Minería, ética y progreso social *
Antonio Enrique Tinoco Guerra **
Caribay Delgado Medina ***
Resumen
La explotación minera genera un boom económico que, paulatinamente, se va esfumando
y transformando en un proceso de empobrecimiento generalizado, convirtiendo zonas
que fueron aparentemente prósperas durante la explotación en regiones profundamente
deprimidas, plagadas de males sociales y donde la riqueza efímera desaparece. En
el presente trabajo se pretende establecer la conexión entre explotación minera, ética y
progreso social, tomando como punto de partida las relaciones que existen entre estas
formas de extracción con el medio ambiente, la salud humana y de cuanto ser viviente
exista en el entorno donde se efectúan los procesos extractivos. Se procura revisar
las responsabilidades éticas del Estado y de las comunidades organizadas frente a las
explotaciones mineras y a los estragos que causan éstas al entorno. En esta investigación
se utilizó un método reexivo e interpretativo a partir del estudio de las obras de autores
relevantes en el campo del conocimiento que interrelacionan la actividad minera, la ética y
el progreso social. Entre ellos se destacan los trabajos de Galeano (2000) y Uslar (1990);
los aportes de Aldunate (2001), Diamond (2006), Brailovsky (2009) y Latchinian (2016). A
partir de las tres últimas décadas del siglo XX, en América Latina se ha desarrollado un
movimiento ecologista que ha cuestionado profundamente las explotaciones mineras como
alternativas para el logro de un desarrollo sustentable, donde han hecho contribuciones
autores como Cesarman (1976), Aguilera (1980), Mires (1982), Ovalles (1983), Vidart (1986),
Barra (1986), Alvárez (1993) y Boff (1999). Se concluye que comunidades como Cajamarca
en Perú y Cajamarca en Colombia, han vivido experiencias similares, donde la voz del
ciudadano y de las comunidades han sufrido los embates de una concepción errada de lo
que es el bien común, argumento esgrimido, generalmente, por los gobiernos nacionales,
regionales y locales, al ser la justicia atropellada por el derecho.
Palabras clave: explotación minera, dilemas éticos, progreso social, desarrollo y
subdesarrollo, pobreza.
Recibido: 08-05-2019 / Aceptado: 10-09-2019
* Perteneciente al proyecto de investigación: “Política minera y ambiental en el Norte de Santander”. Universidad Simón Bolívar, Cúcuta-
Colombia.
** Postdoctorado en Ciencias humanas, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela. Doctor en Historia de las Américas, Universidad
Católica Andrés Bello, Caracas-Venezuela. Magíster en Ciencias Sociales, Université Laval, Quebec-Canadá. Licenciado en Filosofía,
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas-Venezuela. Profesor Titular, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela. Profesor
Universidad Simón Bolívar, Cúcuta-Colombia. Dirección: Condominio residencial El Samán, cabaña 709, Villa del Rosario, Colombia.
Cel: +573176799255. Correo: a.tinoco@unisimonbolivar.edu.co.
*** Licenciada en Filosofía, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela. Correo: caribaydm@yahoo.com.
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Antonio Enrique Tinoco Guerra y Caribay Delgado Medina
Mining, ethics and social progress
Abstract
Mining exploits an economic boom that is gradually fading and transforming into a
generalized impoverishment process, turning areas that were apparently prosperous during
exploitation into deeply depressed regions, plagued by social ills and where ephemeral
wealth disappears. In the present work it is tried to establish the connection between mining
exploitation, ethics and social progress, taking as starting point the relationships that exist
between these forms of extraction with the environment, human health and how much living
being exists in the environment where extractive processes are carried out. An attempt is
made to review the ethical responsibilities on the State and organized communities vis-à-vis
mining operations and the damage that they cause to the environment. In this research, a
reective and interpretative method was used from the study of the works of relevant authors
in the eld of knowledge that interrelate mining activity, ethics and social progress. Among
them are the works of Galeano (2000) and Uslar (1990); the contributions of Aldunate (2001),
Diamond (2006), Brailovsky (2009) and Latchinian (2016). From the last three decades of the
20th century in Latin America, an environmental movement has developed that has deeply
questioned mining operatios, as alternatives for achieving sustainable development, where
have made contributions authors such as Cesarman (1976), Aguilera (1980), Mires (1982),
Ovalles (1983), Vidart (1986), Barra (1986), Alvárez (1993) and Boff (1999). It concluded
that communities such as Cajamarca in Peru an Cajamarca in Colombia have live similar
experiences, where the voice of the citizen and of the communities have suffered the attaks
of a mistaken conception of what is the common good, an argument generally used by
national, regional and local government, as justice is run over by the law.
Keywords: mining, ethical dilemmas, social progress, development and underdevelopment,
poverty.
Introducción
En 1971 apareció un libro que se convirtió en best seller dentro del ensayo latinoamericano;
esta obra se llama Las venas abiertas de América Latina, escrita por el periodista y escritor
uruguayo Eduardo Galeano (1940-2015). Para ese momento, el ensayo fue bien recibido,
tanto por los críticos de derecha como por los de la izquierda. En la actualidad, esa obra está
exaltada y reconocida por pensadores y militantes de izquierda y denigran de ella militantes
e intelectuales de la derecha. Lo que importa actualmente de ese ensayo es su valor de
denuncia, más allá de cualquier posición política. Galeano (2000) fue el primero en divulgar
y llevar al lector común la relación entre explotación minera y la pobreza de los pueblos,
señalando que por ser la minería una riqueza natural no renovable, al agotarse la riqueza,
viene un proceso de empobrecimiento mayor que el preexistente a la explotación minera.
Otra de las fortalezas de ese trabajo radica en haber despejado un mito latinoamericano,
como es asociar las riquezas mineras con países ricos. No necesariamente un país es
rico por tener riqueza minera; por otra parte, no necesariamente la minería equivale a un
desarrollo sustentable y sostenido. Es una contradicción, desde todo punto de vista, hablar
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de desarrollo minero compatible con el desarrollo sustentable. Por principio, toda riqueza
minera es limitada, esto se debe a que son recursos naturales no renovables, lo cual se
opone a la sustentabilidad, que indica permanencia en el tiempo. Por otra parte, desde el
punto de vista ambiental, ningún desarrollo minero es sustentable, la minería por esencia es
una actividad depredadora del ambiente, lo totalmente opuesto a un desarrollo positivo que
se extiende en el tiempo.
Estados Unidos no es rico por tener petróleo y Japón es un país rico sin tener recursos
mineros abundantes. La riqueza de un país está en su población, en el capital humano y
en el capital social propio de cada nación. Todo lo demás es efímero y volátil. Los ejemplos
citados por Galeano (2000) son múltiples y acompañan la historia latinoamericana desde
que el hombre blanco pisó estas tierras, hasta la actualidad. La explotación del oro y la plata
en México, Perú y Colombia durante la época colonial; el estaño en Bolivia; el cobre y el
salitre en Chile; el hierro y el petróleo en Venezuela, entre otros, son simples referencias de
riquezas efímeras que no han producido desarrollo, a lo sumo un crecimiento económico
pasajero.
Para Galeano (2000), la explotación minera va acompañada de un boom económico
que paulatinamente se va esfumando y transformando en un proceso de empobrecimiento
general, convirtiendo zonas que fueron aparentemente prósperas durante la explotación en
regiones profundamente deprimidas, plagadas de males sociales y donde la riqueza efímera
desaparece en la medida en que los taladros y las excavadoras, junto al trabajo obrero, van
socavando las minas, las canteras y los yacimientos. Galeano (2000) es enfático al señalar
“que las regiones hoy día más signadas por el subdesarrollo y la pobreza son aquéllas que
en el pasado han tenido lazos más estrechos con la metrópoli y han disfrutado de períodos
de auge” (p. 48).
Lo importante es preguntarse si tal situación es exclusiva de los países subdesarrollados
o si por el contrario, la minería y el niquito de ésta producen los mismos efectos en los
países industrializados. En primera instancia, se diría que sí; se podría armar que toda
explotación minera, al caducar, produce una devastación económica y social, además de
ecológica o ambiental en las regiones afectadas. Por ejemplo, la llamada ebre del oro
en California, la explotación del carbón en Francia, Polonia y otros países europeos, la
tan contaminante industria metalúrgica y del acero, en el caso de Pittsburgh, en Estados
Unidos, y como también en otras regiones industrializadas de Europa; ésas son referencias
que sirven para señalar que en los países industrializados, la explotación minera ha sido tan
devastadora como en los países subdesarrollados.
En todos esos casos, la prosperidad se percibía a simple vista durante el proceso de
expansión minera, pero se podría también argumentar que los países industrializados
poseen otros recursos de orden económico y tecnológico, que sirven de alternativa para
amortiguar los efectos negativos del cierre de minas, canteras y yacimientos. Lo que no cabe
duda es de que, tanto en los países subdesarrollados como en los países industrializados,
la explotación minera deja –socialmente- una expoliación de los que trabajan en ese sector
y un deterioro ambiental que varía según el tipo de explotación que se efectúe; además, las
poblaciones aledañas se plagan de males sociales, entre los que guran la prostitución, el
alcoholismo, el tráco y ventas de drogas y una serie de vicios que van minando la salud
y las buenas costumbres de los pueblos donde se efectúa la extracción de minerales e
hidrocarburos.
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Otro de los elementos señalados por Galeano (2000) es la relación ética que se establece
entre la explotación minera y los benecios que ésta trae a las distintas comunidades donde
se obtienen minerales y combustibles fósiles. La situación descrita por el periodista uruguayo,
con base en la minería, en la época colonial, cuando la Corona Española depredaba los
recursos del suelo y del subsuelo en las colonias del Nuevo Mundo, se repite en la actualidad.
Los gobiernos latinoamericanos de hoy, desde que se inicia el período republicano, han
mantenido la misma actitud que otrora el imperio español: obtienen las grandes riquezas
del suelo y del subsuelo con base en una supuesta política de bienestar que nunca llega a
todos por igual.
Los marginados de ayer son los mismos marginados de hoy, la gran riqueza obtenida
durante la bonanza petrolera en Venezuela, desde la década de los 50 del siglo pasado hasta
hoy, no ha logrado romper el círculo de la pobreza y del subdesarrollo. El dinero obtenido se
ha dilapidado en malos negocios y en la compra de miles de objetos innecesarios, como es
el caso de ostentosos vehículos de lujo que sólo han beneciado a determinados sectores
de la población. Los bancos suizos y los paraísos scales están repletos del dinero obtenido
por la corrupción de funcionarios y empresarios inescrupulosos, que se han beneciado
de la riqueza petrolera venezolana. Este ejemplo es extensivo al resto del subcontinente:
desde México hasta la Patagonia se encuentran casos similares, donde la riqueza del suelo
y del subsuelo se ha evaporado y ha engordado las cuentas de políticos, funcionarios y
empresarios corruptos que jamás han recibido un castigo por hechos delictivos, llamados
de “cuello blanco”.
El problema no es exclusivamente de orden legal, las leyes existen, pero se evade su
aplicación; el aparato jurídico es inoperante ante los delitos de “cuello blanco”. El problema
es eminentemente ético, de conciencia y debe ser examinado desde esta perspectiva. Se
podría resumir la situación descrita como un problema de justicia social, un mal y deciente
sistema de repartición de las riquezas. Generalmente, el centralismo desvía los recursos
producidos en los distintos estados, provincias y departamentos, concentrándolos en la
capital de la república y a lo sumo en las capitales regionales, de esta manera, la situación
vivida en los antiguos virreinatos del Imperio Español se mantiene hasta nuestros días,
generando una espiral de pobreza que no ha podido ser superada desde que se gestó en
el período colonial. Hoy, después de más de cuatro décadas de haber aparecido Las venas
abiertas de América Latina, la obra de Eduardo Galeano permite hacer un llamado a la
reexión y apelar a la conciencia ética.
En el presente trabajo se pretende establecer la conexión entre explotación minera, ética
y progreso social, tomando como punto de partida las relaciones que existen entre estas
formas de extracción con el medio ambiente, la salud humana y de cuanto ser viviente exista
en el entorno donde se efectúan los procesos extractivos. Se procura, además, revisar
las responsabilidades éticas del Estado y de las comunidades organizadas frente a las
explotaciones mineras y a los estragos que causan éstas en el entorno. En esta investigación
se utilizó un método reexivo e interpretativo a partir del estudio de las obras de autores
relevantes en el campo del conocimiento que interrelacionan la actividad minera, la ética y
el progreso social.
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1. La minería y el dilema económico en América Latina
Anterior al libro de Galeano (2000), la relación entre la explotación minera y la pobreza
posterior al niquito de la explotación de una riqueza efímera fue sólo un debate entre
intelectuales, entre los que guraron autores de la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL), como el economista argentino Raúl Prebisch (1901-1986), así como el
economista alemán Albert Hirschman (1915-2012), quienes se preguntaron en su momento
si la industria minera podría constituirse en una forma de desarrollo estable y permanente
o si, por el contrario, la industria manufacturera sería la vía por tomar para lograr el tan
anhelado desarrollo económico y social (Buitelaar, 2001). La polémica surgía en torno
de la riqueza propia del sector primario, frente a las posibilidades de fortalecer el sector
secundario. Esta discusión, que interesó a los economistas en los años 40, 50 y 60 del siglo
pasado, no ha perdido vigencia.
Colombia es un caso típico, donde el dilema entre industria manufacturera e industria
extractiva ha entrado en conicto. Durante los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, la industria
textil colombiana fue una de las más importantes de América Latina y del mundo, no tanto por
los volúmenes de producción, que fueron altos, sino por la calidad de los textiles. Hoy día,
el proceso de globalización ha disminuido la industria textil colombiana, ya que los textiles
provenientes de China y de otros países de Asia y América Latina, han invadido los almacenes
colombianos, desplazando los productos nativos. En la medida en que esto va ocurriendo,
la industria minera colombiana se va forticando y el país cada vez depende más de la
minería y no de la industria manufacturera. Algo similar ocurre con la producción cafetera, la
cual podría mermar en un futuro, frente a la extracción de minerales e hidrocarburos. Éste
es un alerta que debe llamar la atención, tanto de los gobiernos como de los empresarios,
para no repetir los esquemas de dependencia que se han experimentado en países como
Venezuela, donde paulatinamente el petróleo y la minería fueron desplazando la agricultura
y particularmente la producción y la exportación de café y cacao.
Las oportunas palabra del intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri (1906-2001), quien
en 1936 hablaba de “sembrar el petróleo”, como la única posibilidad que tenía Venezuela
de construir una riqueza estable y duradera, a través de un proceso de industrialización y
diversicación económica que, partiendo de la riqueza petrolera, constituyera una industria
estable, que fuera la verdadera propulsora de un desarrollo integral venezolano (Uslar, 1990).
En Venezuela, las recomendaciones de Uslar Pietri no fueron acatadas; 100 años después
de surgir la explotación de hidrocarburos en el país, se están reforzando los procesos de
dependencia nuevamente, ahora hacia la minería en general; ejemplo de ello está en el
denominado Arco Minero del Orinoco; ésta es una nueva forma de dependencia hacia la
industria extractiva, lo que indica que se están reforzando los procesos de dependencia
centrados en la mono-producción y en elementos que no conducen a desarrollos sustentables,
sino a riquezas efímeras. Esto indica que Venezuela no ha aprendido la lección que ha
dejado la industria petrolera, la cual en un lapso de 50 años convirtió el país en un ente
mono productor de hidrocarburos, creando una dependencia absoluta de este producto de
exportación, viviendo la nación a expensas de las alzas y bajas de los precios en el mercado
petrolero mundial.
Actualmente no se ha hecho un balance de lo que ha signicado la producción petrolera
en Venezuela. A 100 años del nacimiento de esta industria, no se ha evaluado objetivamente
lo positivo y negativo de lo que ha sido la explotación del petróleo en este país. No se ha
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hecho una evaluación ambiental de los impactos causados por la industria, tampoco se han
medido, ampliamente, los efectos de la dependencia de este recurso no renovable, y menos
aún, de las consecuencias de ser un país mono productor por excelencia. Este balance está
pendiente de realizarse en algún momento, lo que daría a conocer las perspectivas reales
de Venezuela a todo lo largo del presente siglo. Colombia tiene un ejemplo negativo que no
debe seguirse, es el de la Venezuela mono-productora y rentista de una riqueza efímera y
transitoria como es el petróleo. Partiendo del principio de la necesidad de una diversicación
económica y de reducir al mínimo la dependencia de la industria minera y de hidrocarburos,
el logro de Colombia en materia petrolera, en los últimos años, debe ser visto con sumo
cuidado, ya que el petróleo tiene un poder “hipnotizante” que envuelve la mente de los
gobernantes.
Cada vez aparecen más estudios que cuestionan la minería como un elemento capaz
de producir un desarrollo sustentable en América Latina y en cualquier otra región del
planeta. Entre los autores que mantienen este criterio guran: Aldunate (2001), Diamond
(2006), Brailovsky (2009), Latchinian (2016), entre otros. Se podría decir que la minería
es vista actualmente como una especie de “monstruo troglodita” que devora el suelo y el
subsuelo de los países, sin aportar un desarrollo sustentable. Los movimientos ecologistas
mundiales comparten esta línea de pensamiento y mantienen una crítica constante a todo
lo referente con la explotación minera y de combustible fósiles, esto se debe a la situación
de depredación del medio ambiente que produce la explotación minera y a las precarias
condiciones de vida en las que son sometidos los obreros que trabajan en este sector (Sosa,
Röhl y Durán, 2015).
Sin embargo, es conveniente señalar que muchos autores mantienen una posición
contraria a lo señalado; deenden la explotación minera y ven en ésta una posibilidad real
para un desarrollo sustentable. La compilación realizada por Rudolf M. Buitelaar, titulada
Aglomeraciones mineras y desarrollo local en América Latina, recoge quince (15) trabajos
de distintos autores, en los cuales se deende la minería y se propone ésta como posible
fuente que propicie un desarrollo sostenible (Buitelaar, 2001). La experiencia canadiense en
materia de explotación minera es uno de los incentivos, que consideran los distintos autores
vinculados a esta obra, como una experiencia exitosa que puede y debe ser seguida por los
países latinoamericanos.
2. La ética y la explotación minera
La ética tradicionalmente se ha considerado como una disciplina losóca que se ocupa
del estudio de las acciones humanas frente al bien y al mal (Aranguren, 2000). Hay otros
autores que preeren denirla como el estudio de las conductas humanas frente al bien y el
mal (Martín, 2000). Sin embargo, es más oportuno hablar de acciones y no de conductas,
ya que éstas son objeto de estudio de la psicología, mientras que la ética se sustenta en
el acto humano, éste debe ser libre y consciente para ser un acto ético, por el contario,
las conductas pueden tener connotaciones biológicas y en muchos casos no son libres ni
conscientes.
Es importante recordar que en tiempos remotos de la antigüedad clásica y particularmente
en Grecia y Roma, la ética se consideraba como el estudio que permitía al ser humano alcanzar
la felicidad; ésta tomaba las más diversas formas según cada autor y las distintas escuelas
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de pensamiento (Aranguren, 2000). Los estoicos proponían, siguiendo la tradición socrática
de Platón y Aristóteles, la vida contemplativa como una forma de alcanzar la felicidad, bios
theoreticos o vida teóretica; es decir, dedicarla al estudio y a la sabiduría era el propósito
para un “buen vivir”. Mientras que otras escuelas hablaban del placer como bien supremo
para una cabal existencia humana, a esto se le llama hedonismo. Por su parte, diversas
escuelas y, particularmente, con la aparición del cristianismo, hablaron de eudemonismo,
es decir, la felicidad está más allá de esta vida, se encuentra en la trascendencia (García,
1975).
A nales del período de la Ilustración, el lósofo alemán Enmanuel Kant (1724-1804)
revoluciona la ética al señalar una distinción fundamental entre el “ser” y el “deber ser” en las
acciones humanas; en muchos casos, las acciones éticas no llenan las expectativas de una
acción humana cabal, dejando dudas sobre si la acción realizada cumple cabalmente con
lo esperado, lo cual obliga a postular una acción tal que debería ser modelo de las acciones
cabalmente humanas y absolutamente incuestionables, esto es lo que se denomina “deber
ser” (Aranguren, 2000).
Con el pasar del tiempo, el cristianismo y los socialismos utópicos del siglo XIX propusieron
el concepto de bien común, o bien para las mayorías. El marxismo por su parte, habla del
bien de y para las masas, para el proletario, para los oprimidos, sobreponiendo el concepto
de clases sociales a cualquier otro concepto; para esta corriente, la alienación de las masas
y del individuo es un proceso proveniente de la explotación propia del sistema capitalista.
En resumidas cuentas, los marxistas sostienen que todo aquello que propicie la revolución
es bueno, y todo aquello que vaya en su contra es malo. Esto signica una simplicación de
la ética a su máxima expresión y, por tanto, un reduccionismo de lo humano (Academia de
Ciencias de la Unión Soviética, 1982).
La ética como cualquier otra disciplina ha ido evolucionando, ya no se la puede considerar
exclusivamente como el estudio de las acciones del ser humano o del individuo en particular,
sino también, el estudio del comportamiento humano en sociedad. El comportamiento
colectivo, las acciones sociales y su incidencia en la vida del planeta, es hoy día, parte
del estudio de la ética. De allí que se hable de una ética ecológica como una parte de la
ética social (Francisco, 2015). Asimismo, se hable de una ética económica, que trataría de
regular las acciones humanas frente a los deseos de lucro desmedido, donde las industrias
contaminantes y las fábricas que deterioran día tras día, a paso acelerado, la vida de los
seres humanos y que propicien deterioro de la naturaleza y de lo humano en general, son
objeto de estudio por parte de la ética (Küng, 2000).
En América Latina ha surgido un movimiento ético vinculado a la ecología que ha dejado
huella profunda en el pensamiento losóco y ecologista del continente. Las obras de los
autores Cesarman (1976), Aguilera (1980), Mires (1982), Ovalles (1983), Vidart (1986),
Barra (1986), González (1993), Boff (1999), entre otros, representan signicativos aportes
que abrieron el camino a la reexión ética y ecológica en el sub continente. Estos pioneros
escribieron sobre el tema a todo lo largo de los años 70, 80 y 90, del siglo pasado, de allí
en adelante, la literatura sobre ética y ecología no ha cesado de aparecer en todos y cada
uno de los países de la región. Lo cual demuestra que en América Latina hay una gran
sensibilidad y preocupación por el tema.
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Siendo consecuentes con lo dicho anteriormente en relación con la ecología, se encuentra
que toda actividad humana produce impactos sobre la naturaleza, pero hay impactos positivos
o negativos sobre el medio ambiente. La actividad minera ilegal es más dañina que la minería
legal. Ejemplo de la primera es la llamada acción de los garimpeiros o mineros clandestinos,
término proveniente del portugués y utilizado en Brasil para designar este tipo de trabajo
ilegal; ellos son quienes depredan el ambiente sin ningún tipo de consideración ni control
por parte del Estado, por estar al margen de la ley, obligados por un lucro desmedido, que
pone en peligro no sólo el ambiente, sino la salud misma de quienes practican ilegalmente
la minería.
La situación de la minería clandestina o ilegal podría compararse con la caza furtiva de
especies exóticas. Se sabe que la necesidad económica obliga a estos mineros a procurarse
el sustento y el de sus familias a través de métodos ilegales, primitivos y devastadores de
la naturaleza, pero esto no justica la práctica de la minería clandestina. Tras la explotación
minera ilegal se mueven grandes capitales y son éstos los que se lucran profundamente
con el trabajo de los llamados garimpeiros. Al igual que la caza furtiva de especies exóticas,
la minería clandestina responde a intereses de personas y grupos comprometidos, quienes
son los verdaderos promotores de la ilegalidad y quienes disfrutan de la mayor parte de la
riqueza sustraída de manera ilegal y sin control. De no existir un mercado internacional del
oro, de los diamantes o del marl, no existirían mineros ilegales o cazadores furtivos.
Para complementar la idea expuesta, Latchinian (2016) señala que “la contaminación de
ecosistemas con mercurio es un impacto muy probable de la minería ilegal de oro, que suele
utilizar tecnologías obsoletas y prohibidas. Por otra parte, el consumo y contaminación con
cianuro de decenas de miles de metros cúbicos de agua por día, es un impacto probable de
la minería de oro, lo que la hará inadmisible en zonas agrícolas donde el acceso al agua es
un tema de supervivencia para las comunidades.” (p. 41).
Lo planteado permite ubicarse frente a un problema ético, ¿se puede justicar la minería
ilegal y la destrucción del medio ambiente con base en las necesidades y subsistencia de
determinados grupos humanos? Lo mismo podría preguntarse de las masacres de elefantes,
de rinocerontes o cualquier otra especie en vías de extinción. La cuestión es compleja y
difícil de resolver; esto, debido a que en el caso de la minería, la devastación ambiental no
sólo implica la muerte de especies de ora y fauna, sino que pone en riesgo la vida de todo
el planeta, ya que grandes extensiones de bosques y de selvas vírgenes son devastadas,
reduciendo notablemente los pulmones vegetales del planeta. La Amazonía, que envuelve
a casi todos los países suramericanos, es víctima de la devastación, no sólo por la acción
de la minería legal e ilegal, sino también por la extracción de madera y por el aumento
constante de poblaciones, quienes desforestan la selva virgen para instalar cultivos y criar
distintos rebaños y ganadería extensiva que a la larga producen efectos negativos sobre el
ambiente.
Se podría formular otra pregunta, tan pertinente como la primera: ¿Qué legitima una
actividad económica?, ya que se arma que toda actividad económica daña, de una u otra
manera, el ambiente. ¿Qué legitima la industria del acero y no al garimpeiro? ¿Qué legitima
la industria del aluminio y no la explotación clandestina de diamantes en Sierra Leona o en
cualquier otro país africano? ¿Qué legitima la industria de los hidrocarburos y de cualquiera
de los combustibles fósiles, y deslegitima las actividades clandestinas en minería?
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La respuesta parcial a las cuestiones planteadas anteriormente viene dada por cinco
elementos, es decir, la legitimación de una actividad extractiva viene dada, desde un punto
de vista ético, por:
1) El visto bueno del Estado, que debería ser el garante de minimizar los impactos
ambientales de cualquier industria, haciendo que éstos sean los menos dañinos al ambiente.
Para ello están las leyes, las sanciones y las penalidades cuando se sobrepasan los límites
establecidos.
2) Las condiciones de salud de los que trabajan en la actividad extractiva, la cual debe ser
supervisada fundamentalmente por el Estado.
3) Los benecios que deben tener las comunidades que residen en las zonas de
explotación y están sometidas al impacto directo de la actividad económica.
4) La riqueza proporcional por distribuir entre obreros e inversionistas, sean éstos privados
o públicos.
5) Compromisos de las empresas concesionarias a resarcir, en la medida de lo posible,
los daños causados a la naturaleza, a las comunidades y a las personas que laboran en la
explotación.
De no cumplirse estos cinco requerimientos, se está frente a un problema ético que
tendría implicaciones en el ámbito de lo jurídico, de la salud pública, de lo económico y de lo
ambiental. Desde el punto de vista jurídico el Estado debe proporcionar las leyes necesarias
que reglamenten la explotación minera y velar por que se cumplan las mismas; al mismo
tiempo, esta legislación debe considerar el tema ecológico, la salud de los mineros u obreros
del área, como también de las comunidades circunvecinas a la zona de explotación.
Desde un punto de vista económico, la explotación minera, como cualquier industria, se
realiza para generar riquezas; el inversionista o empresario (público o privado) invierte para
obtener un lucro, de no ser así, no tendría sentido la actividad económica, pero la legislación
obliga o debería obligar a un pago justo y a una remuneración “sensata” del obrero que
trabaja en minas y en cualquier proceso de producción, sea minero o no.
Según Garay (2014), en su presentación al volumen IV de la colección Minería en Colombia,
cuyo subtítulo es “Control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos sociales
y posconicto”, señala que una de las problemáticas de la justicia, en sentido tradicional
amplio, relacionadas con el tratamiento de responsables y de afectados o perjudicados y con
la reparación de perjuicios y daños sociales causados por faltas por parte, tanto del Estado
como de las corporaciones (agentes empresariales), es la inconveniente subordinación de
la criminología al derecho penal; en la medida en que sólo se penalizan aquellos actos,
conductas o comportamientos considerados explícitamente como delitos, dejándose de
lado como sujetos de un trato explícito institucional o incluso social (como el caso de una
exigencia reparativa material o moral) todas las demás acciones (y sus responsables), aun
aquellas que causan importantes daños sociales.
Para Garay (2014), “la nueva criminología habrá de sustentarse en principios garantistas
de responsabilidad individual y colectiva en torno de comportamientos considerados
como faltas que producen daño social y cuyos responsables han de ser tratados como
culpables, sujetos de rechazo moral y social, así no sean vistos como ejecutores de actos
o comportamientos delictivos a la luz del derecho penal” (p. 20). Todo lo señalado por el
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autor anterior, en relación con la criminología y el derecho penal, tiene que ver con mucha
agresiones que sufren las comunidades y las localidades donde existe explotación minera.
Gran cantidad de violaciones, agresiones y daños que afectan un gran número de
personas y el medio o entorno donde éstas habitan, quedan impune por no estar tipicadas
en la ley. Es por ello que Garay (2014) insiste en replantear el problema de la justicia, para
que ésta no sea atropellada por el derecho y retomar la relación entre criminología y el
derecho penal, para poder ser más efectivas las sanciones contra innidad de crímenes
que afectan el medio y a las personas y que hasta ahora no han sido considerados, quizás
por lenidad, o por descuido voluntario o involuntario. Por otra parte, conviene recordar que
en América Latina abundan las legislaciones en materia ambiental, pero la aplicación de
las mismas se lleva sin rigor, y el peso de la ley no cae sobre quien debería, siempre
consiguiendo atenuantes para los crímenes ecológicos y para la situación de violación de
derechos humanos que se producen, sobre todo, en la minería clandestina.
Se podría pensar que la responsabilidad del Estado es absoluta en relación con los
problemas éticos que se desprenden de la explotación minera; sin embargo, la responsabilidad
ética también debe recaer en las comunidades en general y en las afectadas en particular,
esto debido a que las organizaciones comunitarias y de base deberían ejercer presión ante
el Estado y ante las compañías concesionarias para hacer valer sus derechos y reclamar
cuanto les corresponde. Múltiples experiencias suscitadas a todo lo largo del subcontinente
dan fe de esta lucha que tiene una historia larga y dolorosa; en la mayoría de los casos, las
comunidades no han logrado alcanzar los objetivos propuestos, debido a una complicidad
entre los gobiernos de turno y las compañías trasnacionales. Más adelante se citan dos
casos que ejemplican lo dicho.
En América Latina se da una situación especial en relación con los procesos de explotación
minera y de combustibles fósiles; en muchos casos, las minas, las canteras y los yacimientos
están ubicados en territorios pertenecientes, desde tiempos ancestrales, a las comunidades
indígenas o aborígenes. La relación de estos grupos con la naturaleza es muy diferente a
la que existe dentro de la concepción de vida del hombre occidental. Las agresiones a la
naturaleza no pueden ser resarcidas dentro de la cosmovisión indígena, mientras que en
la visión occidental, una multa o penalización es suciente para solventar una agresión
de ese tipo. Por otra parte, el desplazamiento de los indígenas de sus tierras ancestrales
por causa de la explotación minera es otro elemento que debe ser contemplado desde la
ética social y no solamente desde una visión jurídica occidental, donde los derechos de los
pueblos indígenas son frecuentemente violentados por negociaciones fraudulentas entre
los gobiernos y las compañías explotadoras, quienes abusan, en muchos casos, de los
derechos que le dan las concesiones otorgadas por los distintos gobiernos.
Recientemente, en América Latina ha habido un renacer de la consciencia indígena.
Gobiernos como los de Venezuela, Bolivia, Ecuador, entre otros, han exaltado los derechos
de las etnias originarias, tanto en la Constitución de las distintas repúblicas, como en
diferentes leyes y decretos. Se ha logrado hasta postular y elegir diputados en representación
de los grupos indígenas; pero, a pesar de todo ese aparataje jurídico, la realidad es casi
la misma de siempre: las regiones habitadas por comunidades étnicas, siguen siendo las
más deprimidas y las poblaciones de estos grupos continúan siendo las más vulnerables,
marginadas y afectadas por la pobreza.
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3. Minería, ética y salud pública
Otro de los problemas éticos que se desprenden de la relación hombre- explotación
minera tiene que ver con el ámbito sanitario. Más allá de la simple remuneración salarial, el
minero está sujeto a riesgos mayores, su salud peligra y la expectativa de vida desciende
en este tipo de actividad laboral. En cuanto a las comunidades, éstas deben beneciarse,
en alguna medida, de la riqueza extraída del suelo o del subsuelo, ya que ellas ocupan
espacios geográcos contiguos adonde se realiza la actividad extractiva; ellas son las que
sufren de manera más inmediata el impacto de la industria minera y son, en última instancia,
conglomerados humanos que merecen mejorar la calidad de vida de los habitantes, por el
simple hecho de ocupar espacios contiguos a la zona de explotación.
La obra del novelista francés Émile Zola, titulada Germinal, publicada en 1985, es una
novela que trata sobre la vida de los mineros franceses durante el siglo XIX, y particularmente
de la explotación del carbón en ese país europeo. Zola (1985) describe con precisión y
dramatismo la vida de los mineros de aquel entonces; las enfermedades (entre ellas la
silicosis) que iban devastando poco a poco los pulmones de los mineros e invadiendo
paulatinamente la salud de los mismos.
Las descripciones de Zola podrían verse hoy como exageradas, pero cabría preguntarse
¿de qué tan buena salud gozan los mineros de cualquier país latinoamericano?, también
podría extenderse la misma pregunta a los mineros de África y de muchas regiones
subdesarrolladas del Asia. Parece ser que los problemas descritos por Zola no han sido
solventados del todo. En Colombia, por ejemplo, son varios los informes que se han
levantado sobre esta materia, no quedando duda de que la situación de los mineros y de los
habitantes del entorno donde se encuentran las minas no presentan características óptimas
(Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012; Olivero, 2017). Tampoco se podrá
decir lo mismo de la ecología, donde el medio y las poblaciones circunvecinas a las minas
sufren grandes impactos ambientales que hasta ahora no han podido ser solventados.
Por otra parte, diariamente se escucha, se ve y se lee en los medios de comunicación de
masas, accidentes en minas en todas partes del mundo, Turquía, China, Chile, Colombia,
entre otros países, son noticia. Lamentablemente se acuerdan de los mineros, de la minería
y sus riesgos, cuando éstos quedan atrapados a cientos de metros de profundidad, uno o
muchos mineros, seres humanos que han vivido bajo tierra, casi toda su vida. Después de
rescatados del fondo de la tierra, los medios de comunicación nos presentan una serie de
héroes que prácticamente han resucitado; están vivos por una especie de milagro bíblico,
pero se ignoran las causas del accidente. Lo supercial de la noticia se concentra en un
dramatismo vacuo, sin analizar las causas que conllevaron el hecho; sin analizar las posibles
soluciones a este tipo de evento que puede terminar en tragedia. Es importante señalar que
cada accidente que se produce durante la explotación minera, representa un problema ético
e implica un compromiso de reexión sobre el tema.
La salud, tanto de las comunidades como de los trabajadores, es el primer elemento que
señala la relación entre la minería y la ética. En términos generales, la actividad minera,
sea cual sea la explotación por realizar, crea impactos tanto en el medio ambiente como en
la salud de quienes trabajan en ella, y también en el entorno donde se ubican las distintas
minas, canteras y yacimientos que se encuentran en plena producción. No existen sanciones,
multas o penalidades que puedan resarcir los efectos nocivos sobre la salud, tanto de los
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trabajadores como de las poblaciones situadas en torno de las industrias extractivas. Situar
la relación salud y trabajo dentro del plano ético, obliga a replantear un concepto del trabajo y
de la vida humana que va más allá de cualquier forma de lucro, y sitúa la vida humana como
un valor absoluto la cual debe respetarse por encima de cualquier benecio económico.
4. Minería, ética y ambiente
Es conveniente recordar que en la mayoría de los casos, los benecios de la industria
extractiva no se quedan en las comunidades aledañas, ni siquiera en el municipio, ni en
los departamentos, provincias o estados. Por lo general, las regalías se trasladan a las
capitales de los distintos países, donde se encuentra el poder central y el poder político; este
centralismo malsano ha convertido las regiones más ricas de América Latina en simples
pueblos sin calidad de vida y sin los benecios que por justicia le han correspondido por ser
regiones abundantes en minerales o combustibles fósiles.
Ejemplo de lo dicho, se puede observar en las ciudades petroleras del estado Zulia,
en el occidente de Venezuela, y en los pueblos de las regiones orientales de este país.
Cabimas, Lagunillas, Ciudad Ojeda, Bachaquero, Mene-Grande, entre otras, fueron las
zonas petroleras en el occidente del país que proporcionaron el 90% de la riqueza nacional
en un determinado momento; por otra parte, estos pueblos nunca llegaron a tener el rango
de ciudad, ni a gozar de los benecios de una renta petrolera; la calidad de vida en ellos
sigue siendo baja, sin poder contar con servicios públicos de primera calidad ni tampoco con
sistemas de salud ecientes que amparen toda la población.
En Venezuela, se ha tratado de implementar leyes para solventar, en el ámbito de la
justicia económica ,el problema planteado; sin embargo, hasta ahora no ha sido factible, ya
que una ley es derogada por otra, como fue el caso de la Ley de Asignaciones Económicas
Especiales para los estados derivada de Minas e Hidrocarburos de 1996. Esto se debe a
que las regiones productoras de petróleo debían recibir una cantidad extra en regalías por
ser el lugar de origen de la riqueza explotada, sin embargo, la mayor parte de las regalías
obtenidas es recibida por el Gobierno central para mantener, entre otras, una burocracia
estatal creciente e inoperante. Este tipo de medidas no resuelve éticamente el conicto
planteado, son sólo paliativos que disfrazan la realidad de la industria minera.
Desde un punto de vista ecológico, el petróleo crea grandes problemas que hasta ahora
no han podido ser resueltos. Éstos tienen diferentes escalas: locales, regionales, nacionales
e internacionales. En el nivel de lo local y regional se encuentra que el Lago de Maracaibo,
hoy día, siendo el reservorio de agua dulce más grande de toda Suramérica, es hoy uno de
los más contaminados de todo el mundo. Bajo sus aguas se encuentran miles de kilómetros
de tubería roída, oxidada y con fugas múltiples de petróleo, que han hecho prácticamente
desaparecer la vida en el lago. Además, la apertura y mantenimiento del canal de navegación,
que hace posible la entrada y salida de buques tanqueros al Lago de Maracaibo, y que
comunica éste con el mar Caribe, ha creado una cuña salina que ha distorsionado y alterado
la poca vida que quedaba en el estuario.
En el plano internacional, el petróleo es visto como el causante de un problema denominado
calentamiento global, debido a las emisiones de CO2 a la atmósfera, producto de la quema
de combustibles fósiles emitidos por fábricas, vehículos automotores y producción de
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energía convencional. Pero el problema más grande de contaminación producido por el
petróleo está en los plásticos. El mundo moderno está hecho de plástico, desde piezas para
automóviles hasta contenedores de uso doméstico para almacenar comidas, están hechos
de plástico, muchos componentes textiles llevan plástico, cientos de productos de uso diario
son de plástico, bolsas y empaques de supermercados, reservorios para líquidos y miles de
productos que intervienen en el confort diario del ciudadano común, son hechos de plástico.
El problema está en que el plástico es de difícil biodegradación; día tras día a nuestros
ríos, lagos, mares y océanos entran cientos de toneladas de desechos plásticos. El océano
Pacíco presenta una masa de plástico otante que ha sido denominado de diferentes
maneras: Isla de plástico, Isla de basura tóxica, Gran mancha de basura del Pacíco, Gran
zona de basura en el Pacíco, Remolino de basura del Pacíco. Esta forma de contaminación,
que está invadiendo las aguas del planeta Tierra y derruyendo el ecosistema acuático, es
causada por la acción humana, por una producción indiscriminada de plásticos y por un
sistema económico que ataca inclementemente al hombre y su entorno.
Otro de los problemas ecológicos por contemplar es la situación de la explotación del
carbón. Éste merece ser analizado, tanto en Venezuela como en Colombia. No debe olvidarse
que la explotación a cielo abierto es mucho más negativa y agresiva contra la naturaleza,
que aquella que se efectúa en minas subterráneas. La explotación a cielo abierto implica
desforestación de la capa vegetal y de todo aquello que está sobre el área por explotar,
devastando cientos de hectáreas de vegetación, donde se pierde, de manera irrecuperable,
gran cantidad de ora y fauna.
Las minas del Guasare en Venezuela, y en Colombia, en el complejo carbonífero de
El Cerrejón, en la Guajira, son casos dignos de estudio; la relación costo-benecio no se
presenta de modo positivo en el ambiente, como tampoco en relación con las comunidades
circunvecinas, quienes sufren el impacto de la explotación y contaminación producida por
una especie de polvillo que se desprende de la remoción del mineral en las canteras a cielo
abierto. En los dos casos señalados, en las poblaciones indígenas de ambos lados de la
frontera, han sido afectadas por la minería a cielo abierto. La etnia Wayuú, comúnmente
llamada Guajira, ha sufrido los embates de esta explotación, pero no se logran ver benecios
ni mejoras a la calidad de vida de los habitantes y dueños de esas tierras ancestrales. Tanto
la Guajira venezolana como la colombiana son las regiones más paupérrimas en ambos
países.
5. De una Cajamarca a otra: Perú y Colombia
En América del Sur, en los últimos años, han estallado varios conictos entre comunidades
locales muy pobres y proyectos mineros bastantes rentables, esto lo arma el ecologista
uruguayo Aramis Latchinian, quien en su obra El ambientalista crítico, publicada en el 2016,
desarrolla ampliamente el problema entre las explotaciones mineras y los conictos con las
comunidades locales. Latchinian (2016) describe con precisión la situación suscitada en la
mina Conga, en Cajamarca, en el norte de Perú. Se trata de una cuantiosa inversión privada
que asciende a 4.000 millones de dólares, por una experiencia anterior suscitada por la
misma empresa estadounidense Newmont, en la mina Yanacocha, vecina de la mina Conga
20 años atrás y cuyos benecios a la comunidad fueron casi nulos, pero en lo que respecta
a los daños ambientales, fueron cuantiosos para la comunidad en cuestión. La minería del
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oro ha traído en las regiones de los Andes una depredación que se ha manifestado en la
destrucción y contaminación de ríos en zonas fértiles, producto de acciones irresponsables
y fraudulentas de las grandes empresas mineras. Cabe señalar, que Perú es el primer
productor de oro de América Latina y el quinto del mundo.
Las comunidades de Cajamarca dependen del ciclo hidrológico en esa microcuenca, que
se soporta en un delicado equilibrio compuesto por varios lagos; la niebla captada por la
vegetación, las escasas precipitaciones y la elevada evaporación han dado como origen una
escasa retención de agua que se solventa a través de los acuíferos subterráneos que aoran
en forma de manantiales durante los períodos de escasez de las lluvias. “Este mecanismo
perfecto de la naturaleza es el que abastece de agua a cientos de familias locales; basta con
modicar la cobertura vegetal y todo el sistema hidrológico de la región se desequilibraría y
se modicaría todo el ciclo ecológico y, por lo tanto, el ecosistema” (Lachinian, 2016, p. 36).
La población de Cajamarca, Perú, ya ha sufrido las mentiras y el saqueo que ha sido
respaldado por falsos estudios de impacto ambiental, realizados por la empresa en cuestión
y aprobados por el Ministerio de Energía y Minas de Perú, promotor del proyecto. El reclamo
de la mayoría de la población local se ha exacerbado y ha dejado como consecuencia
varios muertos que testican la beligerancia con que las comunidades se oponen a este
tipo de proyecto minero que, avalado por gobiernos corruptos, ha ido en detrimento de las
comunidades.
La prensa nacional y local de Perú ha reejado ampliamente el conicto entre los habitantes
de Cajamarca y el Gobierno Nacional. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la
minería representa 39,8% del producto interno bruto regional y emplea 0,5% de la población
(Cajamarca conicto); tal cantidad de dinero no puede ser rechazado por ningún gobierno,
especialmente los de América Latina y los países del mal llamado “Tercer mundo”. Las
comunidades locales son siempre las sacricadas en función de un mal entendido concepto
de “bien nacional” (Calisto, 2012).
El caso de Cajamarca, en Perú, se reproduce en Cajamarca, en Colombia. Donde
recientemente la prensa colombiana reseña el caso de la comunidad de Cajamarca,
Departamento de Tolima que, en una especie de plebiscito, rechazó la explotación a cielo
abierto del oro. La mayoría, si no la totalidad de la población consultada, negó los aparentes
benecios económicos y sociales frente a una industria altamente contaminante que,
a la larga, causaría perjuicios al medio. Días después, la prensa señalaba que las leyes
nacionales se impondrían frente a la voluntad popular y las aspiraciones de la comunidad
quedarían eliminadas ante las negociaciones entre las empresas trasnacionales del oro y el
gobierno colombiano. Nuevamente se percibe, en este caso, como en otros, que la opinión
y las aspiraciones de la comunidad quedan desplazadas y anuladas frente a los intereses
del gobierno central y de las empresas mineras transnacionales.
El 26 de marzo de 2017, en Cajamarca, Colombia, 6.241 personas votaron para decidir
si aceptaban o no el desarrollo de un proyecto minero en su municipio (Abramovich, 2017).
Sólo 76 dijeron que sí; en cambio, el 97,92% dijo que no. Así se prohibió que la minera
global, de origen surafricano, AngloGold Ashanti (AGA), lleve adelante su proyecto de
extracción de oro a cielo abierto llamado La Colosa. Posteriormente, el gobierno manifestó
su preocupación y rechazo a los resultados de la consulta popular. El ministro de Minas
y Energía, Germán Arce, dejó entrever que, pese a la voluntad popular, la multinacional
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AngloGold Ashanti aún puede surtir el procedimiento administrativo para hacerse con la
licencia de explotación de oro, argumentando que el benecio que traería esta explotación
minera favorecería la nación colombiana, por lo tanto, el bien común se sobrepone al de
una comunidad particular (Alvarado, 2017).
De esta manera queda claro que los intereses de la comunidad desaparecen frente a
los intereses gubernamentales, que no son los mismos que los intereses de la nación.
El desastre ecológico que se suscitaría en Cajamarca, Colombia, no sólo es un daño al
sistema ecológico de la región de Tolima, sino también de toda Colombia, de América y
del mundo. Los gobiernos olvidan que la contaminación no tiene fronteras. Son cientos de
casos los que presenta Lachinian (2016) en su obra, entre ellos, los del Chocó en Colombia,
protagonizado por la empresa Barrick Gold, donde esta empresa se ha enfrentado a las
comunidades y es la principal exportadora de platino en el mundo, su acción se ha visto en
países como Argentina, Chile y en la mayoría de los países andinos. A sangre y fuego, los
gobiernos latinoamericanos someten a las comunidades, desconociendo sus derechos de
existir y de recibir benecios de la explotación que se realiza en el suelo y en el subsuelo.
6. Abundancia y prosperidad
El término abundancia se reere a cantidad, sin dar cuenta de la calidad del elemento
abundante; se podría hablar de abundancia de recursos económicos, de recursos mineros, de
recursos scales y de cualquier otro elemento, cuya cantidad esté en demasía, sin contemplar
la calidad del recurso, ni las características especícas de éste. Generalmente, se habla en
América Latina de un país rico cuando abundan los recursos naturales renovables en su
territorio, pero esta manera de contemplar la realidad no es objetiva, ya que la verdadera
riqueza de un país está en su gente, en la educación que se ha desarrollado a través del
tiempo, en la profesionalización de los recursos humanos, en los hábitos de trabajo, en la
mística ante las obligaciones, en la disciplina y en todo aquello que permite hablar de un
buen ciudadano, de un habitante educado. Todos estos calicativos son lo que conforman el
capital humano y el capital social de un país.
La historia de la civilización ha demostrado que el progreso de los países se ha logrado
a través del trabajo sistemático y de conductas éticas donde prevalece el bien común sobre
los intereses particulares. Esto indica que los países verdaderamente ricos son aquéllos que
han cultivado los valores éticos y estéticos, manteniendo una visión mística del trabajo; estos
elementos armonizados de manera correcta han producido lo que hoy se denomina desarrollo,
el cual puede ser concebido como mejoras en la calidad de vida para los habitantes de un
país, calidad del ambiente a todo lo largo y ancho de un determinado territorio, seguridad
social, seguridad personal, educación de calidad y, sobre todo, desarrollo de una amplia
consciencia ciudadana. Lo más importante al lograr estas mejoras es poder mantenerlas en
el tiempo.
El proceso de industrialización de los países occidentales, fue un proceso traumático,
países como los Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia,
Japón, entre otros, lograron industrializarse a fuerza de trabajo, no fue un proceso gratuito
ni fortuito, propiciado por riquezas mineras o abundantes recursos petroleros, fue el trabajo,
el desarrollo de la ciencia, la tecnología y las artes, como también una férrea disciplina scal
y un impecable manejo de la nanzas públicas. Todo esto ha conformado una ética del
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trabajo y una estética de la vida. Aunque no es aceptada como verdad absoluta la tesis de
Max Weber en su obra, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, se puede compartir
la visión de este sociólogo alemán en relación al principio, según el cual, la visión que tenga
un grupo humano del trabajo, de la responsabilidad y la honestidad conforman una ética,
aunque se diere de este autor en el hecho de que no es la religión la que determina el
progreso, sino que éste elemento junto a otros, de distintas índoles, son los que condicionan
los procesos de desarrollo (Weber, 2008).
La prosperidad, es una condición que se logra a través del trabajo sostenido, de la disciplina
y la honestidad, en todo caso, se podría hablar de prosperidad transitoria o temporal. El
pasaje bíblico de la siete vacas acas y las siete vacas gordas, en el sueño de José, señala
el sentido de una prosperidad transitoria, pero, por encima de cualquier elemento temporal
se puede armar, sin temor a dudas, que la prosperidad es una condición producto del
trabajo y de una ética colectiva ante la vida. La verdadera prosperidad está asociada al
desarrollo.
Sin embargo, no se debe idealizar el desarrollo. Los países altamente desarrollados
también tienen cientos y miles de problemas. Un país desarrollado, no es sinónimo de
país feliz, país desarrollado es sinónimo de orden y progreso, según la consigna de los
pensadores positivistas decimonónicos. Todos los países que conforman el planeta,
confrontan problemas, vicisitudes, calamidades, pero la racionalidad lograda a través del
estudio y la disciplina sistemática permiten, de una u otra manera, solventar de forma rápida,
ecaz y eciente cualquier crisis.
Por el contrario, los países subdesarrollados, o mal llamados países en vías de desarrollo,
no han logrado alcanzar altos niveles en la calidad de vida de sus habitantes, tampoco
han logrado una calidad en el ambiente, menos aún una seguridad social efectiva, ni una
seguridad personal satisfactoria, menos aún una educación de calidad acorde con los
tiempos actuales y futuros. Predomina la improvisación, la falta de planicación, la falta de
consecución en las políticas públicas, esto debido a que el gobierno de turno, descalica
y elimina todo cuanto hizo el gobierno predecesor. El provenir no preocupa tanto en los
países subdesarrollados, ya que la concepción del tiempo diere en importancia, el dicho
popular de “el tiempo es oro” no es norma que rija las conductas de los habitantes de los
países subdesarrollados.
Los países en vías de desarrollo, pueden ser clasicados de dos tipos: el primero, países
subdesarrollados pobres, carentes de minerales o hidrocarburos, es decir de riquezas
estratégicas. El segundo, países subdesarrollados ricos, son aquellos que poseen minerales
y/o hidrocarburos, es decir riquezas estratégicas. La diferencia entre uno y otro, no es la
pobreza, sino el crecimiento, es decir el producto interno bruto (PIB), en unos es alto y
en otros es bajo, pero la visión del mundo, de la vida y del progreso es la misma. Con
rara excepciones. Generalmente, se tiende a confundir, desarrollo con crecimiento, pero en
términos reales, el desarrollo es un proceso complejo de tiempo y maduración, mientras que
el crecimiento es un elemento coyuntural que uctúa según las condiciones intrínsecas o
extrínsecas que afectan a los países.
Como se ha recalcado en otras investigaciones, se rechaza de manera absoluta cualquier
teoría determinista que sirva para explicar el desarrollo y el progreso de los pueblos (Tinoco,
2017). No aceptamos el determinismo geográco, ni el determinismo racial, menos aún el
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determinismo cultural y el determinismo histórico. Creemos que el progreso y el desarrollo
se obtienen a través del trabajo, de la disciplina y de la honestidad, en síntesis de una ética
y una estética ante la vida.
Conclusiones
En América Latina imperaba el mito donde se relacionaba riqueza y prosperidad con
explotación minera, generalmente se pensaba que la industria minera era sinónimo de
abundancia y riqueza. El Siglo XXI, cambió esta perspectiva, al relacionar la minería y la
explotación de hidrocarburos con toda la inestabilidad que rige los mercados que están
vinculados a las industrias extractivas. El petróleo con un mercado sumamente sensible,
cambiante y volátil fue el primero en mostrar que las crisis energéticas hacen vulnerables a
los países monoproductores de energías fósiles.
A partir de las tres últimas décadas del siglo XX, en América Latina se ha desarrollado
un movimiento ecologista que ha cuestionado profundamente las explotaciones mineras
y de hidrocarburos, como alternativas para el logro de un desarrollo sustentable. La
polémica suscitada entre industria extractiva e industria manufacturera sigue vigente en el
subcontinente. ¿Cuál de las dos, es la vía correcta para el logro de un desarrollo sustentable?
¿Cuál de las dos es menos dañina al medio ambiente? Éstas y otras son interrogantes
que surgen dentro del pensamiento latinoamericano que trata de encontrar caminos para
superar el subdesarrollo.
La relación entre el Estado, los trabajadores, las comunidades circunvecinas y su
entorno, la ecología y las empresas concesionarias o explotadoras de recursos mineros e
hidrocarburos, han creado un problema ético, que va más allá del simple problema jurídico.
¿Cómo resarcir los daños al medio ambiente, cuando éstos no pueden ser solventados
simplemente con una multa o penalización? ¿Qué problema ético trae el riesgo de la salud
y de la vida para los mineros y comunidades circunvecinas? ¿Cómo deben vincularse las
empresas concesionarias con los trabajadores y las comunidades? ¿Será suciente el reducir
a un simple problema jurídico las distintas relaciones que se establecen entre los diferentes
actores que intervienen en los procesos extractivos de minerales e hidrocarburos? Éstas y
otras interrogantes abren paso a una ética de la minería, donde los problemas suscitados
no se reduzcan a un puro aspecto legal. Garay (2014), ha sido enfático al demostrar que
muchos de los daños que se infringen a las personas y al entorno o medio, no han sido
tipicados como delitos, quedando impunes e insolventes desde un punto de vista de la
justicia.
Son muy pocos los países que han sacricado la explotación minera en busca de una
solvencia ecológica y sacricando crecimiento económico, tal es el caso del gobierno de los
Estados Unidos de Norte América durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017),
quien prohibió el uso del carbón como combustible para generar electricidad, al mismo
tiempo que rmó el Protocolo de París en diciembre del 2016, donde se comprometían todos
los países del planeta a reducir las emisiones de CO2 (dióxido de carbono), fuente primaria
del calentamiento global. Su sucesor, el presidente Donald Trump, en cuanto llegó a la Casa
Blanca, en enero del 2017 arremetió contra estas medidas ecológicas por considerar que
ellas producen un desequilibrio negativo a la economía más poderosa del mundo. Asimismo,
la mayoría de los congresistas del Partido Republicano desconocen la validez cientíca que
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Antonio Enrique Tinoco Guerra y Caribay Delgado Medina
avala el problema del calentamiento global y todos los daños ecológicos, que conlleva esta
realidad que afecta a todo el planeta.
Los países que aceptan sin cuestionamiento los efectos negativos de la explotación
minera y de hidrocarburos, sobre el ambiente, argumentan que la minería es un camino
válido para el desarrollo sustentable, la generación de empleos y de recursos económicos
que aumentan el producto Interno bruto, es argumento suciente para decretar la entrega
de concesiones a cuanta empresa trasnacional ofrezca un jugoso negocio a los gobiernos
de turno. Tal situación se ha presentado en distintas partes de América Latina, donde la
comunidades organizadas han rechazado a través de plebiscitos la presencia y explotación
de compañías trasnacionales ofreciendo condiciones de mejoras en la calidad de vida para
los habitantes de las localidades donde funcionarían las empresas extractivas, aunque el
medio ecológico sufra grandes daños, produciendo en corto tiempo envenenamientos de
tierras y aguas esenciales para la vida.
Comunidades como Cajamarca en Perú y Cajamarca en Colombia, han vivido las
experiencias descritas anteriormente, donde la voz del ciudadano y de la comunidades,
han sufrido los embates de una concepción errada de lo que es el bien común, argumento
esgrimido generalmente por los gobiernos nacionales, regionales y locales, al ser la justicia
atropellada por el derecho. Un problema ético más que vincula la explotación minera a la
justicia.
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Esta revista fue editada en formato digital y publicada
en diciembre de 2019, por el Fondo Editorial Serbiluz,
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
Vol.31 Nº56
56
CUADERNOS LATINOAMERICANOS
Vol. 31 , Julio-Diciembre 2019
ISSN: 1315-4176
Dep. Legal digital : ppi:201502ZU4638
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EDITORIAL
Elita Luisa Rincón Castillo
Trayectoria de Cuadernos Latinoamericanos: más de 30 años de producción
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Antonio Enrique Tinoco Guerra y Caribay Delgado Medina
Minería, ética y progreso social
Elita Luisa Rincón Castillo, Carlos Alberto Añez González y
Emilio Enrique Urdaneta Boscán
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cambios políticos en Sudamérica y el Caribe (2000-2019)
ENSAYO
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La civilización Caral y sus implicaciones. Una nueva historia de América y del
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