018), plan nacional de salud mental.
Además, el Ministerio de Salud ha expedido resoluciones como la 13437 de 1991; 002417 de 1992; y, 02358 de 1998, respecto a este derecho fundamental, lo cual es una prioridad de la Nación y las entidades territoriales garantizarlo. También se cuenta con una Política Nacional del Campo de la Salud Mental, a su vez, cada departamento realiza sus políticas públicas a nivel local (Catena, 2016).
Con la intención de mostrar lo teórico gubernamental, están las garantías que existen a nivel nacional e internacional, para proteger el derecho natural a la salud mental, no solo de las personas que padecen de trastornos mentales, sino también de las que se encuentran mentalmente sanas; por consiguiente, se examinaron las leyes, los beneficios en el sistema general de seguridad social en salud, las políticas públicas implementadas a nivel nacional; asimismo, se estudió el desarrollo jurisprudencial en materia de salud mental.
A través del estudio de la normatividad y las políticas nacionales sobre salud mental familiar, se encontró cómo se garantiza este derecho, y si son adecuadas las garantías legales y políticas públicas, o, por el contrario, se necesitan reformular para que se dé una verdadera protección al derecho (Alcántara, 2019).
En cuanto al ser humano, es característico decir que es social por naturaleza, vive en un entorno donde se relaciona con otras personas que también tienen necesidades e intereses por satisfacer. Es aquí donde la sociedad tiene una función de control social y reconocimiento, puesto que es un grupo de personas que se juntan con intereses generales comunes, cuyo objetivo o meta es lograr calidad de vida, así como bienestar integral en las compresiones de ser biopsicosocial.
En este sentido, se debe tener en cuenta que el hombre tiene capacidades, destrezas, habilidades por desplegar en la sociedad, colectivos y grupos; por ende, es válido que este tenga la imperiosa necesidad de realizarse con el desenvolverse dentro de unas condiciones mínimas de dignidad, valor y ser óntico, los cuales se gestan básicamente en la familia (Alcántara, 2019; Terranova et al., 2019).
Con respecto a los argumentos científicos, es menester traer a colocación al psicoanalista Erich Fromm, el cual expresa que la sociedad debe adaptarse a las necesidades del hombre; asimismo, es la responsable de impulsar o impedir que se desarrolle la salud mental del individuo en familia (Alcántara, 2019).
Es destacable expresar que una sociedad sana desarrolla la capacidad del hombre para amar a sus prójimos, trabajar creadoramente, desarrollar su razón y su objetividad, para tener un sentimiento de sí mismo basado en el de sus propias capacidades productivas, lo cual es un fin, función y objetivo, el Estado social de Derecho; mientras que una sociedad insana, es aquella que crea hostilidad mutua y recelos, que convierte al hombre en un instrumento de uso, así como explotación para otros (Alcántara, 2019).
Por último, es lógico resaltar que los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud; las características sociales dentro de las cuales la vida tiene lugar, apuntan tanto a las características específicas del contexto social que influyen en la salud, como las vías por las cuales las condiciones sociales se traducen en efectos sanitarios y los diferentes recursos a nivel mundial, nacional y local, lo cual depende a su vez de las políticas adoptadas; por tanto, la familia es un factor determinante de la salud mental, la cual es atendida a partir de los elementos de la gobernanza (Montes y Zepeda, 2018; Sánchez y Castañón, 2019; Valdés-Montecinos y Ganga-Contreras, 2021), para hacer efectiva la Gobernabilidad Social en aras de fortalecer la familia (Aguilar, 2015) .
De esta manera, se genera una responsabilidad del Estado de hacer asistencia integral con las familias colombianas, las cuales se materializan a través de prestaciones económicas y asistenciales. En cuanto a las asistenciales, se encuentran los planes obligatorios en salud, donde se interviene el cuerpo y la psiquis, por medio de los programas de salud mental, orientación familiar, intervención familiar, salud familiar, salud colectiva, promoción y prevención de salud, exámenes de diagnósticos, seguimientos, relación de ayuda, intervención en crisis, orientación sexual, salud sexual y reproductiva, medicamentos, recreación y psicoterapias (Restrepo y Molina, 2016).
2. Compromiso constitucional del Estado colombiano en protección social en salud mental familiar
Emprender el abordaje del Estado constitucional y sus instituciones, es preponderante tocar la realidad y el escenario en que se desenvuelve el hombre en cuanto a sus dimensiones de tipo biológico, social y psicológico; es decir, se debe partir, en principio sin fundamentos o cimientos teórico pragmáticos de los fines y funciones de los cuales se propone está institución jurídico político familia, en su arista de salud mental (Cabanyes y Mongue, 2017).
La sociedad es fundamental en la salud mental familiar del hombre, por tanto, ésta debe mejorar las condiciones de vida de las personas que pertenecen a ella, y se consigue mediante un proceso llamado desarrollo humano emocional, que se da a través de un incremento de los bienes con los que se puede cubrir las miserias y crear un ambiente en el que se veneren los derechos humanos, con lo cual se consigue el bienestar del individuo y colectivo sostenible (Cabanyes y Mongue, 2017).
Cuando existen en la comunidad, es indispensable que el ente estatal genere soluciones a las adversidades que se presenten, para ello se debe analizar rigurosamente y tomar las decisiones correspondientes, las cuales se ven reflejadas a través de las políticas públicas en materia metal. En esta consonancia de ideas, se puede definir como respuestas que da el Estado-nación en relación a las contingencias individuales y colectivas de primero y segundo orden de la sociedad (Cabanyes y Mongue, 2017).
Por consiguiente, es de anotar que la demanda de la sociedad es la salud mental familiar, por ende, es loable promocionar, promover, prevenir y tratar, dado el caso que existan afecciones, en aras de identificar, intervenir y realizar relaciones de ayuda e intervenciones, a toda la población como una construcción programática.
La política en salud mental ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud (2006) como “el conjunto organizado de valores, principio y objetivos para mejorar la salud mental y reducir la carga de los trastornos mentales de la población” (p.12), los cuales a nivel universal se están aumentando; no basta con ser intervenidos en centro asistenciales, sino que se requiere unas políticas o lineamientos gubernamentales enunciados que asigne funciones, compromisos y responsabilidad que trata la ley de salud y seguridad social (Restrepo, 2020).
Cabe resaltar, la salud mental familiar en instrumentos de gobernanza tales como planes decenales, planes territoriales en salud, y plan desarrollo, donde se involucre a todas las personas de una nación, municipio, departamento, en el manejo preventivo y asistencial de las vicisitudes, padecimientos y traumas mentales (Blanco y Maya, 2021).
Asimismo, teniendo la salud mental familiar desde esta perspectiva se busca reducir los trastornos mentales, crisis emocionales, depresiones, alteraciones; para ello es obligatorio que haya unos planes de promoción, prevención en esta área, los cuales son elementos esenciales en las políticas públicas de salud mental, pues cubren, protegen y mejoran la salud del individuo, familia y comunidad (Hernández-Holguín, 2018).
Como complemento a lo señalado con anterioridad, cabe destacar que no es fácil proteger y mejorar la salud mental de la población, su complejidad radica en las decisiones socio-sanitarias que se deben tomar; para ello se deben fundar en las prioridades entre la insuficiencia, trastornos, servicios, tratamientos, estrategias de prevención y promoción, financiamiento, para combatir y atender oportunamente las enfermedades mentales, trastornos depresivos, violencia intrafamiliar, angustias, ansiedad, stress, esquizofrenias, así como atender procesos mentales inferiores y superiores que están siendo afectados (Hernández-Holguín, 2018).
Es tan compleja esta realidad socio-sanitaria en materia mental que, al ser causada por las conflictividades ocasionadas por los diversos factores macrosociales y macroeconómicos, por ende, se tienen que reforzar las políticas de aquello que puede afectar al individuo en su psiquis, de esta forma se requiere sean efectivas las políticas implementadas (Blanco y Maya, 2021).
La salud mental familiar quedó concebida en la Constitución Política colombiana de 1991 (Asamblea Nacional Constituyente, 1991), artículos, 42, 48 y 49, como el acceso a los servicios públicos de promoción, protección y recuperación. A sabiendas que, a partir de esta nueva constitución se plasmó la salud mental como una garantía, condición natural, derecho, deber, obligación, compromiso, política, bien; asimismo, a nivel jurisprudencial se ha visto la doble connotación de este derecho, que a su vez es un servicio público; por lo cual, se expidió en 1993 la ley 100 y ley 1636 de 2013, que regulan lo concerniente al sistema de seguridad social integral, para garantizar el acceso a los servicios en salud, física y mental (Blanco y Maya, 2021).
Existe una relación estrecha entre la dignidad humana y la salud mental familiar, dado que las dos son la base para construir el equilibrio emocional y la estabilidad psicológica, social y biológica para el desarrollo de potencialidades del hombre; por tanto, los sistemas de seguridad social en salud se preocupan por vigilancia y control en Colombia, de mantener activa la afiliación y asistencia de las personas (Restrepo y Lizarazo, 2017).
3. Alcances políticos: Gobernabilidad y gobernanza en la salud mental familiar
Como se ha venido destacando en el transcurso del documento científico, la salud mental familiar, parte integrante del derecho a la salud, igualmente que la salud física, se encuentra cobijada por el Sistema General de Seguridad Social en Salud; por consiguiente, las personas cuando padezcan trastornos mentales tienen derecho a acceder a los tratamientos que se requieran para el mejoramiento de su salud (Restrepo, 2020).
En concordancia con lo anteriormente señalado, es menester destacar el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la salud mental en el Sistema de Seguridad Social en Salud, al respecto ha expresado, como parte integrante del derecho a la salud, las personas tienen derecho a poder acceder a tratamientos adecuados cuando tengan problemas, conflictos, crisis, para disfrutar del más alto nivel posible de salud mental (Restrepo, 2020).
Así, se tiene que aparte de existir un derecho a la atención adecuada de la salud mental familiar, los tratamientos que tiendan a realizar el anterior derecho deben ser parte integrante del sistema de salud en seguridad social; por lo cual las reglas jurisprudenciales que la Corte Constitucional ha elaborado respecto al derecho a la salud en general son aplicables frente a peticiones de tutela de la salud mental, por ser parte de un mismo derecho y de un mismo sistema de seguridad social (Malagón-Londoño, Pontón y Reynales, 2016).
Con base en lo expuesto, se puede apreciar la salud mental como servicio público esencial en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, su propósito no es solo atender con calidad a las personas que padezcan problemas mentales, puesto que también se debe dar la protección, promoción y recuperación, conforme al artículo 49 de la Constitución (Asamblea Nacional Constituyente, 1991), cobija a las personas que están mentalmente sanas para evitar que sufran afecciones; el cuidado en salud mental, aún en la jurisprudencia constitucional de acuerdo con Malagón-Londoño et al. (2016), es clara la postura que tiene que ser una atención adecuada; en otras palabras, dependiendo del problema que presente la persona, así debe tratarse para que haya una mejoría en el estado mental.
Es menester resaltar que cada día el hombre va teniendo nuevas necesidades, si bien al principio solo se preocupaba por subsistir, a medida que pasaba el tiempo fueron apareciendo nuevas cuestiones por satisfacer. La sociedad es fundamental para el mejoramiento o afección de la salud mental, puesto que el hombre es un ser social por naturaleza, dependiendo de las necesidades que pueda resolver en este medio, producto de su desenvolvimiento en sociedad, coadyuvado al entorno que ésta cree para que pueda conseguirlo, así será el nivel de bienestar del individuo que se verá reflejado en su salud mental familiar (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2013).
En este sentido, es válido destacar que el Estado dentro de su connotación de organización tiene que establecer pautas y lineamientos que pretendan prevenir y asistir de forma progresiva las precariedades de su nación o conglomerado humano, ello asociado en su devenir histórico social; para que dichas penurias se conviertan en las contingencias y riesgos sociales (familia, pobreza, enfermedad, vejez, maternidad, embarazo, parto, paternidad, invalidez, migraciones, indigencia, damnificación, desempleo, ocio, discapacidad, deficiencia, minusvalía, viudez, huérfanos, victimas y muerte), de acuerdo con Restrepo (2020).
Ahora bien, si el Estado en su entendido político y jurídico, es una institución o un organismo que vela por la satisfacción, prevención, gestión, administración y preparación continua, de las penurias individuales y agrupadas de sus vinculados a partir de la toma de decisiones irradiadas en la políticas pública y social, así mismo en las normas en todas sus jerarquías y categorías (Restrepo, 2019).
4. Garantías jurídico- políticas en Colombia en protección social en salud mental familiar
Válgase afirmar que la salud mental como fenómeno, también es un constructo complejo, debido a que no es un factor aislado, sino una gama de factores que interactúan, se asocia y dependen entre sí, factores o elementos que presentan características de índole biológico, psicológico, social y cultural; por tanto, las síntesis de significación del político en protección social en salud mental familiar, se relaciona con el Estado, Política pública, gobernabilidad, gobernanza y gestión de los sistemas sociales familia (Palacios, 2018).
Entonces es válido decir que existe un sistema de protección social, el cual está compuesto por un conjunto de instituciones, normas, procedimientos y regímenes, los cuales tienen por objeto atender una diversidad de contingencias bilógicas, sociales y mentales, al igual que riesgos, por medio de prestaciones asistenciales y económicas; en ese sentido, de acuerdo con Palacios (2018) la protección social, desde una perspectiva política son direccionamientos y lineamientos en razón de atender las contingencias individuales, así como colectivas de las personas, familias, comunidad y población.
Abordar en el estudio del Estado Contemporáneo desde el enfoque humanista, estructural, implica una serie de aspectos, factores, elementos, situaciones y fundamentos de corte histórico, epistemológico y referencial en cuanto a lo ético, jurídico, político, geográfico, económico, social y cultural; asimismo, los compromisos, cambios de trasformaciones de las sociedades, familia, salud física-mental y el mundo globalizado incluyente (Pérez, 2018).
En este orden de ideas, cabe destacar que lo anterior implica la disertación y razonamiento dirigido, reflexivo y comprobado acerca de un cúmulo de realidades, desafíos, retos, problemas individuales y colectivos, conflictos, alteraciones, riesgos, así como contingencias, que son el objeto de solución de lo Político y jurídico en cuanto se relaciona a toma de decisiones, como también normas, que garanticen a la familia como eje fundamental de la política en protección social en salud mental (Pérez, 2018).
Ahora bien, el Estado en su contexto de organización Jurídico Política, el cual tiene como elementos característicos y determinantes la existencia y constitución Política, respeto de la defensa de los derechos humanos fundamentales, así como la dignidad humana integral, es necesario fomentar permanentemente el Derecho a la salud mental familiar (Blázquez, 2017).
De esta manera, es menester destacar las significaciones operaciones jurídicas y administrativas en el Estado colombiano con respecto a la política de protección social en salud mental familiar, esto hace referencia a todo el conjunto de instrumentos de gobernanza que llevan a consolidar la Gobernabilidad Nacional y territorial para cumplir con los fines, objeto y objetivo del Estado Social de Derecho, los cuales se describen en el Cuadro 1.
Cuadro 1
Protección social en atenciòn de enfermedades mentales y fisicas, sìndromes y lesiones al cuerpo
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Contingencia |
Prestaciones |
Norma Jurìdica |
Requisitos |
Procedimientos |
Instituciones |
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Enfermedades Fìsicas: Enfermedades raras, huerfanas, de alto costo, cronicas, olvidadas, ruinosas Psiquicas, mentales Sociales Violencia Exclusiones Discriminaciòn Bullyng Acoso Duelo Sindromes Lesiones corporales, daños al cuerpo Epidemias Endemias Pandemias Sindemias Parto Embarazo, nacimiento, gestaciòn, Huerfandad Viudez Muerte |
POS Plan de atenciòn materno infantil. Plan de atenciòn colectiva. Atenciòn de urgencia. Hospitalizaciòn. Consulta externa. Subsidio por incapacidad. Auxilio funerario. Indemnizaciòn. |
Ley 100 de 1993 Art. 152- 248. Ley 10 de 1990. Ley 9 de 1979. Ley 715 de 2001. Ley 972 de 2005. Ley 1616 de 2013. Ley 1626 de 2013. Ley 1733. Ley 1751. Ley 1753 de 2015. Ley 1438 de 2011. Ley 1122 de 2007. Ley 1949. Ley 1797 de 2006. Decreto 1760 de 1990. Decreto 1757. Decreto 806 de 1998. Decreto 3039 de 2008. Decreto de Traslado y Movilidad 3047 de 2013. Decreto 056 de 2015. Decreto 2353 de 2015. Decreto 780 de 2016. Resolucion 00412 de 2000. |
Cotizaciones vigentes. Estar afiliados al sistema. Art. 157-161 ley 100 |
Autorizaciones Solicitudes Reclamaciones administrativas Quejas Procesos sancionatorios Orden Judicial Acciòn de tutela Procedimiento verbal Reparaciòn directa Reparaciòn de reverso |
Direcciòn, Inspecciòn y Vigilacia. Ministerio de Salud y protecciòn Social. Superintendencia de Salud. Instituto Nacional de Salud Invima Observatorio de Salud. Direcciòn Nacional de Hidrocarburos Ministerio de Educaciòn y Defensa Departamento Nacional para la propsperidad Social Administradores Financiadores Adress Unidad para la reparaciòn de vìctimas. Eps Empleadores y empleados ICBF Unidad Administrativa Especial para las Migraciones Secretarìas de Salud Departamentales Municipales y Distritales. Prestadores de servicio Compañìas Funerarias Ips ESE Comisarìas de Familia ICBF Comisarìas de Familia |
Fuente: Elaboración propia, 2022.
Cabe destacar que luego de analizar el Cuadro reseñado o descrito en aras de complementar e ilustrar que es necesario manifestar que la protección social en el mundo se forma a partir del proceso de aceptación de los Estados en relación a la familia, enfermedad, pobreza, vulnerabilidad, deplorabilidad, contingencias que menoscaban la vida en sentido básico, como una cuestión social, ineludible insertada en las agendas de las políticas públicas, sociales, normas jurídicas, constitución y planes de desarrollo, caso del tema en particular de la salud mental familiar (OMS, 2013).
5. Elementos de Gestión en los procesos administrativos eficientes aplicados a la política de protección social en salud mental familiar
La protección social parte del hecho que el ser humano es un ser biopsicosocial, lo cual representa el fundamento de un esquema de necesidades, carencias y pobrezas, las cuales resuelve a través de instituciones, sistemas, estructuras, acciones y procedimientos, de allí que preponderantemente se le delega en una primera instancia, a la familia y luego al Estado (Restrepo y Molina, 2016).
En este orden de ideas, es el Estado quien se constituye en la principal fuente de satisfacción de contingencias, enfermedades, necesidades y eventualidades de carácter individual y colectivo, primarias y secundarias, por el solo hecho de estar asociado, así como en reciprocidad de deberes, obligaciones y garantías que recibe el individuo en prestaciones de tipo asistencial, económicas y sociales (Nieto-Morales y Cordero, 2017; Restrepo, 2020)
Cabe expresar que la familia objeto de regulación, custodia, guarda del Estado desde la protección social, cumple con tres funciones básicas para el sano desarrollo de cada uno de sus miembros: Protección, cuidado y brindar afecto, puesto que la clave de la supervivencia humana de forma saludable reside en recibir la protección, cuidado y afecto, a la vez bajo el cumplimiento de esa premisa es transmitida a los hijos, quienes aprenden de la experiencia vivida a brindar protección, cuidado y afecto, que harán en el momento que se encuentran listos y la situación lo amerita; por tanto, en el Estado, Gobiernos, Política Pública, la protección social en salud mental familiar es un punto de partida para que individuo y colectivo tengan equilibrio emocional, social, biológico y psíquico (Hernández-Holguín, 2018; Delfín-Ruiz et al., 2020).
Seguidamente, se afirma que la dinámica familiar de acuerdo a Santiago (2015), es una red de relaciones sociales que se desarrollan entre los miembros de la familia y donde interviene la colaboración, poder y problemas, conforme a las responsabilidades en el hogar, la participación y la toma de decisiones; por lo cual, tal como lo señalan Hernández-Holguín (2018); y, Delfín-Ruiz et al. (2021), el cambio de conducta de algún miembro influye directamente en pensamientos y psiquis.
Colombia, estando acorde o en consonancia con el nivel mundial en relación al enfoque de salud mental familiar, concibe a la familia como unidad de análisis para la evaluación y la intervención en salud, puesto que la situación de gestación agrega y modifica esquemas familiares, que repercuten directamente sobre la salud de la familia como unidad y sobre la de sus miembros; por lo tanto, y tal como lo manifiesta Blanco y Maya (2021), la nueva tendencia en política pública en salud mental familiar en Colombia considera también a la familia como la unidad básica para el cubrimiento y atención en salud mental.
Entonces el concepto de salud, que tanto la cultura moderna como los actuales modelos de prestación tienen implícito en sus manifestaciones y en sus marcos legales, gira necesariamente alrededor de la estructura familiar. De una concepción individualista y preponderantemente biológica, se ha cambiado a un criterio integrador y, por consiguiente, hacia el núcleo básico de la vida social que es la familia o el grupo de convivencia (Restrepo y Lizarazo, 2017).
De esta manera, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud actual de Colombia, es importante el manejo del concepto: Una educación en salud mental para la familia, lo cual se traduce en una asistencia que utiliza las estrategias y las herramientas de la medicina familiar, la implementación de guías de mantenimiento de la salud dentro del programa de prevención individual y familiar específica, así como la prestación de todos los servicios, bajo un mando administrativo acorde con estos conceptos que permitirá abarcar mayor cobertura poblacional, con eficiencia, eficacia y calidad (Malagón-Londoño et al., 2020).
Todo lo anterior, lleva al plano de gestión administrativa donde en el Proceso Administrativo (PA), se hace necesario echar una mirada de manera sucinta sobre lo que es la administración y como base fundamental de ésta dicho proceso; dentro del cual, según Malagón-Londoño et al. (2020) se encuentra inmersa la dirección como etapa dinámica en la cual se llevan a cabo los procesos y acciones del Estado a partir de la gobernanza y gobernabilidad.
Por tanto, en este orden de ideas se afirmaría que los programas y acciones inherentes a las políticas públicas, deben responder a un grado de racionalidad y proporcionalidad frente a la comunidad beneficiaria; así mismo, de acuerdo con Malagón-Londoño y Reynales (2019) en el desarrollo de ellas debe observase el marco constitucional y legal con la finalidad que sean orientadas y aplicadas de manera asertiva, en aras de suplir las necesidades de los potenciales titulares.
Para departir con respecto a la calidad de la Política de Protección social en salud mental familiar, es importante y necesario tener en cuenta que estas tienen un contenido de índole estructural y funcional, los cuales se constituyen en seis propiedades o atributos clave de dicha acción de gobernabilidad, los cuales son: Eficacia, eficiencia, efectividad, optimalidad, equidad y aceptabilidad (Malagón-Londoño y Reynales,2019).
Conclusiones
Lo político en protección social en salud, hace referencia a Estado, institucionalismo, estructuralismo, constitución política, gobernanza, política pública, gobernabilidad, política social, instituciones sociales en cuanto a la salud mental familiar, así como a la familia, base para el fortalecimiento de la salud mental. Las políticas de protección social, son de carácter transitorio y sus objetivos son los de aminorar o de regular los embates de las políticas económicas, teniendo en cuenta armonizar las razones y contenidos de la mirada social en salud, de la política.
En la legislación colombiana, se encuentra la definición de salud mental familiar dentro de la protección social; al respecto el legislador lo señaló en el artículo 3 de la ley 1616 de 2013. Dentro de esta síntesis, es válido expresar que la salud mental se encuentra determinada por factores sociales, económicos, ambientales, biológicos; al respecto, la Organización Mundial de la Salud, señala también que en los países desarrollados o en vía de desarrollo, está relacionado con la pobreza, la falta de educación, puesto que las personas viven con desesperanza e inseguridad, coadyuvado con factores como el rápido cambio social, los riesgos de violencia y los problemas de salud física, a través de intervención familiar.
Por tanto, la política de protección social en salud mental familiar se constituye en un instrumento de gobernanza, para lograr gobernabilidad social para la nación y los territorios, donde se interviene al colectivo a partir de un factor determinante que es la Familia.
Por último, toda política en protección social en salud mental familiar, requiere para su calidad una gestión compuesta por eficiencia, eficacia, aceptabilidad, optimalidad, efectividad y equidad, con esto se cubre la mayor parte de la población con carencias emocionales, así como psicosociales.
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