Acercamiento histórico a la participación ciudadana en Venezuela: Modelo de relación Estado-Sociedad (1958-2012)*

Hernández G. de Velazco, Judith J.**

Chumaceiro Hernández, Ana C.***

Resumen

La dominación política se estructura y presenta como formas institucionalizadas, conocidas como: Estado, partidos políticos, ideologías, creencias políticas, las cuales se expresan a través de la socialización y las prácticas colectivas. En ese orden de ideas, el Estado es una estructura que organiza al poder y sienta las bases de la preeminencia que en una sociedad democrática deriva en la existencia de un juego de intereses sociales cuya configuración, valorización y jerarquía condiciona la dinámica socio-política en general. En consecuencia, el modelo de relación Estado-sociedad se determina por las interacciones entre los diferentes actores del proceso político, en tal sentido, el objetivo de esta disertación es identificar cómo este modelo puede regular, controlar, cooptar o incentivar la participación ciudadana, para tales efectos, la revisión bibliográfica-documental desde una perspectiva hermenéutica e interpretativa, permitió la revisión y el acercamiento histórico-comparativo al modelo de relación del Estado-Sociedad en Venezuela, del período de ١٩٥٨ hasta el ٢٠١٢, lo cual facilitó el reconociendo de algunas lógicas, pautas e intereses involucrados, tal comprensión derivó en una postura crítica, concluyendo, que las prácticas políticas de representación y participación democrática en Venezuela estructuraron un patrón de sometimiento, diferenciado por las posiciones ideológicas antagónicas de los gobiernos de turno.

Palabras clave: Democracia; participación ciudadana; Estado; sociedad, Modelo de relación.

Historical approach to citizen participation in Venezuela: From the relationship State-Society models (1958-2012)

Abstract

Political domination is structured and presented as institutionalized forms, known such as; State, politicians parties, ideologies, political beliefs, which are expressed through socialization and collectives’ practices. In this order of ideas, the State is a structure that organizes the power and sets the preeminence basis that in a democratic society derives in the existence of a set of social interests whose configuration, assessment and hierarchy determines the dynamics socio-political in general. Consequently, the relationship model State-Society is determined by the interactions between the different actors in the political process, in this sense, the objective of this dissertation is identify how this model can regulate, control, co-opt or encourage citizen participation, for such purposes, the bibliographic-documental review from a perspective of hermeneutics and interpretive, enabled a historical-comparative review and approach to the model of relationship of the State-Society in Venezuela, of the period ١٩٥٨ until ٢٠١٢, which facilitated the recognizing some logics, guidelines and interests involved, such understanding resulted in a critical, concluding stance, to the political practices of representation and democratic participation in Venezuela they structured a pattern of subjugation, differentiated by the conflicting ideological positions of governments turn.

Keywords: Democracy; citizen participation; State; society; relationship model.

Introducción

La democracia en América Latina ha sido un proceso de definición tanto coyuntural como estructural, caracterizada por las perspectivas ideológicas del momento, determinada por elites, por grupos de interés corporatizados en función de la representatividad y/o participación y de los estatus quo dominantes. Sus aplicaciones contextuales han sido permeadas por alianzas exógenas y endógenas, en función de las lógicas políticas y económicas de grupos trasnacionales y nacionales. De cualquier manera, sus manifestaciones en la generalidad de la región han expresado separación entre ejercicio democrático y pleno reconocimiento de la ciudadanía activa.

“Las transformaciones sociales y políticas, entre otras que se generan en la actualidad, han generado complejas crisis en el entorno político y su entramado institucional, afectando directamente a los Estados, a la valoración del concepto de ciudadanía, al rol ciudadano, al sistema democrático como forma de gobierno y al fenómeno de la participación ciudadana en el espacio público” (Hernández; 2012:13).

Desde este contexto, la relación Estado-Sociedad en el proceso de configuración y desarrollo de la democracia, implica considerar las circunstancias, modalidades y consecuencias de cómo se estructuran los intereses sociales que generan una matriz de dominación política, marcando los comportamientos de acceso al poder, la gestión de la participación ciudadana, y los mecanismos implicados para la satisfacción de necesidades sociales.

Desde esta perspectiva, en la presente disertación, se evidencian las formas en que la relación Estado-Sociedad se configura y los puntos de cambio que han generado nuevas lógicas de vinculación entre sectores dominantes y dominados o gobernantes y gobernados, así como su influencia sobre la definición de los espacios políticos para la participación, proceso que en Venezuela viene ocurriendo a lo largo de todo el período democrático desde 1958 hasta la actualidad. Para efectos de establecer los modelos de relación Estado-Sociedad de la democracia, se caracterizaran según períodos delimitados desde el 1958 hasta el año 2012 (último año completo de gobierno de Hugo Chávez Frías).

Igualmente, se asume la concepción epistemológica-metodológica desde el paradigma cualitativo de enfoque interpretativo y de la hermenéutica, como exégesis de la vida socio-político en la reinterpretación de dinámicas que son tamizadas por un modelo de relación Estado-Sociedad que permite determinar los nudos de poder y el cómo se produce la participación ciudadana, en una comparación histórica. Se estudia el modelo de relación Estado-Sociedad en Venezuela, a través de los análisis documentales, bibliográficos con profundidad del marco sociopolítico, triangulando los tiempos y fuentes constitucionales (en estricta validación), pero exclusivamente contemplando lo social y político.

1. Desarrollo y discusión

1.1. Aproximación conceptual y contextual

“De todo ese universo de cosas que se hacen de manera compartida y que gozan de regulación jurídica, existe un grupo al que se denomina derechos de participación, en virtud de los cuales las personas están facultadas para incidir en la dirección de los asuntos públicos…que abarca el ejercicio de poder implicado en la dirección de los asuntos, en cualquiera de los campos en que se despliega la actividad social…los derechos vinculados a ciertas formas de participación, como: elegir y ser elegido mediante el voto, acceder a cargos públicos, los referendos, las iniciativas populares, las asambleas ciudadanas, el derecho a exigir rendición de cuentas, el derecho a asociarse con fines políticos, derecho de manifestación pacífica” (Cuevas, 2006:65).

Desde ese orden de ideas, extrae una cosmovisión participativa que involucra elementos consustanciales a la democracia como son; la libertad (de opinión, expresión, asociación, manifestación pacífica, entre otras); inclusión; gestión de asuntos públicos de manera indirecta y directa; disidencia, oposición; alternancia y alternatividad; todos los cuales subyacen como fundamentos de la teoría de la democracia y de los derechos humanos.

En tal sentido, desde la ubicación contextual e histórica, en Venezuela desde 1958 se marca un hito sociopolítico en el establecimiento de la democracia y la participación ciudadana, la cual se organiza desde la constitución nacional de 1961 con un esquema representativo. Posteriormente después de tres décadas a partir de 1998 se reproduce una configuración política que pretende organizarse con un proceso participativo directo impulsado desde la carta magna nacional de 1999, producto del proceso constituyente.

Al interpretar la participación ciudadana y como se produce la relación del Estado con la sociedad, como lo expresan Hernández et al. (2013:71), se establece, que:

“…el aspecto específico de la participación ciudadana se acepta como un factor fundamental del análisis sociopolítico de una colectividad para definir el funcionamiento y el ejercicio del poder, de cómo el estado se ha relacionado con la sociedad y como los individuos…es decir si participan y de qué forma y hasta cuál nivel participan”.

Sobre la relación Estado-Sociedad, también los autores han debatido durante años las posturas de los actores institucionales para dar respuestas a las necesidades sociales; desde las explicaciones socio-céntricas donde la presión ciudadana determina el andamiaje de la política pública, y “se encuentran las explicaciones de matriz Estado-céntrica, en donde las políticas se explican por objetivos propios de las elites estatales y/o de las condiciones institucionales en cada momento histórico” (Castellani y Sowter, 2016: 22).

Por consiguiente, es imprescindible definir un esquema del modelo de relación Estado-Sociedad en Venezuela, con respecto a esto, Salamanca (1993:164), plantea unos elementos que son de utilidad para establecer la relación:

I. Absorción y concentración partidista de los intereses sociales, a través de organizaciones políticas de alcance nacional con capacidad de absorción de todos aquellos sectores estimulados

II. Este esquema de relación se va a instrumentar a través de un mecanismo de correa de transmisión mediante el cual la línea oficial del partido es transmitida por las organizaciones de masas y a través de éstas, a las masas mismas

III. La masificación de la relación sociedad-Estado, mediante un esquema masa-movilizable-líder político cuyos rasgos personales destacan por encima del partido del cual es conductor y donde las concesiones de beneficios (clientelismo), no exigen responsabilidades.

En cada momento histórico producido en Venezuela, desde la democracia representativa y la democracia participativa se evidencia la presencia de estos elementos antes mencionados, unas dinámicas que coinciden pero que también son disimiles, que caracterizan al modelo de relación en cada expresión, que condicionan al régimen democrático y a los ciudadanos según los intereses agregadores al gobierno de turno.

1.2. Modelos de relación Estado-Sociedad en Venezuela

1.2.1. Modelo de relación Estado-Sociedad en Venezuela de 1958 a 1989

En 1958, con la caída de la dictadura y el establecimiento democrático se hacen necesarios unos acuerdos entre los diferentes grupos de poder e influencia en Venezuela, ese arreglo tiene un soporte consensual y expreso en el Pacto de Punto Fijo el cual desde una racionalidad acordada entre diferentes grupos corporatizados, establecen la relación exclusivamente representativa e intervenida por los partidos políticos y otros intermediarios, estos últimos vinculados a sectores fundamentales, como: el empresariado a través de la Federación de cámaras y asociaciones de comercio y producción de Venezuela (FEDECÁMARAS), de los trabajadores por intermedio de la Confederación de trabajadores de Venezuela (CTV), fuerzas armadas a través del alto mando militar y a la iglesia católica por medio de su alta jerarquía.

El acuerdo se trata de un documento que consta de tres puntos estratégicos: el de respetar y defender los resultados electorales; la instauración de una plataforma para un gobierno plural y de equidad; y la firma de un Programa Mínimo Común en el cual se definen tanto la política petrolera, como agraria, fiscal, social y otras, de forma organizada, sectorizada y concertada. El Pacto de Punto Fijo recoge la suscripción de la Declaración de Principios y el Programa Mínimo de Gobierno, donde se plantea una amplia política social orientada fundamentalmente a velar por la ciudadanía, para satisfacer sus necesidades y elevar el nivel de vida de la población. En concordancia, se constituye un Estado necesariamente centralizado para asumir los objetivos socioeconómicos y democráticos.

Factores estratégicos como el petróleo y su renta drenan el flujo económico requerido para satisfacer las demandas múltiples y crecientes de la sociedad a través del Estado centralizador, elementos precisos para mantener el acuerdo democrático a través de regulaciones, protección y subsidios económicos que permitan satisfacer las demandas de los diversos sectores nacionales.

Las demandas sociales para este momento son atendidas por la expansión de la educación, los servicios de salud, la reforma agraria y urbana, la educación primaria obligatoria, el seguro social obligatorio, creación de instituciones dedicadas a la atención primordial como la Corporación de mercadeo agrícola (CORPOMERCADEO), Banco Obrero, Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), Corporación de Guayana, así como programas de atención directa con cobertura universal en los primeros años y posteriormente de carácter focalizados .

Tal estructura sociopolítica logra el establecimiento efectivo de la democracia, y el paso definitivo del país al modernismo urbano, al mismo tiempo que se consolida un sistema populista de conciliación de élites, así denominado por Rey (1991), donde se reconocen la pluralidad de intereses políticos, sociales y económicos del país, pero con ciertas especificidades en conexión con el esquema de democracia representativa y el centralismo de Estado, vinculándose con la sociedad a través de los partidos políticos. Aunque como lo aclara Rey, es un sistema intermediado también por los otros actores sustanciales como los militares, los grupos de presión empresariales y económicos.

El modelo de relación Estado-Sociedad hasta aquí vigente en Venezuela, entonces guarda relación con tres elementos importantes para su funcionamiento: 1) la intermediación de las organizaciones políticas (partidos políticos), 2) la abundancia de recursos petroleros y, 3) la capacidad distributiva del Estado, este último en relación proporcional a los ingresos petroleros.

Mientras funciona como un sistema durante las décadas de los 60 y 70, expresa Hernández (2010), el modelo es exitoso, pero a partir de los años 80 sus elementos estratégicos: representatividad de los partidos políticos, ingreso petrolero, papel distributivo del Estado, son afectados significativamente en su interacción y funcionamiento.

Se produce una crisis del régimen democrático representativo, entre otras razones, según Rey (2003), porque los principales partidos políticos se vuelven crecientemente pragmáticos, de manera que, en lugar de ganar elecciones para realizar un programa de gobierno pertinente, ofrecen programas de gobiernos para ganar elecciones de acuerdo con los deseos y expectativas de las mayorías, caracterizándose por la demagogia y populismo.

Asimismo, los partidos venezolanos y otros intermediarios carecen de democracia interna, pues son controlados por oligarquías que impiden la observancia de las ofertas electorales y las modificaciones de los programas de gobierno de cara a las reformas necesarias. En consecuencia la representación social se diluye en las cúpulas partidistas y las promesas electorales no cumplidas, porque es más complejo que la mera atribución de maquinarias, en Venezuela se minimiza la participación ciudadana a la sola actividad del sufragio en los procesos eleccionarios en función de conservar el poder, en un intercambio clientelar de votos, de manera tal, que la influencia del electorado es afectada significativamente por los resultados de la representación pura en Venezuela.

“…Al colocar el timón en manos de las burocracias políticas, la representación pura erosiona la credibilidad del principio de soberanía popular y abre las puertas a una posible crisis de legitimidad del sistema democrático…” Molina (1985:191-192).

La administración pública lenta, clientelista, corrompida y difusa en cuanto a la definición de funciones y responsabilidades, evidencian un Estado ineficiente, y se propician procesos para profundizar la democracia. Para la década de los 80, se impulsan propuestas de innovaciones para el Estado, la administración pública y el ejercicio participativo ciudadano, como la creación en 1984 de la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE) en el gobierno del presidente Jaime Lusinchi. La COPRE se convierte en un centro de discusión y opinión para la transformación del Estado, su mayor logro mediante propuestas, fueron; la aprobación de la Ley de elección y remoción de gobernadores de Estado, la Ley Orgánica de descentralización, delimitación y transferencia de competencias del poder público y otras. Sin embargo, no se realizan los cambios estructurales definitivos para ampliar y generar mecanismos de mayor inclusión, desarrollo social, contra la corrupción, e ineficiencia institucional.

1.2.2. Modelo de relación estado-sociedad de1989 hasta 1998

De las prioridades emanadas de la Comisión Para la Reforma del Estado, COPRE (1984), el proceso de descentralización se convierte en eje dinamizador de la participación a través de la designación popular de gobernadores y alcaldes. En consecuencia, en 1989 se producen las primeras elecciones directas para elegir gobernadores y alcaldes.

“La elección separada de concejales legitimó el ámbito municipal como un espacio político autónomo … Al igual que con las elecciones municipales, la elección directa de los gobernadores dio lugar a la apertura de un nuevo espacio de participación política para el ciudadano y para las agrupaciones, reforzó la tendencia a la descentralización del poder y favoreció una relación más cercana entre elector y elegido … la elección directa del alcalde, y la introducción de la »representación proporcional personalizada» o »voto preferencial» de los concejales” (Kornblith, 1998:50-51).

Con tales reformas se pretende acercar el ciudadano a sus representantes y darles autonomía a los municipios. El municipio desde la misma constitución es concebido como la unidad política primaria desde donde se inician las relaciones entre los ciudadanos y entre los ciudadanos con el Estado, con el régimen municipal se pretende la descentralización política y la desconcentración económica y administrativa de los recursos y de la toma de decisiones, con la intención de hacer eficiente y efectiva la administración pública desde este nivel.

Pero también se infiere en el análisis histórico, que el papel de los partidos políticos a nivel municipal no es diferente a su funcionamiento al reproducir el modelo de relación Estado-Sociedad nacional (donde han perdido credibilidad y legitimidad) en el ámbito regional, adicionalmente, el reconocimiento de la autonomía política para los municipios es mínimo, porque prevalece el esquema centralizador y concentrador de los recursos por parte del gobierno central.

La crisis en la década de los 80, es consecuencia del desgaste del modelo representativo y también de la crisis económica, porque al perder el Estado su capacidad de respuesta frente a las urgentes y crecientes demandas de la sociedad, la imposibilidad de satisfacer las expectativas de los diversos sectores con la aplicación de políticas públicas por la escasez de recursos, provocan un estallido social de amplias proporciones.

“El consenso se estructuró sobre la base de rendimientos utilitarios para los distintos sectores del país, aunque distribuidos de manera desigual, lo cual colocó sobre el Estado rentista petrolero una carga muy pesada de llevar en los momentos de recesión del mercado petrolero…Esto ocasiona en el venezolano el deterioro de la imagen de las instituciones políticas y aumenta el criticismo, la protesta, la violencia (saqueos del 27 y 28 de febrero-89) y entran en escena las intentonas militares golpistas” (Pereira, 1994:41).

Para 1989 la crisis estalla a nivel social, económico y político a partir del anunciado paquete económico por parte del presidente Carlos Andrés Pérez, el cual genera un conjunto de respuestas violentas por parte de la población, que resquebrajan la estabilidad democrática. Los actos de saqueo por parte de una población desbordada en el área metropolitana e importantes ciudades como Valencia, Maracay, Mérida, Barquisimeto y otras, son la respuesta definitiva a las políticas económicas del gobierno, a la especulación y al acaparamiento comercial. La crisis social desborda la capacidad de respuesta del Estado y aunque se logra retomar el control el escenario político del país es otro.

Posteriormente, aun cuando no se aplican las medidas propuestas en el paquete, las condiciones económicas petroleras limitan la capacidad distributiva del Estado, afectando sus niveles de aceptación popular. En 1992, se producen las intentonas golpistas de Febrero y Noviembre con los correspondientes saldos de vidas humanas y de desestabilización democrática. Para concluir este período con la destitución del presidente de la república por malversación de fondos públicos, y con una grave crisis sociopolítica en todo el país.

1.2.3. Modelo de relación estado-sociedad desde 1998 hasta 2012

Para las elecciones de 1998, se evidencia la extrema polarización política del país, los resultados electorales ponen de manifiesto la caída del modelo político anterior y su base de relación Estado-Sociedad.

Los resultados electorales dan paso al movimiento revolucionario encabezado por el presidente Chávez, que expresa la idea de trasladar el poder al soberano, al pueblo, a través de la democracia participativa. El modelo de relación Estado-Sociedad se pretende transformar en una relación directa entre ciudadano y Estado. Propuesta que se materializa jurídicamente, iniciando con una asamblea constituyente en la que se definen las bases legales para el cambio con la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (CNRBV) de 1999.

Para Maingon (2004), la CNRBV de 1999 incorpora elementos que implican demandas de cambio, no solamente en la relación entre el Estado y la Sociedad, sino también entre los distintos ámbitos de la sociedad. La transformación se define en el modelo político de la nueva república como democrático-participativo y protagónico, en el cual debe construirse la corresponsabilidad entre los ciudadanos y el Estado. En fin, construir una ciudadanía de contenido social y donde el Estado social es definido en la nueva Constitución como ente que tiene un conjunto de obligaciones para con los ciudadanos, con el objetivo de lograr la justicia social.

En la CNRBV de 1999, se señalan unos elementos para caracterizar la acción social del Estado; el primero, la conformación de una ciudadanía social fundamentada en la universalidad de los derechos sociales; el segundo elemento, es la equidad como bien supremo para el ordenamiento socioeconómico, para hacer efectiva la universalización de los derechos y una justa distribución de la riqueza; y el tercer elemento, el rescate de lo público como práctica democrática, para sustentar la participación protagónica de todos en función del interés general.

Sin embargo, la radicalización ideológica del proyecto oficialista con una marcada tendencia hacía la exclusión y homogeneización en el discurso del presidente Chávez, comienza a limitar la pluralidad democrática.

Para este lapso histórico las condiciones sociales y políticas se transforman, el modo de relacionarse el Estado con la sociedad y de la sociedad con el Estado experimenta cambios significativos. Podría hablarse de un modelo de no negociación, relación directa Estado-Sociedad, que se resuelve en una correspondencia cerrada entre el ejecutivo con los sectores afectos al gobierno.

La divergencia social también se incrementa, por diversas causas: la forma como se está abordando la reforma constitucional, la aprobación de la Ley Habilitante, y el discurso agresivo, excluyente del propio presidente contra los opositores a su gobierno, sin embargo, se logra consolidar un movimiento radical que apoya irrestrictamente al Presidente Chávez. Asimismo, la oposición sectoriza sus adeptos, encabezando varios movimientos sociales de gran amplitud entre ellos; marchas multitudinaria de protestas contra el gobierno, firma y suscripción de documentos a sectores representativos nacionales e internacionales, participación de la gerencia de Petróleos de Venezuela PDVSA (petrolera nacional), de FEDECAMARAS, de CTV, en las protestas a nivel nacional.

Movimientos de protestas que hicieron del uso de la calle un recurso ciudadano, amparados en los nuevos dispositivos emanados de la misma constitución, en la nueva conciencia política de la ciudadanía y en la propia dinámica en la cual se coloca el gobierno. Movimientos que concluyen en la marcha realizada el 11 de Abril de 2002 conducida hasta Miraflores, con el resultado fatal de la masacre de ciudadanos del puente Llaguno, el depuesto gobierno de Carmona y el posterior retorno a la Presidencia de Chávez Frías.

El período posterior a esta crisis es trascendental para la gobernabilidad, induce a mantener los programas compensatorios y con ello procurarse la adhesión de los sectores populares, la necesidad de lograr mayor legitimidad y de recuperar o mantener el control político por medio de la injerencia de los grupos políticos dominantes, adeptos y de darle continuidad al sector militar en la ejecución de los programas asistenciales.

Se cambian algunos aspectos de la política económica cuarta republicana (denominación de los oficialistas a los gobiernos anteriores), pero se mantiene la orientación focalizada de la atención a la pobreza, a la vez que se incrementa el presupuesto a los principales programas sociales asistenciales para ampliar su cobertura. Se priorizan los sectores de seguridad alimentaria, atención integral, infraestructura social, Plan Bolívar 2002, las misiones sociales como: Misión Robinson I y II, Misión Barrio Adentro, Misión Rivas, Misión Vuelvan Caras, Misión Sucre y Mercal, entre otras. A partir del segundo semestre del año 2003, el incremento de las erogaciones para las llamadas misiones se hace bajo la denominación Agenda Bolivariana de la Coyuntura Política. Todas estas estrategias con fuerte tendencia populista-paternalista.

En otro sentido, resulta interesante mencionar, que desde 1999 hasta el 2008, se realizaron cinco (5), referendos nacionales. El primero, realizado en Abril de 1999 de carácter aprobatorio para la Asamblea Constituyente; el segundo, efectuado en Diciembre de 1999, referendo para la aprobación del proyecto de Constitución Nacional; tercero, en Diciembre de 2000, el referendo consultivo sindical; cuarto, en Agosto de 2004, referendo revocatorio presidencial; y quinto, en Diciembre de 2007, aprobatorio de la enmienda constitucional.

La participación en los procesos electorales es innegable pero también la cooptación de la ciudadanía se hace evidente. Por ejemplo, en la propuesta de reforma constitucional, rechazada en Diciembre de 2007 se proponía en el Artículo 158 “…el Estado promoverá como política nacional, la participación protagónica del pueblo, transfiriéndole poder y creando las mejores condiciones para la construcción de una democracia socialista”, sin embargo, el ejecutivo y el gobierno ratifican que el Estado venezolano es un Estado socialista. En franca contradicción con los resultados del referendo y con el Artículo 2 y 4 de la CNRBV (1999), donde se consagra un Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia, federal y descentralizado, cuyos valores son: la vida, la libertad, justicia, democracia, los derechos humanos, el pluralismo político, entre otros.

A partir del 2006 con los resultados de las elecciones presidenciales donde es reelecto Chávez, frente al candidato oposito Manuel Rosales, se impulsa definitivamente el socialismo, se profundiza el discurso presidencial en pro del socialismo del S.XXI con visibles injerencias centralistas, en torno a un partido político hegemónico con una estructura socioeconómica rentística y clientelar, además de proponer y sistematizar la organización de los Consejos Comunales.

Los Consejos Comunales se articulan en torno al ejecutivo nacional, según lo trazado en la Ley del 2006 y la reforma del 2008, con las nuevas funciones asignadas desde la Ley Habilitante de 2008 se les definen nuevas competencias, incluso acceden a los recursos económicos y materiales (más de 144 millardos de bolívares otorgados), para realizar obras en los barrios y urbanizaciones donde la gestión depende de las comunidades, sin fijar límites a las competencias y a los criterios formarles, jurídicos, de contraloría y rendición de cuentas.

Machado (El Nacional, 2008:3) expone: “Las amenazas de muchas de las formas organizativas se centra en la posibilidad de ser absorbidas por las estructuras del Estado y respondan a los intereses de las nuevas hegemonías.”.

La participación a través de los Consejos Comunales en su concreción, es contradictoria porque excluye a quienes no comparten ideológicamente el proyecto del gobierno. Contradicción que atenta contra principios constitucionales (CNRBV, 1999), como los derechos a la participación, libertad de asociación, entre otros.

En consecuencia, se pretende establecer un modelo de Estado-Sociedad, donde la intermediación no exista, solo la relación del soberano en forma directa con el ejecutivo o presidente como intérprete de las necesidades y expectativas sociales. La cooptación política y el clientelismo caracterizan estas relaciones, en su ejecutoria se inhibe la posibilidad de gestionar de modo efectivo, transparente, independiente y proporcional al proceso participativo.

Como dice Salamanca (1993:164), “…la masificación de la relación Sociedad-Estado…mediante un esquema masa-movilizable-líder político. Movilización de la masa en función de un líder mesiánico, que se cree pueda resolver los problemas del colectivo.”

Según Mujica y Rincón (2008:251), “Esta manera de concebir la convivencia democrática conforma una ciudadanía selectiva o ciudadanía dividida como expresión de la polarización política, según la cual sólo son ciudadanos con derechos los que apoyan al gobierno, mientras los otros son pseudos ciudadanos”. En franca oposición para que exista mínimamente una democracia, porque deben incluirse algunos requisitos o condiciones, como los que señalan Valenzuela y Rochin (2013): igualdad de oportunidades de los ciudadanos para formular sus preferencias como para manifestar y recibir por parte del gobierno igualdad de trato, sin discriminación alguna por causa del contenido o del origen de tales preferencias.

En consecuencia, el ciudadano de forma plural y diversa no es responsable junto al Estado de su propia realidad socioeconómica y política, que sería el principio de la democracia participativa. Se establece un proceso participativo en la normativa vigente y en la aplicación de sus dispositivos, más no en la observancia de sus aplicaciones, la praxis evidencia otras dinámicas.

“En Venezuela la definición del concepto de ciudadano y ciudadanía, dependen de esa acción concertada entre el Estado, la ciudadanía y su relación de carácter público, así se expresa en el artículo 62 de la CNRBV: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas… Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica” (Hernández et al., 2013:28).

Este proyecto político del presidente Chávez, en términos comparativos evidencia patrones de socialización, prácticas y mecanismos de participación, similares a la democracia representativa, donde el modelo de relación Estado-Sociedad se condiciona según las intermediaciones.

Según Hernández (2013; 74) “Igualmente los rasgos populistas, de intervención y centralismo de Estado, de la cuarta república, también están presentes en este período presidencial. El mercado petrolero ha drenado el flujo de ingresos más cuantioso de la historia democrática venezolana, y al mismo tiempo el gobierno ha sido exitoso en materia tributaria en relación a la recaudación fiscal, fuentes con las cuales han podido promover, distribuir, según sus intereses estratégicos políticos, la entrada de dinero petrolero y tributario, continuando con el modelo clientelar tan criticado”.

Los rasgos populistas de intervención y centralismo del Estado, también están presentes como un neopopulismo. El gobierno interviene, centraliza, promueve y distribuye, con el paliativo de disponer de los ingresos petroleros más altos y estables de la historia del país.

Para Ramos (2002:27-28), “El neopopulismo reúne elementos de dominación y manipulación de las clases populares combinándolas con experiencias participativas que incluye un alto contenido identificador…el jefe será insustituible si no imprescindible. La capacidad del líder carismático para ponerse delante de una fuerza organizada (partido o movimiento) es sobrepasada con frecuencia por la identificación del primero con la masa del pueblo sin mediaciones ni intermediaciones. Tratándose de un militar…la intención permanente a concentrarlo todo parecerá natural…le da el carácter de jefe único, induciéndole a preferir las formas plebiscitarias de la democracia”.

Este modelo de relación Estado-Sociedad se mantendrá hasta el 2012 (último año de gobierno en ejercicio efectivo antes de su deceso en el 2013), en torno a la figura del presidente Chávez, con un presidencialismo que desborda incluso el equilibrio de los poderes constituidos, dada la injerencia del ejecutivo sobre el poder legislativo, judicial, moral y ciudadano, con una cooptación coyuntural y estructural por el control institucional de la República.

A manera de corolario, una brevísima aproximación (porque no corresponde por la delimitación histórica de esta disertación), a lo que concierne la actualidad sociopolítica venezolana, se resume en esta cita de Miranda (2017:299-300):

“El discurso y las políticas de Chávez y posteriormente de Maduro coinciden... Ambos presidentes han buscado des­de el ejecutivo coaptar los otros poderes del Estado y cuando la oposi­ción ha ganado elecciones de gobernadores, alcaldes y de la asamblea se han desconocido sus atribuciones… el espectro político de Venezuela se ha ampliado…la ampliación del espectro inclu­yó espacios no democráticos los cuales llegaron al gobierno”.

De cualquier manera, el modelo de relación del Estado-Sociedad para este último periodo está caracterizado por una profunda cooptación, clientelismo y neopopulismo del ejercicio del poder y de la implementación de las políticas públicas como de los mecanismos participativos, aún en detrimento de los acuerdos jurídicos, constitucionales y sociales contraídos por el pacto social, en el Estado social de derecho y del régimen democrático. Es un modelo de relación cerrado, excluyente, totalitario.

Conclusiones

En Venezuela las dinámicas democráticas desde su inicio en 1958 hasta la actualidad, han sido la expresión de diversas y dialécticas visiones del ejercicio del poder, diferentes socializaciones según los intereses del proyecto político de turno. Su configuración histórica, sociopolítica e incluso jurídica evidencia estas adecuaciones a través del arreglo del modelo de relación Estado-Sociedad.

En el caso venezolano durante los primeros 40 años se privilegia a la democracia representativa, la cual define la estrategia operacional donde necesariamente se articula el establecimiento democrático; la vinculación de sectores y grupos diversos y poderosos, mayoritariamente liberales, nacionales e internacionales, quienes concilian los múltiples intereses sociales y articulan el engranaje social, económico y político del país. Se instaura inicialmente un modelo de relación Estado-Sociedad con la cual se logra el establecimiento de una democracia efectiva junto a una modernización social exitosa con indicadores positivos de crecimiento y desarrollo para los años 60 y 70. Sin embargo, posteriormente en el tiempo se produce un desgaste institucional que afecta la estabilidad del modelo.

En los últimos 14 años de 1998 al 2012, se establece un modelo revolucionario impulsado por una izquierda comunista y totalitaria. Identificándose con una democracia participativa desde el marco constitucional, leyes, incluso creando organizaciones sociales concebidas como participativas pero referidas plenamente con el proyecto del gobierno de turno y centralizadas por el ejecutivo nacional.

La democracia representativa y participativa en Venezuela ha sido probada, ajustada a los intereses y grupos de poder del momento quienes han permeado todo el marco institucional e incluso el imaginario colectivo en una adaptación y readaptación a través de mecanismos utilitarios y rentísticos.

Según lo evidenciado en Venezuela, la participación ciudadana requiere elementos sustanciales para materializarse en un ejercicio pleno; un régimen político democrático que garantice libertades y como aspecto sine qua non, el equilibrio de los poderes; la vinculación plural de forma representativa y/o participativa de una ciudadanía con la integralidad de sus deberes y derechos; el rol ciudadano activo en la toma de decisiones públicas, en el diseño, ejecución de política pública, en la contraloría y fiscalización social, entre otras.

Porque para la democracia el ajuste a las convenciones actuales que demanda el ejercicio directo y/o indirecto del poder ciudadano en el ámbito público y político como artífice de la vida colectiva, los intereses de los ciudadanos deben discurrir paralelamente con los intereses de la generalidad social, con la inclusión y pluralidad como principios rectores.

Referencias Bibliográficas

Asamblea Nacional Constituyente (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999. Caracas, Venezuela. Gaceta oficial Nº 5.453. Extraordinario. Pp. 9-365.

 

Asamblea Nacional Constituyente (2006). Ley de los Consejos Comunales. Gaceta oficial Caracas Venezuela. Pp. 5-14.

 

Asamblea Nacional Constituyente (2008). Ley de los Consejos Comunales. Reforma. Gaceta oficial. Caracas Venezuela.

 

Castellani, Ana y Sowter, Leandro (2016). Estudios sobre el Estado en la Argentina contemporánea. En: Estudios sobre Estado, gobierno y administración pública en la Argentina contemporánea. ISBN 978-987-722-223-4. Argentina. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO.

 

Comisión presidencial para la reforma del Estado (COPRE) (1989). La reforma en Síntesis. Proyecto de reforma integral del Estado. Caracas. Venezuela.

 

Cuevas, María (2006). Derecho a la participación. En: Autores varios. Participación, Ciudadanía y Derechos Humanos. La Universidad por la vigencia efectiva de los Derechos Humanos. Primera edición. Caracas, Venezuela. UCAB.

 

Hernández, Judith (2010). Modos de gestión de participación ciudadana en Venezuela. Del Pacto de Punto Fijo a los Consejos Comunales. Tesis Doctoral. FACES-Universidad del Zulia (LUZ). Maracaibo. Venezuela.

 

Hernández, Judith; Alvarado, Lisando; Chumaceiro, Ana (2013). “Estado, Gestión Pública y Participación Ciudadana desde la Modernidad y Postmodernidad”. Revista Gestión y Gerencia. Vol. 7, No. 1. UCLA, Venezuela. Pp. 66-80.

 

Hernández, Judith; Alvarado, Lisandro y Velazco, J. (2013). “Participación ciudadana, tecnologías de información- comunicación y opinión pública”. Revista TEACS. Año 5, No. 11. Barquisimeto, Venezuela. Pp. 25- 35.

 

Hernández, Judith (2013). “Perspectiva conceptual normativa de la participación ciudadana y democracia en Venezuela”. TELOS. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales. Vol. 15, No. 1. Universidad Rafael Belloso Chacín. Maracaibo, Venezuela. Pp. 64 - 76.

 

Kornblith, Miriam (1998). Venezuela en los 90. La crisis de la democracia. Caracas, Venezuela. Ediciones IESA.

 

Machado, Jesús (2008). Estudio de los Consejos Comunales en Venezuela Caracas, Venezuela. Fundación Centro Gumilla.

 

Maingon, Thais (2004). Política social en Venezuela: 1999-2003. Vol. 21, No. 55 Pp. 49-75. Disponible en: www.scielo.org.ve/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S1012- 25082004000100004&lng=es&nrm =iso>. Consulta realizada el 01 de Marzo 2007.

 

Miranda, Rafael (2017). “¿Qué ha sido de las democracias de la segunda ola? Estudio histórico comparado entre  Costa Rica, Colombia y Venezuela”. Ciencia Política. Vol. 12, No. 24. Colombia. Pp. 281-304.

 

Molina, José (1985). “Democracia Representativa y participación Política en Venezuela”. Revista Cuestiones Políticas. No. 1. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Pp. 177- 209.

 

Mujica, Norbis y Rincón, Soraida (2008). “Quinto momento de la Quinta República: El socialismo del siglo XXI”. Revista Venezolana de Gerencia. Año 13, No. 42. Maracaibo, Venezuela. Pp. 244- 272.

 

Ramos, Alfredo (2002). Los Límites del liderazgo plebiscitario. En: La Transición Venezolana. Aproximación al fenómeno Chávez. Mérida, Venezuela. ULA.

 

Rey, Juan Carlos (1991). “La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de conciliación”. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). No. 74. Madrid, España. Pp. 533-578.

 

Rey, Juan Carlos (1992). Apogeo y decadencia de la democracia representativa, en América Latina. Alternativas para la democracia. Caracas, Venezuela. Monte Ávila Editores.

 

Rey, Juan Carlos (2003). Conferencia: Esplendores y miserias de los partidos políticos en la historia del pensamiento venezolano. Academia Nacional de la Historia. Ciclo de conferencias José Gil-Fortoul. Caracas, Venezuela.

 

Romero, Aníbal (2004). Hacia nuevos espacios de participación. Caracas, Venezuela.

 

Salamanca, Luis (1993). El sistema político venezolano: una lectura desde la sociedad civil. En: Venezuela: la democracia bajo presión. Caracas, Venezuela. Editorial Nueva Sociedad.

 

Valenzuela, Génesis y Rochin, Luis (2013). “Libertad de expresión y su impacto en la democracia”. Revista Jurídicas CUC. Vol. 9, No. 1. Barranquilla, Colombia. Pp. 89 – 100.