Volumen 31 Nº 2 (abril - junio) 2022, pp. 90-102

ISSN 1315-0006. Depósito legal pp 199202zu44

La revolución como coyuntura: militantismo excepcional y trabajo “en el Estado” de las organizaciones populares en el contexto de los gobiernos chavistas del siglo XXI

Yoletty Bracho

Resumen

El artículo se centra en el análisis de la militancia de los grupos de la izquierda urbana de Caracas durante la campaña electoral para las elecciones a la Asamblea Nacional de diciembre de 2015. Se analiza cómo la militancia de estos grupos se construyó en torno a las alianzas políticas existentes entre los militantes de base y las figuras políticas con altas responsabilidades institucionales; seguidamente, se estudian dichas alianzas bajo la premisa que éstas fueron el fruto de relaciones que se construyeron previamente, en la cotidianidad de lo que pudiéramos llamar el activismo institucional de los militantes populares. Este fenómeno puede ser interpretado como una norma o rutina administrativa, la cual, los militantes populares asumen como excepcional dada su concepción del trabajo “en el Estado” como una forma de sacrificio revolucionario. Finalmente, se reflexiona sobre los alcances y las limitaciones que esta excepcionalidad tiene para los militantes quienes hasta el 2015 construyeron sus carreras profesionales en el contexto de los gobiernos chavistas. Esta excepcionalidad también debe ser analizada como una herramienta usada por los gobiernos chavistas para enmarcar, o si se quiere controlar, la actividad militante de las izquierdas populares

Palabras clave: activismo institucional; militancia; organizaciones populares; campaña electoral; chavismo; acción pública.

Université Lumière-Lyon II. Lyon, Francia. E-mail: yolettybracho@gmail.com. ORCID: 0000-0001-6229-6175

Recibido: 15/01/2022 Aceptado: 13/03/2022

The revolution as a juncture: popular organizations’ exceptional militancy and work “in the State” in the context of the Chavista governments of the 21st century

Abstract

The article focuses on the analysis of the militancy of urban left groups in Caracas during the electoral campaign for the National Assembly elections of december 2015. It analyzes how the militancy of these groups was built around the existing political alliances between grassroots activists and political figures with high institutional responsibilities; then, these alliances are studied under the premise that they were the fruit of relationships that were previously built, in the everyday dynamic of what we can call the institutional activism of grassroots activists. This phenomenon can be interpreted as an administrative norm or routine, which grassroots activists assume as exceptional given their way of defining working “in the State” as revolutionary sacrifice. Finally, we reflect on the scope and limitations that this exceptionality has for the militants who until 2015 built their professional careers in the context of the Chavista governments. This exceptionality it’s also analyzed as a tool used by the Chavista governments to frame, or event to control, the militant activity of the leftwing grassroots organizations

Keywords: institutional activism; militancy; popular organizations; electoral campaign; chavismo; public action.

Para los militantes “revolucionarios”, “chavistas”, y en general para los militantes de las izquierdas urbanas vinculados con los barrios de Caracas –a quienes llamaremos aquí los movimientos sociales, haciendo uso del término que ellos utilizan para describirse a sí mismos– el comienzo del siglo XXI representó un punto de inflexión política. Efectivamente, desde la llegada del gobierno de Hugo Chávez, Venezuela fue vista como un bastión revolucionario y, como resultado, los militantes de los movimientos sociales asumieron un nuevo papel: el de guardianes de la revolución y de los logros políticos y sociales que ésta habría permitido alcanzar. Estos grupos que llamamos aquí movimientos sociales constituyen un espacio social cuyos límites son difíciles de definir. También suelen llamarse «chavismo popular”1. En el caso de nuestra investigación, se trata de cuatro organizaciones que tuvieron presencia nacional: la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA), el Movimiento de Pobladores (quien se ha concentrado en la lucha por la vivienda), la Corriente Revolucionaria de Bolívar y Zamora (CRBZ -que se ocupa del acompañamiento a las Comunas rurales) y la Red Nacional de Comuneros (RNC -que también se ocupa de las comunas rurales). Estas organizaciones fueron acompañadas por otras más pequeñas y cuyas actividades se concentran en Caracas, como el colectivo Códigos Libres (CL –dedicado al trabajo de diseño digital y comunicación), el Ejército Comunicacional de Liberación (aliado de CL), el Comando Creativo, la Araña Feminista, y las brigadas internacionales de solidaridad con la revolución bolivariana, como la Brigada Ché Guevara, la Brigada Internacional Eva Perón y la Brigada Darío Santillán, todas ellas surgidas de organizaciones sociales argentinas.

Los vínculos simbólicos y materiales entre estos movimientos y los gobiernos chavistas fueron muy estrechos, en particular dada la integración de muchos de sus militantes en las administraciones públicas del chavismo (Tissot, 2005 ; Nonjon, 2005), vinculando así el futuro de dicho gobierno con el de los militantes y el de sus organizaciones. Esta realidad fue aún más visible en los muy numerosos periodos electorales (en Venezuela se llegó a ver una media de una elección por año a partir de 1999), y en las fases de tensión política en general. Durante estos periodos, la vida cotidiana de los militantes de los movimientos sociales se concentró en la puesta en práctica de su rol de defensores de la revolución. Se trataba por lo tanto de responder a lo que ellos consideraban una coyuntura, es decir, una situación vista como excepcional que exigía una práctica militante intensa, de mucha dedicación, en concordancia con el carácter sensible del momento político vivido (Joshua, 2015). Sin embargo, este carácter excepcional de las coyunturas políticas no se reduce a los periodos electorales. Efectivamente, la excepcionalidad se integra a las practicas cotidianas de militantismo, especialmente a través del proceso de profesionalización de los militantes (de Castro Rocha, 2013) y de la institucionalización de sus vínculos con el campo político (Lagroye, 2003). De este modo, la excepcionalidad se plantea para estos actores como una manera de justificar el trabajo “en el Estado”, el cual es concebido como una forma de contradicción respecto al rol militante de izquierda y popular, al mismo tiempo que se analiza como un sacrificio necesario para garantizar el buen funcionamiento de la revolución.

A través de este artículo, seguiremos en un primer momento las actividades militantes de la izquierda urbana de Caracas en el periodo de la campaña electoral para las elecciones a la asamblea nacional de diciembre de 2015. Veremos entonces cómo el militantismo de estos grupos se construyó en torno a las alianzas políticas entre los militantes de base y las figuras políticas con altas responsabilidades institucionales. En segundo momento, veremos que los vínculos o las alianzas que se activan durante el periodo de la campaña electoral son el fruto de relaciones que se construyeron anteriormente, en la cotidianidad de lo que pudiéramos llamar el activismo institucional de los militantes populares. Este fenómeno puede ser observado como una norma o rutina administrativa, la cual es vista y presentada como “excepcional” por parte de los militantes populares dada su concepción del trabajo “en el Estado” como una forma de sacrificio revolucionario. Y finalmente, en conclusión, reflexionaremos sobre los recursos y las limitaciones que esta “excepcionalidad” tiene como consecuencia para los militantes quienes construyeron sus carreras profesionales durante los gobiernos chavistas hasta el 2015. Excepcionalidad que también debe ser analizada como una herramienta usada por los gobiernos chavistas para enmarcar, o si se quiere, controlar la actividad militante de las izquierdas populares.

1. ¿Una elección excepcional o una elección cualquiera?

En primer lugar, veamos cómo se construyeron las posiciones y los discursos de los movimientos sociales en el contexto de la campaña para las elecciones a la Asamblea Nacional de diciembre de 2015. Frente a unas elecciones consideradas como particularmente importantes dada la pérdida de apoyo popular del chavismo ya para aquella época, y en un contexto crítico a nivel económico, los movimientos sociales se apoyaron en sus alianzas históricas y en sus saberes para construir una campaña electoral distinta a la del PSUV. Para ellos no se trató de presentar sus propios candidatos contra los candidatos de dicho partido. Se trató, sin embargo, de construir una campaña de promoción de contenidos en la que buscaron hacer públicas un conjunto de reivindicaciones y valores que, según estos actores, debían inspirar a cualquiera que quisiera reivindicarse como un verdadero parlamentario de izquierdas. Aquí, el contexto político y económico obligaba a los movimientos a movilizar sus alianzas estratégicas con personalidades de alto rango pero alejadas de las cúpulas dominantes del PSUV (en este caso, Reinaldo Iturriza como Ministro del Poder Popular para la Cultura), para así poder mantener lo que para ellos era una verdadera posición de izquierda, a distancia del partido único.

a) El llamado a construir una campaña desde los movimientos.

El 4 de septiembre de 2015 me encuentro con Carlos, uno de los cuadros militantes de ANMCLA. Carlos me cuenta que los movimientos sociales decidieron construir una campaña electoral independiente para las elecciones a la asamblea nacional. Esto quiere decir que este conjunto de actores, quienes anteriormente tuvieron vínculos políticos con el PSUV, decidieron distanciarse del partido para construir una campaña propia, cuyo objetivo no sería el de apoyar a determinados candidatos sino el de presentar una lista de reivindicaciones dirigida hacia los candidatos de la izquierda, que estos sean o no del PSUV. Dicha decisión puede analizarse como el inicio de una dinámica de desprendimiento de los actores del llamado “chavismo popular” respecto al PSUV, la cual se deriva de los clivajes estructurales dentro del chavismo y que comenzaron a salir a la luz especialmente tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. Este esfuerzo de distanciamiento es también la consecuencia de los resultados de las elecciones primarias dentro del PSUV, en las que las élites del partido impusieron a sus propios cuadros, o a actores menos conocidos pero aliados2, en las circunscripciones en las que históricamente habían apoyado las candidaturas surgidas de las organizaciones populares de los barrios. Del lado de los movimientos sociales, dicha imposición fue muy mal recibida y creó un precedente de descontento con el partido único.

En este contexto, a partir del mes de septiembre comenzó el trabajo para la construcción de la campaña para la Asamblea Nacional de los movimientos sociales. Las reuniones para definir los principios políticos de la campaña, sus contenidos y su logística se hicieron cada vez más frecuentes (en mis notas de campo conté mínimo dos reuniones por semana durante un mes), iniciando un periodo de trabajo militante acelerado (de l’Estoile, 2015). Así, el 4 de septiembre los líderes de los movimientos sociales tomaron la decisión de unirse al colectivo Códigos Libres para la preparación de los contenidos de la campaña. El 9 de septiembre se celebró una reunión para presentar dichos acuerdos a los militantes de los movimientos. Entre el 14 y el 20 de septiembre algunos militantes de los movimientos sociales participaron a un curso sobre diseño de contenidos de campaña organizado por el colectivo Códigos Libres. El 21 de septiembre se presentaron los resultados de esta primera etapa de formación y de trabajo a los líderes de los movimientos sociales, con el objetivo de obtener su aprobación respecto a la identidad gráfica y las orientaciones de la campaña propuestas. En este momento, el objetivo era lograr rápidamente un conjunto de acuerdos políticos sobre las temáticas que la campaña de los movimientos sociales debía tratar, y un conjunto de acuerdos técnicos sobre el uso de la identidad gráfica propuesta por el colectivo Códigos Libres. Dichos acuerdos permitieron luego la instalación de un “campamento de campaña”, es decir, de un segundo momento de trabajo intenso y colectivo en el que el diseño de los contenidos de la campaña (afiches, videos, cuñas de radio, patchworks, etc.) fueron preparados durante una semana gracias al esfuerzo de un centenar de personas reunidas en Caracas y venidas de distintas partes del país. Nace allí entonces lo que fue conocido como el Campamento Fabricio Ojeda3, tras arduas discusiones entre los actores de los movimientos sociales las cuales se focalizaban sobre dos puntos en particular: (1) una discusión sobre los contenidos políticos que se quería revindicar a través de la campaña, y otra sobre los medios económicos necesarios para la puesta en práctica de dicha campaña. Cada uno de estos debates (político y económico) permitió revelar los complejos vínculos entre los cuadros de los movimientos sociales y el campo político. Vínculos construidos desde el rol de intermediarios de la acción pública que muchos militantes de los movimientos sociales juegan, y que terminaron definiendo sus márgenes de maniobra, desde los beneficios que podían obtener a nivel institucional, hasta las dependencias individuales y colectivas en las que estaban inscritos.

b) La agenda legislativa popular.

La identidad gráfica y los contenidos resultantes del primer curso organizado por el colectivo Códigos Libres vehiculaban por si solos un marco político para la campaña. Para las representantes de este colectivo (en su gran mayoría mujeres) el objetivo de esta campaña debía ser el de proponer un contenido político que no llevara a la confrontación. Para ellas, la situación venezolana tal y como era definida en aquél entonces por el gobierno de Maduro, es decir, a través del discurso de la guerra económica como matriz explicativa de la escasez y de la inflación, no podía conducir a buenos resultados electorales para el PSUV (y por lo tanto para el gobierno), por estar, según ellas, demasiado centrado en el registro del conflicto. Según la visión de las dirigentes de Códigos Libres, si el análisis promovido por el gobierno era el de la existencia de una guerra económica, entonces el elector podía culparlo de estar perdiendo la guerra. En ese sentido, y para poder construir una victoria de “la izquierda”4, era entonces necesario formar un frente común y producir una campaña de propuestas, cuyo núcleo sería la idea de la profundización de la revolución a través del proyecto comunal5. Siguiendo este marco discursivo, la campaña le permitiría a los movimientos sociales evitar entregarle su apoyo a determinados candidatos a la elección, pero proponiendo al mismo tiempo contenidos legislativos y políticos de forma independiente6.

Si los líderes de los movimientos sociales mantuvieron rápidamente su acuerdo sobre la realización de una campaña sin candidatos, lo mismo no sucedió respecto a la temática del nivel de conflictividad que debía expresarse desde dicha campaña.

Efectivamente, durante las reuniones preparatorias del Campamento Fabricio Ojeda los objetivos políticos de la campaña fueron arduamente discutidos. Entre los actores con más peso en esta discusión estuvieron los representantes de tres de las organizaciones con alcance nacional, es decir, los de ANMCLA, Pobladores y la CRBZ. Notemos que cada una de estas organizaciones tiene posiciones distintas respecto al campo político y que dichas diferencias vienen dadas por las diversas posiciones de sus líderes en las administraciones públicas del chavismo, las cuales les confieren responsabilidades variables respecto al rol de intermediarios de acción pública. Por lo tanto, concretamente, vemos cómo los representantes de ANMCLA como Carlos y Alberto, mantenían relaciones abiertamente tensas con el PSUV desde hacía varios años. Tendiendo de facto vínculos más lejanos con las administraciones públicas del chavismo, estos actores promovían que la campana integrara contenidos conflictivos7. Por su lado, la CRBZ tenía en ese momento una relación muy cercana con el PSUV, fungiendo a intervalos como una de sus vertientes. Aun así, esta organización lograba legitimarse como movimiento social gracias a su trabajo de terreno junto a los campesinos en las zonas rurales del país8. Desde esta posición, las responsables de comunicación de la CRBZ, Camila y María, apoyaron la idea de una campaña sin candidatos, mientras ésta se concentrara verdaderamente en la promoción de las Comunas. Dicha posición debe comprenderse como un eco a la actividad principal de la CRBZ que es la de apoyar a los campesinos en los procedimientos administrativos necesarios para la creación, registro y funcionamiento de las Comunas rurales a escala nacional. Por otro lado, los representantes de Pobladores, en especial Yelitza y Miguel, hicieron énfasis en su deseo de que desde la campaña de los movimientos sociales se reivindicara la figura de Nicolás Maduro como heredero político de Hugo Chávez. Una posición que se explica en parte por los fuertes vínculos políticos entre el movimiento Pobladores y el difunto presidente Hugo Chávez Frías. Efectivamente, Hugo Chávez tuvo un rol importante en la integración del movimiento Pobladores al sistema de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Se trata de un programa de acción pública cuya actividad principal es la construcción de viviendas a gran escala, y que se convirtió durante algunos años en el programa estrella del gobierno de Maduro. Pobladores formó parte integrante de la GMVV como aliado del gobierno de Chávez, y como tal pudo disponer de presupuestos propios para la construcción de viviendas a través de un sistema de autogestión.

Vemos entonces cómo, antes y después de los periodos electorales, los gobiernos chavistas construyeron vínculos con distintas organizaciones reivindicándose de la izquierda a través de la profesionalización de los militantes, y su posterior integración como empleados/contratados en las administraciones públicas. Así, los vínculos entre el campo político y los espacios militantes (Mathieu, 2007) fueron particularmente estrechos, aun si se mantenía una cierta dimensión conflictiva o contenciosa. El rol de los militantes como intermediarios de la acción pública (Nay y Smith, 2002), en particular en el marco de los muy diversos dispositivos participativos construidos para la gestión de los territorios y las clases populares, crearon fuertes interrelaciones entre el devenir del gobierno chavista y el de los mismos militantes (tanto a nivel personal como a nivel colectivo). En consecuencia, las definiciones políticas que suelen ser presentadas para dar cuenta del rol del militante de izquierda en el Estado, tienden a enmarcar las capacidades de estos actores en términos discursivos y materiales (de acción política).

Por lo tanto, en ese momento en el cual todos los actores que conformaban los movimientos sociales estaban padeciendo (a distintas escalas) las consecuencias de la escasez y la hiperinflación; y en el que todos ellos ocupaban, o habían ocupado anteriormente, cargos en las administraciones públicas del chavismo; surgieron fuertes dudas sobre su real capacidad de criticar al gobierno chavista, de denunciar los abusos cometidos por sus miembros y de criticar eso que ellos llamaban el «burocratismo», y que según su lectura, era la dinámica que más tendía a socavar los objetivos políticos de las organizaciones populares.

Finalmente, los vaivenes de estas discusiones dieron lugar a un primer borrador de acuerdos políticos muy generales que debían servir de base para la producción de contenidos durante el Campamento, entre los cuales: 1 - Rehabilitar la figura de Chávez y del chavismo popular. 2 - Reactivar la etiqueta CAPHUCHA: Comando de Campaña Popular Hugo Chávez (que había servido en campañas anteriores para aglutinar a diversos actores de la izquierda). 3 - Dejar abiertas las relaciones formales con el Partido. 4 - La Comuna sirve como propuesta contra la crisis9.

Durante el Campamento Fabricio Ojeda como tal, los acuerdos a los que se llegaron fueron discutidos, renegociados y a veces se ignorados. Finalmente, los contenidos producidos fueron más o menos abiertamente críticos con el gobierno de Maduro y sus allegados. También surgieron contenidos que llamaban al voto chavista en contra del voto opositor, reintegrando un contenido conflictivo el cual sobrepasaba los límites que inicialmente se habían acordado para esta campaña “sin candidatos”. El conjunto de las proposiciones de los movimientos sociales fue agrupado en torno a lo que se denominó la “Agenda Legislativa Popular”10, la cual resumía las demandas que las organizaciones participantes en la campaña les hacían a los distintos candidatos a la Asamblea Nacional que se reconocían como formando parte de la izquierda.

En definitiva, lo que observamos aquí es la complejidad de las relaciones entre el campo político y los espacios de la militancia, construidas como resultado de la profesionalización de los militantes. En el marco de estas relaciones, las coyunturas del gobierno se convierten, de manera más o menos conflictiva, en las coyunturas de los militantes. Esta dinámica se define no en el momento de la campaña, sino mucho antes a través de la institucionalización de los vínculos entre el campo político y el espacio de los movimientos sociales. En este contexto, «defender la revolución» es un acto que se realiza no sólo en el momento de llamar al voto, sino también y sobre todo en una cotidianidad en la cual se entrelazan de forma inextricable las voluntades políticas con las realidades materiales que vinculan a los cuadros de las organizaciones populares con las administraciones públicas, estas a su vez dirigidas por los actores del campo político.

A continuación, examinaremos el papel desempeñado por dichas administraciones públicas en la campaña electoral. Esta dinámica permite dar cuenta de manera más concreta de las relaciones regularizadas y normalizadas entre los espacios militantes y el campo político, construidas a través de las instituciones públicas. Relaciones estructurales y estructurantes11 que definen el “sacrificio militante” en la cotidianidad.

2. La campaña popular: los medios que nos merecemos.

En el momento de construir esta campaña popular, los movimientos sociales no eran los únicos quienes tenían la responsabilidad política y financiera de que dicha movilización se lograra. En efecto, dado que los militantes de las organizaciones populares “se sacrifican” por la revolución al incorporarse y trabajar en las administraciones públicas, dichos actores esperan que los cuadros del campo político actúen en consecuencia apoyando sus iniciativas políticas mediante cesiones del presupuesto público. Y cuando dichas expectativas no son cumplidas, tal decepción puede ser vivida como una forma de traición. Desde el análisis, dichas dinámicas revelan las relaciones de dependencia entre el espacio militante y el campo político, dependencia que tiende también a ser explicada a través del registro de la coyuntura, la excepción y por la necesidad de defender la revolución.

a) Bajar el presupuesto

La instalación del Campamento Fabricio Ojeda es realmente un gran esfuerzo. Entre el 7 y el 11 de octubre de 2015 fue necesario alojar, alimentar y proporcionar medios prácticos y técnicos de trabajo a un centenar de personas procedentes de diferentes partes del país donde ANMCLA, Pobladores y la CRBZ tienen una base local. Gracias a la presencia de militantes con gran experiencia en producción de vídeo, audio y diseño gráfico, entre los cuales se encuentran los militantes de ANMCLA, del Comando Creativo y de las Brigadas Internacionalistas, los objetivos de producción del Campamento fueron ambiciosos. Evidentemente, la necesidad de contar con los medios para acompañar estas capacidades técnicas se convirtió en un tema fundamental. Esto, en un contexto económico venezolano en el que la adquisición de los medios de consumo básicos para alimentar a los participantes del Campamento, así como la compra de materiales para los trabajos manuales (papel, pintura, tinta, cartón, tela, etcétera) representaban ya en ese entonces una muy importante inversión. Y aunque las organizaciones ofrecen cada una los medios que tienen a su alcance – Pobladores ofrece alojamiento en uno de sus terrenos en construcción, ANMCLA ofrece equipos como computadoras, cámaras profesionales y equipos de producción de audio – muy pronto surge la pregunta de a qué institución dirigirse para obtener fondos adicionales.

Esto es una práctica común (Quirós, 2011). En varias ocasiones pudimos acompañar a actores del terreno mientras se ponían en contacto con un colega militante trabajando en una institución pública, la misma vista como aliada dada la alta presencia de militantes en puestos administrativos, lo que permitía acercarse y solicitar que se bajase el presupuesto para apoyar alguna actividad en un barrio, por ejemplo. Estas “bajadas de presupuesto” implican, y por lo tanto permiten dar cuenta de, la superposición de diferentes tipos de vínculos políticos y militantes que se encuentran en el núcleo de las relaciones entre el campo político y los espacios militantes, y que se construyen a través del aparato administrativo. Son estas relaciones las que subyacen a la coyuntura política que determina la cotidianidad de los militantes integrados en las administraciones públicas como forma de defensa de la revolución. Observemos entonces estas superposiciones de manera detallada.

En la reunión de preparación del Campamento Fabricio Ojeda del 15 de septiembre, los movimientos sociales presentes se preguntaron cómo compartir los gastos necesarios para la realización de esta actividad. Yelitza, de Pobladores, ofreció sus locales en Chacao (al este de Caracas) para albergar a los participantes y proporcionarles un espacio de trabajo. Carlos, de ANMCLA, y Osvaldo, de la fundación Infocentro, ofrecen equipos técnicos. Yelitza también se ofreció a movilizar a los militantes de Pobladores para cocinar durante los cinco días de trabajo, con la condición de que la comida se comprara colectivamente. Tras la discusión y al observar las faltas presupuestarias, se llega a un acuerdo común para ir a ver “quién tiene amigos en las instituciones y quién puede hacer bajar el presupuesto”12. En aquella época, se trataba sobre todo de acercarse a los militantes que ocupaban puestos administrativos en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Dicho ministerio era visto como un aliado por los militantes dada la presencia de Reinaldo Iturriza, quien fuere ministro de Comunas y luego de Cultura, y cuya trayectoria política antes de acercarse al chavismo fue adyacente a la de algunos de los líderes de los movimientos sociales.

El jueves 17 de septiembre se celebró una nueva reunión, y ese día los militantes presentes se enteraron por un mensaje de texto colectivo enviado por Iturriza de que los presupuestos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura se habían consumido en su totalidad antes del último trimestre de 2015, y que no se podría obtener ninguna prórroga presupuestaria para terminar el año. En este mensaje, el ministro habla del “colapso de los presupuestos públicos” y de la “necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias”. En su mensaje el ministro también denunció lo que para él era el uso abusivo del presupuesto del ministerio, el cual dijo se había convertido en “una agencia de viajes”, terminando su mensaje con el obligado “¡Hasta la victoria siempre!”13. Ese mismo día se anunció que Isis Ochoa, cuadro chavista quien tenía relaciones tensas con los espacios militantes vinculados a Reinaldo Iturriza, volvería a ser la ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. Los cuadros de los movimientos vieron en estas dos informaciones una cierta lógica de conjunto, la cual para ellos era reveladora de una traición política por parte de los cuadros chavistas hacia ellos como representantes del “chavismo popular”.

A continuación, las dificultades presupuestarias del Ministerio fueron verificadas en la reunión del 21 de septiembre cuando Alberto, cuadro de ANMCLA, terminó una llamada telefónica con Reinaldo Iturriza quien le confirmó que el ministerio había agotado sus presupuestos y que no iba a implicarse ni apoyar el Campamento. Este anuncio se transforma al instante en el tema de la discusión colectiva durante la cual se debaten tanto los gastos del ministerio como la gestión del ministro como tal. Tras la discusión, se acuerda simplemente «sacarle al ministro solo lo necesario»14.

b) La íngrima participación del Ministerio: ¿una ruptura política tácita?

En el momento de la instalación del Campamento Francisco Ojeda, las distintas necesidades para su puesta en funcionamiento estaban más o menos cubiertas. El alojamiento, como fue acordado, había sido proporcionado por el movimiento Pobladores, los equipos por ANMCLA, y parte de los alimentos por la CRBZ y la RNC, procedentes de la producción de las Comunas rurales vinculadas a sus organizaciones. Parte del dinero necesario para pagar estos materiales y alimentos había sido adelantado por Pobladores y ANCMCLA, con la esperanza de que el Ministerio del Poder Popular para Cultura les reembolsara posteriormente (concretamente, el dinero había sido adelantado por Alberto y por Yelitza, con la esperanza de presionar más tarde a Reinaldo). Sin embargo, les faltaba material como pintura, latas de spray, tinta, papel, cartón, tela y pinceles. Durante el Campamento, los líderes de los movimientos sociales, en particular Alberto, Yelitza y Pedro (de la RNC), trataron de presionar a distancia a distintas personas que habían sido identificadas como aliados militantes dentro de las instituciones públicas para conseguir materiales. Buscaron en diferentes instancias vinculadas a los Ministerios de Cultura y de Comunas (Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal - FUNDACOMUNAL, Oficina de Cultura del Distrito Capital, Infocentros, Viceministerio de Economía Popular, Viceministerio de Formación Política, entre otros). El 9 de octubre, tercer día del Campamento, Alberto llega altamente molesto a la sala donde se trabajaba todo lo relacionado con el diseño gráfico. Tras su llegada, tira al suelo con cierta fuerza y nos muestra una bolsa conteniendo algunos potes de pintura pequeños, unos pinceles y unas pocas latas de spray. “¡Aquí está la contribución del ministro de Cultura!”, se exclama Alberto con un tono irónico y sale del espacio de trabajo.

En esta expresión de indignación, la cual parece evidente y legítima para todos los militantes presentes en la sala, se resumen las relaciones entre el campo político, los espacios militantes y las administraciones públicas como lugar resignificado a partir de las lógicas militantes. Los cuadros de los movimientos, a través de su actividad como intermediarios de la acción pública, crean un vínculo político entre ellos y los cuadros del chavismo integrados en las administraciones. La actividad que realizan a diario se concibe como un sacrificio que responde a la coyuntura estructural que es, en cierto modo, la de la construcción y defensa de la revolución. Como explica Clara, activista del Ejército Comunicacional de Liberación (movimiento aliado de CL), y jefa del Departamento de Políticas Públicas del Ministerio de Cultura en el momento de la entrevista:

«Según yo, yo no volvía al Estado. Para mí fue un conflicto aceptar el cargo porque después de la muerte de Chávez yo estuve más o menos un año con el conflicto de qué hacer en cuanto a la relación con el Estado. O sea, la postura del Ejército [Comunicacional de Liberación] era, bueno, nosotros trabajamos sólo con el Estado para el proyecto, pero no en el Estado y con la burocracia. Después de que se muere Chávez, yo digo ‘verga, qué bolas, nadie quiere trabajar en el Estado’, y finalmente es como muy cómodo, a pesar de que tenemos peos para cobrar, de que no hay recursos, de que la vaina, termina siendo muy cómodo no mamarte las horas de oficina, y los trabajos de mierda que salen aquí a veces y las responsabilidades cansonas, y todo ese cuento, y lidiar con equipos… no te calas nada de eso ¿no?, trabajas con tus panas, ¿pero quién se lo cala? Entonces tenemos todos el discurso de que no hay rotatividad en los cargos del Estado, que tal, pero nadie se quiere mamar el Estado, entonces es como un acto así de que, bueno, yo le voy a apostar a asumir esa vaina. Pero hay días en que ¡mierda!, estoy sentada frente a la computadora y digo, ‘¡uff, yo era tan feliz en el Ejército’ [Comunicacional de Liberación]! O sea, ganaba más, tenía más tiempo libre, hacia lo que me daba la gana con mis hijas, pero bueno, ya, no me voy a ir de aquí hasta que no se vaya Reinaldo y ya” 15.

Este testimonio se refiere a la discusión más general que atravesaba en aquella época el espacio de los movimientos sociales y que venía dada por lo que era concebido como la coyuntura revolucionaria, es decir, la discusión sobre la legitimidad (o falta de legitimidad) de trabajar “en el Estado” cuando se es militante de izquierda. En este contexto, los límites entre el militantismo, el militantismo institucional, la acción pública, el gobierno y el Estado eran bastante difusos. Usualmente las fronteras entre estas categorías eran redefinidas tomando como punto de a partida la categoría de “revolución” a partir de la cual se creaba una especie de sistema de excepcionalidad que permitía darle un sentido político visto como legítimo a las acciones emprendidas desde las múltiples posiciones de los actores en cuestión. En consecuencia, los militantes populares parecían dejar en un segundo plano todo lo concerniente a los diversos condicionamientos materiales y subjetivos, y a los determinismos que permitían o impedían las carreras políticas de los unos, y las carreras administrativas de los otros. Aunque no eran ciegos frente a los intereses divergentes de los actores del campo político y administrativo respecto a sus propios intereses en tanto que actores movilizados, dichos militantes habían asimilado de manera intrínseca su rol político de defensores de la revolución, permitiéndoles darle un sentido lógico y legítimo hasta a las situaciones más incómodas. Al mismo tiempo, esta abnegación por la defensa de la revolución debía entonces ser una garantía que les permitiera exigir recompensas materiales y simbólicas a quienes estaban más arriba en las jerarquías políticas y administrativas, y por quienes ellos habían hecho el sacrificio de cruzar la frontera del Estado, para trabajar en él desde un registro militante. Así, la molestia de Alberto por la escasa participación del Ministerio del Poder Popular de la Cultura en la instalación y funcionamiento del Campamento Fabricio Ojeda, más que una anécdota, es representativa de una cadena de vínculos políticos que en ese momento parecían haberse roto y que, además, ponían en riesgo la continuidad de esos vínculos en el futuro.

Conclusión

En definitiva, al analizar una dinámica excepcional como es una campaña electoral, en un contexto de tensiones políticas y económicas, podemos observar cómo el momento presente, vivido como una coyuntura excepcional, está definido por relaciones sociales estructurales y construidas desde la cotidianidad. Estas relaciones definen las capacidades de acción y resistencia de las organizaciones populares, inscritas en un universo de limitaciones socialmente construidas y situadas. Así, podemos observar que las nociones de “excepcionalidad” y “coyuntura” se refieren a los vínculos estructurales entre los espacios militantes y el campo político. Estos vínculos definen los medios de acción de los que disponen los movimientos sociales. En efecto, la institucionalización de los vínculos entre las organizaciones populares y el campo político se logra a través de la reapropiación desde el militantismo de las administraciones públicas por parte de las organizaciones populares. En cierto sentido, esta dinámica pudo beneficiar a las organizaciones populares que durante un cierto periodo de tiempo pudieron acceder a recursos humanos, presupuestarios y simbólicos para sus actividades militantes. Dicha institucionalización del militantismo fue posible gracias a los estrechos lazos forjados entre militantes y cuadros políticos, los cuales a su vez fueron legitimados a través de la «revolución», una categoría que tendió a rutinizar la excepcionalidad, y que por lo tanto permitió justificar un conjunto de las alianzas vistas como estratégicas. De este modo, el Estado, y más específicamente las instituciones públicas, fueron concebidas como un objeto estratégico por el cual luchar. Una lucha que se construyó desde el sacrificio militante que implicó para muchos militantes el trabajar “dentro del Estado”. Por lo tanto, y considerando su “sacrificio”, los militantes y sus organizaciones se percibían como estando en posición de legitimidad para recibir retribuciones por parte del campo político. Retribuciones que no siempre fueron percibidas, lo cual provocó tensiones y finalmente rupturas.

Son precisamente estas rupturas, vistas como límites de la dinámica social estudiada, las cuales permiten dar cuenta del carácter estructurante de la institucionalización de las relaciones entre el campo político y los espacios militantes. La respuesta a las rupturas construidas desde el campo político por parte de los movimientos sociales, ya sea bajo forma de indignación o de sensación de traición, son una evidencia de la enmarcación de las capacidades de acción de las organizaciones populares desde el campo político. En efecto, más allá de las discusiones relativamente normativas sobre las capacidades de actuar (agency), podemos referirnos a una literatura que habla del encuadramiento de los repertorios de acción (Tarrow, 2015). No se trata necesariamente de pensar a los gobiernos chavistas como actores movilizando una racionalidad absoluta (poco probable sociológicamente) a partir de la cual se habría construido un entramado social de total control de las organizaciones populares que les fueron cercanas. Notemos además que los vínculos entre el campo político y el espacio de los movimientos sociales tienen una larga historia en el contexto venezolano, en especial a la hora de observar las políticas llamadas de “co-construcción” de la acción pública dirigidas hacia los barrios (López Maya, 2015). Sin embargo, sí se trata de observar cómo la rutinización de la construcción de la acción pública a partir de vínculos de cercanía entre espacios militantes y campo político (Goirand, 2014 ; Sa Vilas Boas, 2014) es una variable que condiciona y determina las acciones de los actores movilizados. En el caso venezolano, dicha rutinización tiende a crear coyunturas de exclusión y delimitación de las resistencias populares frente al gobierno revolucionario, abriendo la puerta a su posterior represión.

Bibliografía

BOURDIEU, P. (1980) Le sens pratique. Paris: Éditions de Minuit, 1980.

DE CASTRO ROCHA, D. (2014), “Logiques et pratiques de participation dans les périphéries de Brasilia. Leaderships locaux, relations de clientèle et militantisme professionnel”. Revue internationale de politique comparée. Volumen 4, Nro. 20 123-143.

DE L’ESTOILE, B. (2015) “Observer en réunion”. Genèses. Nro. 98, 3-6.

GOIRAND, C. (2014) “Participation institutionnalisée et action collective contestataire”. Revue internationale de politique comparée. Nro. 4, 7-28.

JOSHUA, F. (2015) Anticapitalistes. Une sociologie historique de l’engagement. Paris: La Découverte.

LAGROYE, J. (2003) La politisation. Paris: Belin.

LÓPEZ MAYA, M. (2015), “Iglesia Católica y democracia participative y progtagónica en Venezuela”. Latin American Research Review. Nro. 49, 45-60.

MATHIEU L. (2007) “L’espace des mouvements sociaux”. Politix. Nro. 77, 131-151.

NAY, O. y SMITH, A. (2002) Le gouvernement du compromis. Courtiers et généralistes dans l’action politique. Paris: Economica, 2002.

NONJON, M. (2005) “Professionnels de la participation : savoir gérer son image militante”. Politix, Volumen 2, Nro 70, 89-112.

QUIRÓS, J. (2011) El porqué de los que van: peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires: una antropología de la política vivida. Buenos Aires: Editorial Antropofagia.

SA VILAS BOAS, M.-H. (2014) “Des street level bureaucrats dans les quartiers : la participation aux conférences municipales des femmes à Recife”. Revue internationale de politique comparée. Nro 4 ,55-76.

TARROW, S. y TILLY, C. (2015) Politique(s) du conflit. De la grève à la révolution. Paris: Presses de Sciences Po.

TISSOT, S. (2005) “Reconversions dans la politique de la ville : l’engagement pour les « quartiers »”. Politix. Volument 2, Nro. 70, 71-88.

---